Un informe de la central hace foco en el ajuste a las provincias mediante el reparto de recursos. Fue distribuido a gobernadores en la previa de la negociación en el Congreso.
La CGT le acercó a Kicillof el informe sobre el impacto de la reforma laboral en la coparticipación
La provincia de Buenos Aires perdería casi 400 mil millones de pesos de coparticipación federal en 2026 si se aprueba la reforma laboral de Javier Milei. El dato forma parte de un informe técnico que la CGT distribuyó entre gobernadores y legisladores para meter presión en la previa de la negociación por el proyecto en el Congreso.
El informe fue elaborado por técnicos del gremio AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) y llegó en las últimas horas a todas las provincias. El gobierno de Milei busca entre los gobenadores los votos que le faltan para avanzar con el proyecto de reforma laboral, que tiene entre sus capítulos más polémicos una serie de beneficios fiscales que golpearían fuerte los recursos de coparticipación.
En concreto, el informe que mueve la CGT estima una pérdida fiscal total equivalente a 1,278% del PBI por las reducciones impositivas de la reforma laboral. El impacto más fuerte recae sobre la coparticipación: las provincias dejarían de recibir $3,18 billones anuales por la rebaja en Ganancias a sociedades y otros impuestos. Buenos Aires perdería específicamente $397.257 millones, el 12,46% de esa distribución, lo que la convierte en la jurisdicción más perjudicada en términos absolutos.
"Aunque se presenta como una ley para modernizar el trabajo, el proyecto persigue reducir el costo laboral empresario a costa de la Seguridad Social y de las provincias", plantea la CGT en el mensaje con el que difundió el análisis. La central obrera busca que el debate se centre, además del impacto en los derechos laborales, en cuánta plata pierden los gobernadores. Son los votos que todavía faltan y que podrían darle, o no, a La Libertad Avanza y a su principal negociadora, Patricia Bullrich, la victoria en el Senado.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viene escuchando el mismo reclamo en cada reunión bilateral con mandatarios: quieren que se elimine o postergue el capítulo fiscal de la reforma. Alfredo Cornejo (Mendoza) pide diferir la implementación hasta 2027-2028. Otros gobernadores, más aliados al gobierno, proponen graduar el impacto en dos años. Pero Milei, como contó Letra P, se resiste.
La CGT movió en las últimas horas el documento entre los gobernadores que Bullrich necesita para sumar votos. Les ofrece argumentos técnicos contra el artículo 191 del proyecto, que reduce de 35% a 31,5% las alícuotas más altas de Ganancias a sociedades. Ese punto genera la mayor resistencia entre mandatarios de todas las fuerzas políticas, incluso entre los más dialoguistas con la Casa Rosada.
Para Buenos Aires, la pérdida calculada equivale a casi el 40% de lo que recibió en ATN durante todo 2025. Axel Kicillof, vetado de las negociaciones con Santilli por su confrontación con el gobierno nacional, recibió el informe, que también circuló entre legisladores bonaerenses que responden a intendentes del conurbano con línea al gobernador.
El análisis técnico desglosa las pérdidas: reducción de contribuciones patronales, rebaja en Ganancias, eliminación del impuesto cedular, derogación parcial de impuestos internos y supresión de gravámenes a cine. AEFIP trabajó sobre la recaudación proyectada para 2026 según datos oficiales de ARCA, INDEC y el presupuesto nacional.
En el Senado, Bullrich necesita 37 votos y tiene garantizados 24. Busca los 13 restantes entre radicales, provincialismos y peronistas díscolos. El radicalismo condiciona su apoyo a cambios en el capítulo fiscal: Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama lideran la resistencia.