El Gobierno oficializó la marcha atrás con los decretos que volteó el Congreso y todo volvió al estado previo. Los gremios plantean más reclamos.
Javier Milei y Federico Sturzenegger deben retrotraer parte del plan desregulador
Captura de redesEl Gobierno dio marcha atrás con gran parte de la cruzada desregulatoria del Estado de los ministros Federico Sturzenegger y Toto Caputo y restituyó la estructura organizativa y jurídica de Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la marina mercante y otros organismos.
Los gremios celebraron el freno a la motosierra, aunque reclaman la restitución de facultades, reglamentos y presupuestos que les habían sido recortados. Sturzenegger se jacta de haber impulsado 8.500 “instrumentos de desregulación”, pero ahora deberá descontar de esa cuenta, que él mismo definió como “parte de la revolución institucional que propone Milei”.
Dirigentes sindicales aseguraron que trabajan junto a legisladores para construir consensos en el Congreso y derogar otros cuatro decretos delegados de Sturzenegger que aún siguen vigentes. Esta discusión, anticipan, quedará para después de las elecciones bonaerenses.
También quedó sin efecto el despido de 360 trabajadores del INTA, dispuesto por Caputo justo después de que el Congreso rechazara los decretos y que ya había sido frenado en la justicia.
“Tenemos mucha alegría: es un triunfo de la unidad de los representantes de los trabajadores sobre el ministro de destrucción, Sturzenegger”, dijo a Letra P Marcelo Isleño, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el INTI.
“Hay que volver a poner en valor al INTI y al INTA, peleando por las atribuciones que les fueron quitando tras la ley Bases y antes de los decretos que ahora se anularon”, agregó Isleño y remarcó: “Se redujeron capacidades de acción de los organismos”.
El ministro desregulador justificó la vuelta a foja cero de las reformas vía decretos al señalar que, cuando el Congreso rechazó los cambios impulsados por el Gobierno sobre el INTA, el INTI, Vialidad y la marina mercante, “no determinó un marco jurídico aplicable en su reemplazo y provocó un vacío normativo de extrema gravedad”.
En paralelo a la publicación de los decretos 627/2025 y 628/2025, que trabaron la motosierra, Sturzenegger participó de una actividad de la Fundación Mediterránea en el Hotel Alvear. Allí se exhibió con una resma de hojas troqueladas de casi 70 metros de largo donde figuraba el organigrama de Vialidad.
“Tienen 5.000 empleados, de los cuales 1.500 son jerárquicos y 1.500 gremialistas. No labura nadie, son todos caciques”, vociferó. Y agregó que, si el sector privado se hiciera cargo del área, “el trabajo costaría la mitad”.
La semana pasada ya había expresado una crítica similar en sus redes sociales para graficar su enojo con el Congreso, “que defiende los intereses de la casta. Nadie del Congreso nos llamó”, escribió entonces.
En agosto, ambas cámaras del Congreso anularon los decretos desreguladores que desguazaban el INTI, el INTA, Vialidad Nacional y el régimen de la marina mercante, en el que se imponía una reforma laboral que quitaba derechos a quienes trabajan en esos organismo y permitía mayores libertades para los buques extranjeros que trabajan en jurisdicción nacional.
Ahora la administración libertaria terminó de enterrar estas reformas que incluyen también al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). También se retrotrajo la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas (Inase).
También volvieron para atrás la fusión de los institutos de investigaciones históricas Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas; el paso a la Secretaría de Cultura de los institutos nacionales del Teatro y de la Música; y la disolución de los directorios de las comisiones nacionales de Monumentos, Bibliotecas Populares y Lugares y Bienes Históricos.
Al igual que la eliminación de la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que trabaja en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y lo dejaba bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
El gobierno libertario debió dar marcha atrás a los decretos que eliminaban Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); que disponía la reconversión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt) y la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) en una Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (AIAIA).
Las organizaciones gremiales que representan al personal también buscan revertir el decreto 396/25 que le quitó autonomía al Instituto Nacional del Agua (INA) y lo puso bajo la órbita del Ministerio de Economía. Además fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), quitándoles presupuesto y funciones.
Además, van por el decreto 447/2025 que redujo la estructura de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I + D + i) y le restó su articulación con el sistema universitario.
Los gremios también quieren frenar el decreto 458/2025 que disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET); y el decreto 459/2025 que dispuso la eliminación del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares; el traspaso al Ministerio de Salud del Instituto Nacional del Cáncer (INC); y la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) para fusionar allí la administración de los hospitales Sommer, Posadas, Ramón Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) y Hospital Bonaparte.