El Gobierno arrincona a los jefes provinciales que apoyan el proyecto oficial, pero ponen el foco en la coparticipación. Santilli sigue su gira en modo escucha.
Reforma laboral: Diego Santilli se reunió este jueves con los gobernadores Gustavo Sáezn, Osvaldo Jaldo y Raúl Jallil.
La reunión de Diego Santilli con los gobernadores Gustavo Sáez (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) no terminó bien. El ministro de Interior de Javier Milei reiteró este jueves la necesidad de contar con el apoyo de los mandatarios para la reforma laboral, pero repitió que no habrá cambios sustanciales en el texto del dictamen que trataría el Senado en sesiones extraordinarias.
Los gobernadores están preocupados por el artículo de la reforma que baja el Impuesto a las Ganancias a las sociedades comerciales, que están en un 35% y descenderán hasta el 31%. Las provincias sentirían directamente el impacto en la coparticipación y por eso exigen una compensación que Santilli no les puede garantizar.
Tampoco pudo hacerlo Patricia Bullrich, la titular de la bancada de La Libertad Avanza de la cámara alta, que el miércoles se reunió con jefes de bloques aliados del Senado sin lograr acordar modificaciones que piden los representantes provinciales. Como ya contó Letra P, la exministra prometió llegar con más información la semana próxima, luego de manterner conversaciones con los representantes del Ejecutivo y, puntualmente, con Toto Caputo.
Según pudo reconstruir este medio, en la cumbre con el trío de mandatarios cercanos a la Casa Rosada, Santilli deslizó que las compensaciones se podrían discutir luego de la aprobación de la reforma. En las provincias sospechan que esa negociación posterior se hará revisando la nómina de legisladores que apoyen o rechacen la propuesta oficial. En otras palabras, que el reparto se hará de cómo vote cada bloque provincial.
Desde el momento en que se encontraron con el texto del proyecto propuesto por el Ejecutivo, los mandatarios provinciales supieron que estaban entre la espada y la pared. Por convicción o por clima de época, la mayoría está a favor de los cambios en el régimen laboral, pero el capítulo que incluye las modificaciones en Ganancias representa un perjuicio para las arcas provinciales, que ya están golpeadas por los recortes nacionales. "La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizaría las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos", enumeran.
La respuesta libertaria a los planteos es que la recuperación económica que la reforma generará será suficiente para compensar esa pérdida. Pero los gobernadores saben que la quita será inmediata mientras que el rebote, en el mejor de los casos, tardará un tiempo.
"No vamos a votar ninguna ley que siga disminuyendo los recursos de las provincias”, lanzó Jaldo en la previa a la reunión con Santilli. El primer gobernador peronista que arrimó posiciones con la Casa Rosada mileísta dijo ya “no hay margen”. “Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el gobierno nacional también tiene que empezar a cumplir con las provincias”, dijo el tucumano.
En la misma línea, el salteño anfitrión aseguró que estaba dispuesto a acompañar la reforma “si no atenta contra los intereses de la provincia”. “Puede usarse algún otro tipo de impuesto, como el impuesto al cheque, que era coparticipable y lo resignamos en la época de Mauricio Macri con el consenso fiscal, y no lo recuperamos”, agregó Sáenz, tirando una idea que por el momento no encuentra eco en la comandancia libertaria.
A sabiendas que la decisión final es responsabilidad de la mesa chica del Ejecutivo, el ministro del Interior gira por el país escuchando el reclamo de los gobernadores que ya habían elevado sus quejas en la previa a la votación del Presupuesto 2026.
Busca reunir apoyos para la aprobación de la reforma laboral, pero también para la ley de glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley penal juvenil, todas en la agenda de sesiones extraordinarias que convocó Milei para febrero.
Este viernes Santilli estará en Corrientes, la provincia gobernada por Juan Pablo Valdés, que asumió en diciembre y viene expresando los problemas que su administración enfrenta por la caída de la coparticipación. “Es una situación compleja”, dijo el mandatario cuando le preguntaron por el estado de las cuentas provincias y la posibilidad de otorgar un aumento a los trabajadores públicos de su provincia. Atribuyó las limitaciones a la caída de la coparticipación federal y a una deuda de $250 mil millones que el gobierno nacional mantiene con Corrientes.
Con ese tipo de reclamos se encuentra Santilli cada vez que llega a una provincia o que recibe a un gobernador. En la agenda también tiene anotada una visita a Misiones, donde Hugo Passalacqua ya le dejó al ministro un pliego de reclamos a finales del año pasado que todavía no se terminan de resolver.
Más allá de lo que tiene que ver estrictamente con el mundo laboral, el proyecto de reforma propone modificar las alícuotas del inciso a) del artículo 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de este año.
Según un informe del diputado peronista Guillermo Michel, el beneficio quedará concentrado, mayoritariamente, en solo 144 grandes empresas. Como ya describió Letra P, si se toma en cuenta el Presupuesto 2026, el Gobierno proyectaba recaudar 48,4 billones de pesos por impuesto a las Ganancias.
“De ese total, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que 34.3 billones de pesos será el monto de recaudación que las sociedades aportarán al total de impuesto a las ganancias. La reforma que impulsa el Gobierno va a reducir sustancialmente ese monto. De 34.3 billones para sociedades se recaudarían 31.7 billones. Es decir, es una baja proyectada de 3,1 billones de pesos”, dice el informe que de Michel.
El senador chaqueño Jorge Capitanich, por su parte, calculó una pérdida recaudatoria anual de 8.149 billones de pesos, equivalente a 5.727 millones de dólares. “El impacto no es neutro ni abstracto: $ 4.674 billones de esa pérdida recaen directamente sobre las provincias, afectando el corazón del federalismo fiscal argentino”, sentenció el exgobernador.