El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario lleva su reclamo a la plaza principal de Viedma. Cómo escaló el descontento que alerta a la provincia.
Policías de Río Negro acamparán en Viedma.
El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro decidió tensar la cuerda en la negociación con Alberto Weretilneck y anticipó un acampe por tiempo indeterminado que comenzará este miércoles en la plaza San Martín de Viedma. A días del levantamiento policial en Santa Fe, los azules rionegrinos rechazan el ofrecimiento provincial y exigen una recomposición salarial urgente.
La difusión del petitorio firmado por la “familia policial y penitenciaria” expuso públicamente la discusión que venía creciendo en silencio: la estructura salarial de la fuerza. Con un básico de poco más de 54 mil pesos, la “Asignación del Grado” establecida por la Ley 679, y un haber final sostenido por adicionales, el reclamo cuestiona no solo los montos sino la arquitectura del salario.
Como contó Letra P, Maximiliano Pullaro debió otorgar un aumento salarial de casi el 50% para frenar un cuadro de situación complejo, con el personal policial alzado, con corte de calles, armas, chalecos y patrulleros que tensaron el escenario en Rosario durante casi dos días. El desafío para su par de la Patagonia aparece como una afrenta que podría tomar características similares, mientras el gobernador hace equilibrio entre las cuentas públicas golpeadas del inicio de un año fiscal complicado.
La tensión se da en el marco de la negociación salarial que el gobierno de Juntos Somos Río Negro viene sosteniendo con los trabajadores dependeintes de la administarción central. El acampe es una especie de respuesta de ánimos caldeados ante la decisión del gobierno provincial, que anunció que policías y personal del Servicio Penitenciario Provincial recibirán en febrero una mejora del 6,79%, que suma el ajuste por inflación (5,2%) a un adicional específico del 1,5%. Siguiendo esos números, el haber inicial ascendió a $1.417.366, muy por debajo del pretendido por los agentes que reclaman un piso de $1.800.000.
El enojo se incrementó cuando se detalló la estructura del aumento, que incluye una suma fija no remunerativa y no bonificable de $250.000 que se abonará en dos cuotas de $125.000. En el desglose, el gobierno provincial también contemplo un aumento del 100% al ítem de ayuda escolar.
Pero no fue suficiente, la elección de reforzar suplementos antes que recomponer el básico es lo que, según los sectores movilizados, “maquilla” el ingreso pero debilita jubilaciones y carrera.
La escalada de la tensión con el personal policial abre un problema central para el ministro de Seguridad, Daniel Jara, uno de los hombres más cercanos a Weretilneck dentro del gabinete. En el inicio de la gestión, Jara había logrado contener el malestar interno y mantener una línea de conducción firme. Sin embargo, fuentes políticas y policiales coinciden en que ese predicamento se fue erosionando con el paso de los meses.
El aspecto salarial es, en ese marco, un punto clave. En comparación con otras provincias, donde el peso de los adicionales vinculados a operativos especiales y servicios extraordinarios sirve para mejorar el ingresos de los agentes, en Río Negro denuncian que los adicionales son pocos y la percepción es que la brecha con otras áreas quedó expuesta.
Sin embargo, el desgaste de Jara no ocurre en el vacío. La negociación atada al IPC que impulsó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, permitió sostener una tregua con el único aliado sindical claro del oficialismo, pero dejó la caja provincial al límite. “No podemos pagar más de lo que ingresa”, repite el gobernador, mientras los números muestran un desfasaje entre inflación e ingresos. Así, la discusión excede a la policía y se expresa como parte de una disputa narrativa más amplia sobre prioridades presupuestarias y destino de los fondos.
La crisis con la policía ya había tenido un punto de inflexión a principios de 2025 con la salida de la comisario general Maricarmen Carrizo, la primera mujer en conducir la fuerza, y su reemplazo por Daniel Antonio Bertazzo. El control sobre el actual conflicto también pondrá a prueba la relación entre el ministro y el jefe de la Policía que hasta el momento no presentó complicaciones.
Con todo, también se suman episodios que impactan en la imagen institucional, como la suspensión preventiva de una subcomisaria en Cipolletti hace apenas unas semanas, en una causa por presunto robo de autopartes. Aunque en principio se trata de un acontecimiento aislado, en un contexto de malestar salarial y deliberación interna, el hecho amplifica la percepción de fragilidad.
Ante el acampe de este miércoles, el referente policial retirado Rubén Ángel Muñoz, dijo a Letra P que “el problema no es solo el monto, sino la forma en que se compone el salario”. “Se fue desnaturalizando la estructura y eso genera bronca en la base”, señaló.
En lenguaje castrense, Muñoz advirtió que “cuando la tropa siente que no es escuchada, empieza a organizarse por fuera de los canales formales”, en alusión al resurgimiento del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, un espacio impulsado por efectivos en actividad y retirados que busca institucionalizar un ámbito de representación salarial y laboral. Según cuentan, se organiza desde las bases y por regionales.
La idea de institucionalizar el espacio fue presentado al gobierno de Arabela Carreras, pero todo quedó en la nada. La falta de reconocimiento formal es algo que asumen los impulsores del acampe, aunque sostienen que el espacio cuenta con un amplio respaldo de los efectivos. Hoy no existe otro sector con mayor representación dentro de la Policía de Río Negro, aseguran.
El acampe en Viedma tiene un antecedente inmediato en una manifestación en General Rocal que contó con el apoyo la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) que ya avisó que acompañará el reclamo frente a la gobernación.