El derrumbe de la economía real pega en la recaudación nacional y daña a las provincias. La situación fiscal santafesina y la mirada escéptica del gobernador.
Santa Fe perdió $83.000 millones de coparticipación en el bimestre y Pullaro no ve señales de reactivación
Santa Fe siente con intensidad el impacto fiscal de la caída de la actividad económica real, que se visibiliza a diario con noticias sobre despidos, suspensiones y cierres de empresas. El gobernador Maximiliano Pullaro cree que la delicada situación no mejorará en breve, sino más bien lo contrario.
Más allá de las declaraciones públicas, en la Casa Gris tienen una caracterización crítica del modelo de Javier Milei. Entienden que la apuesta libertaria está dirigida a una reactivación por la vía de reducir costos que atraigan inversiones del segmento exportador y se multipliquen los servicios al sector. El problema que observan en el gobierno de Pullaro es que ese atractivo consiste en bajos salarios y apertura desenfrenada de las importaciones, lo cual deriva en la práctica en un derrumbe de la economía real y, finalmente, en caída de la recaudación fiscal.
En efecto, según un informe del mes pasado del Observatorio de Importaciones de Apyme, “a septiembre de 2025, se registran 2.341 empresas menos en la provincia de Santa Fe en comparación con noviembre de 2023, de las cuales 292 corresponden a empresas manufactureras” y “de las doce cadenas seleccionadas, nueve presentan pérdida de empleo, destacándose Línea blanca (-1.029 puestos), Maquinaria agrícola (-964) y Automotriz (-830), concentrando una parte sustancial de la caída del empleo industrial" en la Bota.
Por eso mismo, en los despachos oficiales miran con escepticismo los reiterados anuncios de que la economía subirá "como pedo de buzo", en palabras del Presidente. Si en el corazón del modelo están los sueldos minúsculos y el frenesí importador con dólar barato que destruye industria local, entonces la crisis en los parámetros tradicionales llegó para quedarse. Mucho más aún en el corto plazo.
El diputado nacional peronista de Entre Ríos y exdirector de la Aduana, Guillermo Michel, publicó un cálculo en el que, centralmente por caída de actividad económica, efecto en el IVA y consecuente impacto en la coparticipación, las provincias habían tenido una pérdida real de 1 billón de pesos en el primer bimestre de este año. Le valió una desmentida de la ya célebre Oficina de Respuesta Oficial del gobierno libertario, pero los datos en sí no fueron objetados.
De acuerdo a los números de Michel, que se asemejan a los que maneja la Casa Gris, Santa Fe sufrió una sangría de 82.957 millones en ese período, siempre en términos reales. Un número significativo, si se tiene en cuenta que en 2025 las cuentas fiscales de la provincia cerraron en un empate ajustadísimo. Ese deterioro equivale, pesos más, pesos menos, a un mes del aumento salarial recién otorgado.
Conviene repasar algunos números oficiales. En todo el año pasado, el Estado santafesino recibió en concepto de coparticipación de IVA $2.792.135,29 millones, mientras que recaudó por Ingresos Brutos $ 2.465.332,87 millones. ¿Por qué son importantes estos dos tributos? Porque son los que mayores recursos generan y son los que están vinculados directamente con la actividad económica.
Para tener una mejor dimensión: el mayor gasto de la provincia es en remuneraciones, un rubro que incluye salarios, aguinaldos y los ingresos que por todo concepto reciben los trabajadores públicos, que en un 80% revistan en escuelas, comisarías y hospitales. Las erogaciones en ese ítem alcanzaron los 4.547.608,95 millones de pesos. Dicho de otro modo: con IVA e Ingresos Brutos se pagan todos los sueldos del Estado. Si cae la recaudación de esos tributos, naturalmente se encienden las alarmas.
Las buenas perspectivas de la cosecha 2026 tienen un impacto fiscal relativo. Si bien la expansión derrama sobre actividades conexas, lo cierto es que la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos en Santa Fe y las retenciones a las exportaciones no se coparticipan, a diferencia del período 2009-2018 cuando estaba vigente el Fondo Federal Solidario o más comúnmente llamado Fondo Sojero.
En este contexto, cobran mayor valor los 800 millones de dólares de la colocación de deuda en Wall Street para financiar obra pública. No sólo porque eventualmente permite reasignar partidas originalmente previstas para solventar tareas de construcción, refacción y mantenimiento, sino porque la propia inversión tiene un efecto dinamizador de la actividad privada.
Según consignó Infobae, gobernadores cercanos a la Casa Rosada coquetean con una baja tributaria coordinada con la Nación para promover la reactivación económica que se hace desear. Allí mismo se plantea una negativa a esa idea por parte del gobierno mileísta por considerar que esa oportunidad se perdió al quitar la reducción del impuesto a las Ganancias de las empresas que estaba en el proyecto original de reforma laboral.
En la administración pullarista desechan esta posibilidad, al menos por el momento. “Hasta que no haya indicios de alguna reactivación, no hay incentivos para que nadie comprometa. Ni el Gobierno va a ceder un peso más a las provincias, ni las provincias pueden darse el lujo de condicionarse con sus propios recursos”, explicó a Letra P una fuente oficial.
En lo que sí avanzó el gobierno de Unidos es en su propia promoción tributaria, consistente en un alivio de la presión fiscal a cambio de generación de empleo. Al respecto, el ministro de Economía, Pablo Olivares, y sus colegas de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Trabajo, Roald Báscolo, anunciaron esta semana que en un mes se crearon 649 nuevos empleos en 366 empresas gracias a la baja de impuestos.