El Gobierno logró el respaldo de dos tercios de la cámara. El massismo ayudó; el PJ y la izquierda se opusieron. Cómo costear el nuevo sistema, la polémica.
Ley penal juvenil: Diputados aprobó bajar la edad punible a 14 años y las provincias se niegan a financiarlo
Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza. Defendió la ley penal juvenil del Gobierno.
El Gobierno logró celebrar en Diputados: con apoyo de referentes de toda la oposición aprobó un nuevo régimen penal juvenil, con la baja de la edad punible de 16 a 14 años. Los gobernadores dejaron un mensaje: a través de sus representantes, hicieron saber que no pagará los costos de la ley.
La Libertad Avanza (LLA) consiguió respaldo de sus socios habituales (UCR, PRO y partidos locales) y de la mayoría de Provincias Unidas. Con ese nivel de consenso, el proyecto tuvo 149 votos a favor y 100 en contra. Sólo rechazaron Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda; tres de Elijo Catamarca -habituales aliados del Gobierno- y la cordobesa Natalia de la Sota. La votación en particular se hizo a mano alzada para evitar exponer disidencias, pero con el último artículo, referido a financiamiento.
El apartado logró 135 votos y muchas quejas de aliados del Gobierno. "Si no saben cómo financiarla, lo que se habló todo este día no sirve", se molestó Pablo Juliano, de Provincias Unidas (PU). Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, propuso un artículo que comprometa un monto a pagar a las provincias los costos de la ley, con indexaciones trimestrales. No fue considerado y así no será fácil que los gobernadores aporten infraestructura con facilidad.
Hasta el aliados habituales del Gobierno pidieron plata. "Este proyecto conlleva un gran gasto para las provincias. Se les pide que se encarguen de la salud, la educación, la seguridad y de la obra pública, con una coparticipación más baja y presión para bajar los impuestos", reclamó el misionero Oscar Herrera Ahuad.
Como anticipó Letra P, el Gobierno dispuso de 23 mil millones de pesos para financiar las costas que tuviera la implementación, pero no hay un compromiso explícito de ayudar a las provincias. Sólo se contempla la posibilidad de convenir con los mandatarios, sin condiciones previstas. "En realidad, siempre la Nación puede convenir con las provincias. Lo pusimos porque sino no pasaba", confesó a Letra P una autoridad de bloque aliado.
La discusión por los fondos atrasó la aprobación en particular del proyecto que tuvo amplio consenso y logró una tenue división de UP que no dejó rastros. El diputado Ramiro Gutiérrez, cercano a Sergio Massa, ayudó con el cuórum. Luego de aprobado el proyecto, anunció que quería dejar constancia de su respaldo al capítulo 1, que es el que refiere a la edad punible. En el debate, sostuvo que la reforma penal juvenil debe ser parte de un nuevo Código Penal. "Sino es anticonstitucional", señaló.
El Gobierno jugó fuerte: desde temprano, familiares de personas asesinadas por menores de 16 años estuvieron afuera del palacio y luego subieron a los palcos. Estuvo la mamá de Jeremías Monzón, el joven ,muerto en manos de menores en Santa Fe.
El proyecto aprobado surgió de un acuerdo realizado el año pasado entre LLA y la oposición. Modifica la iniciativa enviada en 2024 por Patricia Bullrich, con mucha más mano dura.
El texto que tratará el Senado baja la edad de imputabilidad a 14 años, aun cuando el proyecto original la dejaba en 13. La pena máxima será de 15 años; y no de 20 como en el texto que escribió el Ejecutivo. La cárcel será la última instancia para una pena y recién podrá aplicarse si supera los diez años.
En caso de penas menores, se aplicarán medidas paliativas, si es que no se registra muerte o violencia física sobre las personas; o si se trata de delitos culposos, sin lesiones, causas de muerte o daño psíquico grave de la víctima. En cualquier caso, el juez deberá tomar en cuenta si hay antecedentes. Las provincias protestan porque, dicen, no tendrán cómo financiar los profesionales a cargo de las tareas de integración.
También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta seis años. Además, contempla la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los tres años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
El proyecto plantea que no deberían mezclarse menores con los mayores. La principal demanda de las provincias tiene que ver con los profesionales implicados en la resocialización. “La ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas", defendió el proyecto la diputada Laura Rodríguez Machado, de LLA, artífice de la negociación.
El debate duró casi diez horas, con discursos repetitivos y conceptos gastados. Victoria Tolosa Paz, de UP, consideró “un mamarracho jurídico” y pidió sostener la punibilidad entre 16 y 18 años.
“Cuando se vayan esta noche a dormir, sepan que acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y, fundamentalmente, la Argentina después de 45 años necesita un sistema juvenil penal que aborde el conflicto adolescente con una mirada diferente”, agregó.
Le contestó el libertario Santiago Santurio: “Es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”, remarcó.