Rige el decretazo: Martín Menem no completa la bicameral y la UCR pide debatirlo por partes
El presidente de la Cámara baja demora la conformación de la comisión, porque UP reclama más lugares. El radicalismo busca aval jurídico para fragmentarlo.
A una semana de ser enviado, el Congreso no tiene fecha para evaluar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 (conocido como decretazo) firmado por el presidente Javier Milei, que reforma más de 300 leyes y desregula la economía. La demora se debe a que no está conformada la bicameral de trámite legislativo, que es la encargada de iniciar el trámite. Aún así, el DNU rige desde fin de año y la UCR, que cuenta con los votos decisivos para abrir los recintos, se asesoró con juristas para exigir que pueda debatirse por partes y no sea posible su derogación total. La bicameral no se creó porque falta nombrar a los ocho miembros de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, debido a una discusión no saldada entre el oficialismo y Unión por la Patria, que reclama cuatro cupos, pero le asignaron tres.
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El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, envió la nómina con cuatro nombres: él mismo, Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez. Menem necesita borrar uno para incluir a los otros cinco que ya están definidos, que son Oscar Zago y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza); Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF) y Hernán Lombardi (PRO).
Martínez esperaba que Menem repitiera el procedimiento que utilizó en la conformación de las comisiones y eliminase uno de los nombres propuestos por UP (el tijeretazo recayó en los últimos de las listas). No ocurrió: con la bicameral de trámite legislativo, el riojano prefirió dejar pasar el tiempo y así demorar el debate del DNU más voluminoso que se recuerde.
Según la ley 26.122, que regula el tratamiento parlamentario de los decretos, desde que arriban al Congreso hay diez días hábiles asignados para su debate en comisión, que debe evaluar si el Presidente tuvo motivos valederos para evitar el debate legislativo.
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El presidente del bloque de la UCR del Senado, Eduardo Vischi, junto al vicepresidente, Pablo Blanco. Serán claves para definir si sigue vigente el decretazo.
Cumplida esa fecha, se hayan firmado dictámenes o no, un decreto puede tratarse en los recintos. Si en ambos se rechaza, queda anulado en su totalidad.
Propuesta radical
Aún si logra cuatro representantes de la Cámara de Diputados (una opción que no está en los planes de Menem), UP quedará en minoría en la bicameral, porque en el Senado tiene sólo tres vocales, que se definieron con una votación en el recinto.
De esta manera, el destino del decretazo, en la bicameral y en los hemiciclos, depende de la UCR, que tiene los votos decisivos para el cuórum en Diputados y puede inclinar la balanza en el Senado. Sus representantes definirán si se suman a sesiones especiales para derogarlo o si La Libertad Avanza puede seguir dilatando su tratamiento para que no pierda vigencia.
La UCR hasta ahora hace la vista gorda y permite que el decreto siga, aunque también hay internas: el grupo del bloque de Diputados identificado con el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no descartó ir al recinto a tratar el DNU si la comisión sigue cerrada.
Para saldar la grieta, referentes de la UCR dialoguista buscan fundamentos jurídicos para pedir que el DNU pueda debatirse por partes, aun cuando la ley 26.122 contempla su aprobación o rechazo total.
El diputado de la UCR, Fernando Carbajal, estudió los argumentos legales para avanzar con la estrategia y esta semana se sumó a la tarea el jurista Ricardo Gil Lavedra. “La definición será de la justicia, que no puede intervenir en una interpretación del parlamento”, es la lectura de los líderes de la UCR.
La oferta debe ser avalada por LLA, que todavía juega al todo o nada. De hecho, Milei no aceptó tratar el contenido del decretazo en proyectos de ley “espejo”, que fueron presentados por la senadora Carolina Losada y el diputado Martín Tetaz. Ambos se resisten a compartir cualquier plan con el kirchnerismo y prefieren ser funcionales al Gobierno.
El presidente tiene motivos para no entrar en la rosca legislativa: si el DNU se trata por partes, la UCR avalará los artículos sobre desburocratización, la reforma laboral y la declaración se servicio esencial de la educación; pero podría revisar la desregulación del sistema de salud. Al Presidente le conviene no llegar a esa discusión.
