El gobierno de Javier Milei apeló el fallo del juez Enrique Lavié Pico que habilitó la feria judicial de verano para analizar un amparo presentado contra el decretazo y consideró que dicha resolución "genera un estado de inseguridad jurídica".
"El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso", afirmó la apelación presentada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.
Según entienden los abogados del Gobierno, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal "no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio juez natural", que en este caso sería Esteban Furnari, del mismo fuero Contencioso.
En el descargo, el organismo del poder Ejecutivo cuestionó la decisión del juez de rechazar la solicitud al fuero laboral de dos expedientes donde han tenido resolución en contra del DNU, a raíz del amparo de la CGT y otro de la CTA. "Las partes y los jueces, deben sujetarse al procedimiento procesal y ello marca un orden y brinda certidumbre a las posiciones adoptadas", consideró en la apelación.
"Al trastocar todas las actuaciones que se desenvolvieron en razón del proceso colectivo inscripto, la resolución aquí atacada por exceso jurisdiccional, ha devenido a foja 0, convirtiéndose la resolución atacada en un improcedente virtual rechazo de inhibitoria, cuando su colega, Juez a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 ya había sentenciado admitir la inhibitoria", concluye la apelación.