“Ahora le agarró el apuro” era el comentario que este martes circulaba en distintas oficinas de la Fiscalía Regional Rosario, después de que el senador provincial Armando Traferri (PJ) le pidiera al Ministerio Público de la Acusación que “una vez que termine la feria judicial se efectivice rápidamente la convocatoria a audiencia imputativa” para “poder ejercer su defensa y demostrar la inocencia en la justicia”.
Además, el escrito que lleva la firma de los abogados Oscar Romera y Juan Murray requiere que “por la notoriedad pública del caso, se garantice la presencia de la prensa en el acto”.
En ámbitos judiciales y políticos el escrito se interpretó como una puesta en escena del senador, ya que desde diciembre de 2020 se amparó en sus fueros para evitar que lo imputasen en el marco de las investigaciones que desbarataron la mayor red de juego clandestino de la provincia.
“Sabe que la fiscalía lo va a imputar, entonces quiere quedar él como que pide que apuren el trámite para demostrar que es inocente. Es parte de la estrategia de la defensa”, opinó una fuente legislativa.
En diciembre de 2020 una mayoría de senadores peronistas y radicales rechazó el pedido de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para quitarle la inmunidad, que en la Constitución de Santa Fe es tan amplia que abarca incluso la posibilidad de investigar a un legislador.
Tras ese traspié, los fiscales pidieron la inconstitucionalidad a través de un recurso que, tras escalar con fallos en contra y favor, está a decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En octubre pasado Traferri cambió de estrategia. Pidió a sus pares del Senado que “lo autorizaran a presentarse a la Justicia”. En paralelo, sus abogados recusaron a los fiscales que llevaron adelante la investigación.
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Edery ya había sido corrido de esa y otras investigaciones por otras razones, pero Schiappa Pietra fue confirmado por María Eugenia Irribarren. Ir en sentido contrario se hubiera interpretado como una desautorización al trabajo de la fiscalía y una señal contraria para investigar casos que, como este, tocan fibras de la corrupción política, judicial y policial. En su resolución sumó a los fiscales Jorge Baclini y José Luis Caterina.
La defensa de Traferri fue en apelación a la fiscal general María Cecilia Vranicich en contra de Schiappa Pietra y Baclini. Según pudo saber Letra P, esta semana la fiscal general resolverá.
Desaforado a medias
La autorización del Senado para que Traferri se presente en la Justicia es acotada. Sólo alcanza un CUIJ (Clave Única de Identificación Judicial) determinado, aunque la fiscalía asegura tener evidencias suficientes como para imputarlo en distintos casos.
“Es una suerte de trampa. Habría que ver esa situación, porque los fueros los tenés o no los tenés. ¿Cómo es eso de que te desafueran un poquito?”, ironizó una fuente judicial al tanto del proceso.
En su momento, el defensor Oscar Romera le dio una interpretación diferente a Letra P. Desde el punto de vista del senador, el Senado levantó los fueros sólo para ese CUIJ porque es el que en su momento pidieron los fiscales. “Después no hicieron otra presentación, supongo que si la hicieran, o Traferri la pidiera, entonces la Cámara deberá tratarlo”, había dicho.
Más vale tarde
El caso por el que Traferri ahora pide que lo citen a audiencia imputativa refiere a una asociación ilícita que manejaba el juego clandestino en la provincia y que provocó un terremoto político y judicial.
Tres años después de abierto ya están condenados en juicios abreviados el capitalista del juego Leonardo Peiti, el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, quien además fue destituido, y funcionarios policiales. Próximamente irá a juicio el exfiscal regional Patricio Serjal.
La fiscalía pretende imputar a Traferri en otros CUIJ además de ese. Por ejemplo, dice tener evidencias suficientes en un caso donde las figuras penales posibles a imputar son tráfico de influencias o negociaciones incompatibles. La fiscalía dice tener pruebas del armado entre Traferri, su asesor y exdiputado Darío Scataglini y Peiti para darle la administración legal del juego online a Peiti.
El caso conecta con la denuncia penal que el bloque de la UCR le hizo en su momento al exgobernador Omar Perotti, quien por decreto y adjudicación directa le entregó el negocio a las compañías que administran los tres casinos físicos de la provincia. En su declaración como colaborador, Peiti contó que el negocio le reportaría 1.100 millones de pesos mensuales a repartir un tercio “para la política”, un tercio para él y otro tercio para la Lotería de Santa Fe.
Otro CUIJ donde está mencionado Traferri es el que investiga los subsidios de senadores radicales y peronistas. Había sido archivado y se reabrió a pedido de distintos fiscales después de que se sumaran elementos aportados por el exconcejal de Rosario Jorge Boasso.
Fuentes de la fiscalía sostienen que existen otras investigaciones en curso en las que Traferri está comprometido, pero prefieren mantenerlas en reserva.
El senador por San Lorenzo siempre sostuvo que se trataba de una persecución judicial y política en su contra de parte del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, y si bien no lo mencionaba con nombre y apellido, de Perotti. En la bolsa mete también a los fiscales que investigaron la red de juego clandestino, cuya existencia no sólo fue probada, sino que ya tiene condenados confesos que aportaron información que involucra al senador.
Traferri acaba de ser reelecto por un quinto periodo. Si bien ya no es el hombre fuerte del Senado y la política provincial que fue hasta el 10 de diciembre, tampoco es un caso más en la Justicia provincial.