La protesta continúa en cuatro ciudades con bajo impacto, por la detención de su principal referente. Reclamos y posibilidades de acuerdo.
El acampe de familiares de policías en la capital de Río Negro.
A un mes de iniciada, la protesta policial de Río Negro atraviesa una fase de desgaste. El gobierno de Alberto Weretilneck evitó negociar con los sectores movilizados y confía en que el conflicto no escalará, aunque analiza la propuesta de legisladores del bloque CC ARI - Cambiemos para abrir un canal de diálogo institucional que podría desactivar los acampes.
La movilización que surgió en sintonía con el alzamiento policial en Santa Fe y en el marco de las paritarias con los gremios públicos se sostiene en Viedma, General Roca, Choele Choel y Sierra Grande, con acampes encabezados por familiares y efectivos retirados.
Sin embargo, el movimiento encabezado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario (CBPP) perdió impulso tras la detención de su referente, el exuniformado Rubén Ángel Muñoz.
En el gobierno provincial aseguran que la situación se mantiene bajo control. “Está todo calmo”, resumió ante Letra P un colaborador del ministro de Seguridad, Daniel Jara, confiado en que el reclamo por mejoras salariales no escalará.
Más allá de la visibilidad alcanzada en algunos puntos del territorio, en la lectura oficial el conflicto no alcanzó niveles de gravedad ni afectó el funcionamiento de la fuerza, gracias a los aumentos otorgados en tramos durante los últimos meses.
En ese marco, en la cartera de Seguridad ven con buenos ojos la iniciativa del legislador Javier Acevedo, presidente del bloque CC ARI - Cambiemos, quien propuso abrir una mesa de diálogo para analizar la situación.
A través de una carta formal, el diputado solicitó una audiencia con Jara para abordar "la situación de la fuerza policial" en el marco de una mesa de diálogo creada por resolución, en 2019, en la órbita del ministerio. La intención de los legisladores es actuar como interlocutores entre el Ejecutivo y los sectores que impulsan el reclamo.
La detención de Rubén Ángel Muñoz marcó un punto de inflexión. El dirigente del CBPP, que tenía una condena de prisión condicional por amenazas contra el ministro Jara, fue arrestado por presuntamente violar una restricción de acercamiento al funcionario.
Desde su espacio calificaron la detención como arbitraria y lo definieron como un “preso político”. Sin embargo, su ausencia impactó en la capacidad de organización del reclamo. El Consejo, que se paró como representante de la fuerza aunque sin respaldo mayoritario de los efectivos, mantuvo los acampes pero perdió volumen y capacidad de presión.
En paralelo otros sectores, como el Centro Provincial de Retirados que encabeza Omar Sosa, mantienen el reclamo salarial con una estrategia enfocada en el diálogo institucional.
Las protestas llevan 25 días y se expresan a través de acampes de familiares y efectivos policiales en Viedma, General Roca, Sierra Grande y Choele Choel. Sin Muñoz en la conducción, los manifestantes evalúan la posibilidad de extender el acampe a Los Menucos.
Uno de los focos principales se mantiene frente a la Casa de Gobierno, en la capital provincial, donde la efectiva retirada Silvia Fuentes permanece en huelga de hambre desde hace días. La medida extrema busca forzar una instancia de diálogo con el gobierno, que no está dispuesto a negociar bajo presión.
En los últimos meses el gobierno otorgó un 6% de aumento escalonado en tramos. Pero el sector considera que esos incrementos quedaron lejos de la recomposición pretendida: el objetivo es llevar el salario de un agente a $1,8 millones. De acuerdo con un petitorio presentado ante la administración de Weretilneck, la pérdida acumulada del poder adquisitivo ronda el 85%.
Además, los referentes cuestionan la forma en que se aplican los incrementos en la estructura salarial de la Policía. Los referentes del reclamo piden la actualización del "punto policial", una variable fijada por el Ejecutivo a partir de la que se calculan los sueldos de cada jerarquía.
Según denuncian, en lugar de modificar ese valor el gobierno incorporó durante los últimos años distintos ítems por fuera del esquema legal, lo que generó distorsiones en la escala jerárquica y afectó principalmente a las categorías más bajas.
El escenario en Río Negro tiene puntos de contacto con otras provincias, incluso en la Patagonia. En Santa Cruz, donde el gobernador Claudio Vidal dispuso la paritaria estatal cero, policías y penitenciarios autoconvocados se movilizaron en Río Gallegos y tensaron la relación con el gobierno. Como en Río Negro, las protestas no escalaron.
Distinto fue el caso en Santa Fe, en febrero, donde un motín policial sacudió al gobierno de Maximiliano Pullaro y lo forzó a anunciar que ningún efectivo de las fuerzas de seguridad cobraría menos de 1,3 millones de pesos.
En Jujuy, la crisis policial de la semana pasada se llevó puesto al secretario de seguridad, Juan Manuel Pulleiro. Su reemplazo, Carlos Ariel Gil Urquiola, confirmó una mesa de dialogo en medio de protestas de familiares y personal retirado que llevan varios días con la exigencia de una actualización salarial urgente.
A diferencia de esos casos, en Río Negro el gobierno evitó abrir una negociación directa y apostó a que el desgaste diluyera la protesta.
Con los acampes todavía activos pero sin la fuerza inicial, la intervención política aparece como la única vía para encauzar el conflicto. Mientras el gobierno se mantuvo en silencio y evitó validar a los sectores más duros, la posibilidad de una mediación legislativa comenzó a perfilarse como una salida ordenada para desactivar una protesta que ya no tiene el mismo impacto.