Alberto Weretilneck intenta ganar margen en medio de un esquema centralizado que no cede control. Presión por soluciones en corredores clave para Vaca Muerta.
El deterioro de la red nacional vial que atraviesa Río Negro dejó de ser un problema técnico para convertirse en un brete de primera magnitud. Con problemas de antaño, ni el proceso provincial que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck ni el gobierno nacional de Javier Milei solucionó una demanda histórica en la Patagonia norte.
Autoridades técnicas de ambas adminitraciones se reunieron esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. Volvieron a dialogar sobre la situación de las rutas 22 y 151, dos arterias fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta. Mientras el boom energético, vendido en absoluta sintonía fina en el Argentina Week de Nueva York, multiplica ganancias en regalías, la red vial se deteriora a pasos agigantados.
El equipo de Weretilneck empuja gestiones para atender una demanda cotidiana, mientras desde la Casa Rosada se sostiene un criterio que prioriza el control central y demora definiciones de fondo.
El escenario combina señales ambiguas. Se habilitan instancias de conversación que permiten mostrar iniciativa, pero no hay avances concretos que modifiquen la estructura de decisiones. La posibilidad de transferir competencias a las provincias sigue fuera del radar y cualquier alternativa queda sujeta a evaluaciones que se procesan lejos del territorio, en un escritorio a más de mil kilómetros de distancia.
En ese contexto, la discusión sobre el estado de las rutas nacionales adquiere una dimensión mayor. No se trata únicamente del mantenimiento, sino de quién define prioridades, cómo se asignan recursos y qué modelo se impone para el mediano plazo.
La situación en los principales corredores es crítica. La Ruta Nacional 22 concentra buena parte de las preocupaciones, con tramos donde el tránsito pesado y la falta de obras estructurales generaron deformaciones profundas. El ahuellamiento, visible en amplios sectores, compromete la seguridad y obliga a intervenciones complejas que demandan tiempo y financiamiento.
Como explicó Letra P, el Alto Valle rionegrino tiene un severo problema de conectividad por este tema. En el tramo que une Cervantes a Fernández Oro, en el medio con General Roca, la cinta asfáltica está detonada y provoca enormes cuellos de botella rumbo a Cipolletti-Neuquén.
En paralelo, la Ruta Nacional 151 exhibe un cuadro similar, con sectores deteriorados que afectan la conectividad con el norte patagónico. Ambas trazas resultan estratégicas para la logística regional, en especial por su vínculo con la actividad hidrocarburífera y el movimiento productivo.
Las tareas que se realizan en la actualidad apenas alcanzan para contener el deterioro. Bacheo, trabajos en banquinas y mantenimiento básico aparecen como respuestas insuficientes frente a un problema que requiere planificación integral. La falta de insumos, equipos y presupuesto condiciona cualquier intento de recuperación sostenida.
Frente a ese panorama, en el gobierno rionegrino crece la convicción de que el esquema actual no ofrece respuestas acordes a la urgencia. Sin confrontar abiertamente, la gestión de Weretilneck busca introducir cambios en la lógica de intervención, con un enfoque más territorial y menos dependiente de las decisiones que se toman en Buenos Aires.
En ese armado, los intendentes aparecen como actores centrales. La idea que circula en ámbitos oficiales apunta a darles mayor protagonismo en la definición de prioridades y en la articulación de soluciones. Se trata de una estrategia que intenta romper con un diseño excesivamente vertical y acercar la gestión a quienes conocen de primera mano el estado de las rutas.
El planteo no es menor. Implica cuestionar, en los hechos, un modelo de planificación concentrado en despachos porteños y avanzar hacia una dinámica más federal. Sin embargo, esa aspiración choca con los límites de un sistema donde las decisiones clave siguen dependiendo de la Casa Rosada.
La tensión entre ambas miradas se expresa en cada instancia de negociación. Mientras la provincia insiste en ganar margen de acción, la administración nacional sostiene un esquema que no habilita delegaciones amplias ni modificaciones sustanciales en el corto plazo.
“Necesitamos precisiones de Vialidad Nacional”, se plantó recientemente la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, sobre diversos puntos que deben tratarse con la nueva delegación en el distrito, a cargo de Héctor Nisim Tasat.
En paralelo, el despliegue político de La Libertad Avanza en territorio rionegrino avanza con cautela. La estrategia oficial parece orientada a evitar conflictos abiertos sobre este tema, con un trabajo silencioso que prioriza el orden interno y la construcción gradual.
Ese enfoque, sin embargo, tiene una contracara evidente. La ausencia de definiciones concretas en materia de infraestructura alimenta la percepción de inercia. Para miles de usuarios que transitan a diario por las rutas, la falta de respuestas se traduce en riesgos, demoras y costos adicionales.
La administración nacional se mueve con un criterio fiscal restrictivo, que condiciona cualquier intervención de magnitud. En ese marco, la obra pública pierde centralidad y las alternativas quedan supeditadas a esquemas que aún no terminan de definirse.
El resultado es una suerte de pausa prolongada. Se diagnostican problemas, se abren canales de diálogo y se elaboran propuestas, pero las soluciones efectivas no llegan al ritmo que demanda la realidad.
Dentro de las opciones que se analizan, el esquema de concesiones aparece como la principal apuesta de la Casa Rosada. La idea de trasladar al sector privado parte del mantenimiento y la ejecución de obras gana espacio en los despachos oficiales, aunque todavía no se conocen detalles concretos sobre su implementación.
Los rumores sobre posibles concesionarios circulan, pero no hay confirmaciones ni pliegos definidos. El proceso, en caso de avanzar, requerirá evaluaciones técnicas, condiciones de rentabilidad y acuerdos que permitan atraer inversiones en un contexto económico complejo.
Para Río Negro, esa alternativa abre interrogantes. Por un lado, podría significar la llegada de recursos que hoy no están disponibles en el sector público. Por otro, plantea dudas sobre el control, las tarifas y el impacto en los usuarios.
“Estamos a disposición, pero queremos que se tome en cuenta la visión de los intendentes”, le aseguró a Letra P el ministro de Obras Públicas rionegrino, Alejandro Echarren. Esta definición refleja la demanda de los lugares más críticos.
En ese tablero, las rutas 22 y 151 ocupan un lugar central. Su estado actual y relevancia estratégica las convierten en candidatas naturales para cualquier esquema de intervención. Sin embargo, el camino hacia una solución integral sigue marcado por la incertidumbre.
La provincia, mientras tanto, continúa buscando margen para incidir en las decisiones. Entre la presión de la realidad y las limitaciones del sistema, el desafío pasa por transformar el diagnóstico compartido en acciones. En juego no está solo la infraestructura, sino la capacidad de dar respuesta a una demanda que atraviesa a toda la región.
Otras vías con menor flujo de tránsito continúan en un limbo. Tal es el caso de la Ruta Nacional 23, que une el mar y la cordillera. Nace a la vera de la ruta 3 y desemboca en Dina Huapi, a las afuera de San Carlos de Bariloche. Justamente la finalización de la obra esa es una incógnita.
Otro punto crítico es la Ruta Nacional 40 Sur, que va de Bariloche a El Bolsón. Ese tramo es uno de los más complejos en su mantenimiento por las condiciones climáticas sumadas al constante paso de camiones rumbo a Chile. En los últimos días se hicieron anuncios de trabajos, pero la realidad de un mal estado se impone.
La famosa rotonda de Choele Choel, otro tramo que le falta terminación, forma parte del complejo mapa y laberinto vial de Río Negro.
