Confía en que el endeudamiento blindó el caballito de batalla de Unidos. Aire para expandir la política salarial y reactivar puentes con el empleo público.
Maximiliano Pullaro pretende blindar la obra pública en Santa Fe de cara a 2027.
La conquista de 800 millones de dólares en Wall Street fue celebrada por el gobierno de Santa Fe no sólo porque supone una inyección notable de fondos para ejecutar obra pública, sino porque en la cabeza de Maximiliano Pullaro, su gabinete y la dirigencia de Unidos en general madura un plan político para los sensibilísimos últimos dos años de mandato.
En la Casa Gris calculan que la reciente salida a los mercados blindó la política de obra pública hasta 2027 incluido, independientemente del contexto político y económico nacional e internacional. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, celebró Pullaro en declaraciones periodísticas. “Puede haber otro acueducto”, deslizó una fuente gubernamental a Letra P.
El Presupuesto 2026 de Santa Fe, convertido en ley por el Senado, ayuda a dimensionar la magnitud de los fondos en cuestión. Allí se prevé un gasto de capital (obras y maquinarias) para todo el año que viene de $1.912.344,3 millones, más del 13% de las erogaciones totales. Al tipo de cambio de hoy, los 800 millones de dólares obtenidos en Wall Street implican $1.161.600 millones. En criollo: un montón de plata.
A los recursos conseguidos en los mercados financieros deben sumarse los múltiples créditos de organismos internacionales, en particular de los países árabes. La gigantesca obra del acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba, financiada por el Fondo Kuwaití para el Desarrollo, es un ejemplo bien gráfico.
Ese ingreso de dinero externo baja la tensión sobre los recursos propios, amplía el margen de acción presupuestaria y, eventualmente, libera fondos para otros destinos de la gestión, como puede ser la siempre conflictiva política salarial.
Luego del año electoral, y con los resultados a la vista, hay voces crecientes en el oficialismo que plantean la necesidad de “abrir la mano” con el personal de la provincia. Parte del siguiente cálculo: ese segmento votó masivamente a Pullaro en 2023 y ahora está desencantado por las paritarias ajustadas, la reforma previsional y, en el caso puntual de la docencia, el denominado Premio a la Asistencia Perfecta, que los sindicatos del sector caracterizan lisa y llanamente como presentismo. Los descuentos a rajatabla por días de paro también suman al descontento. El último hito del divorcio lo marcó la decisión oficial de pagar el aguinaldo el 23 de diciembre, al filo de la Navidad.
¿De cuánta gente se está hablando? Según el Presupuesto 2026, la administración provincial en su conjunto tiene 148.921 cargos, de los cuales 58.347 son de Educación, 33.206 de Seguridad y 30.960, de Salud. Dicho de otro modo: entre docentes, asistentes escolares, policías, penitenciarios, médicos, enfermeros, profesionales de la salud en general y otros hay 122.513 trabajadores, que conforman más del 80% del personal estatal santafesino en general.
Hay más. De acuerdo a los números oficiales a noviembre de 2025, la caja previsional de la provincia tiene 105.618 beneficiarios. De ellos, 42.294 corresponden al sector docente, el más irritado.
En síntesis, hay más de 250 mil santafesinos y santafesinas que conforman el universo estatal que depende de las paritarias provinciales. Desde ya que no es un bloque homogéneo ni mucho menos, pero sí se puede decir que aportó de manera considerable al más de millón de votos que obtuvo Pullaro en 2023.
No es sencillo cuantificar el tamaño de la pérdida de caudal electoral, pero se pueden usar como referencias posibles los resultados en las urnas de 2025, si bien está claro que se trató de competencias muy distintas. En números redondos: el gobernador no llegó a 500 mil votos en los comicios de convencionales constituyentes y su vice, Gisela Scaglia, superó por poco los 300 mil en la elección nacional. No es alocado suponer que en ese adelgazamiento juegan los empleados públicos.
¿Adónde fueron a parar esos votos? El ausentismo tuvo un rol estelar este año, pero si se observa el desempeño electoral de Provincias Unidas y La Libertad Avanza en la elección de diputados nacionales, sumados llegan casi al millón de votos. Es decir, la cifra que conquistó Pullaro hace dos años. Hubo un movimiento dentro del electorado compartido.
En este contexto, el interrogante es si la gestión de Unidos aprovechará la inyección de los 800 millones de dólares destinados a obra pública para adoptar una política más expansiva en materia salarial e intentar una reconciliación con una parte de su base electoral. En la Casa Gris apuestan un pleno a que sí, pero la última decisión es, por supuesto, de Pullaro. Las paritarias que se negociarán en febrero darán una respuesta.
La impronta del gobernador santafesino, desde el inicio de su mandato, fue el control pleno de los resortes de la gestión en todos los órdenes, entre ellos el presupuestario. Para ello asumió los costos de las medidas menos simpáticas, como la ya mencionada reforma jubilatoria.
El criterio, transversal en Santa Fe, es que la holgura fiscal otorga autonomía política, centralmente en la relación con la administración nacional. El endeudamiento por 800 millones de dólares en Wall Street se inscribe también en esa línea. La ley tributaria provincial, aprobada el jueves pasado, otro tanto.
Hay un caso en la Argentina, con bastante mala prensa, que certifica esa hipótesis: Formosa. Los 22 años ininterrumpidos de superávit fiscal en esa provincia explican, en buena medida, la coraza que protege al eterno Gildo Insfrán.