El Presidente se resiste a eliminar las bajas de Ganancias y el fondo para indemnizar. La jefa de LLA puntea reuniones en busca de 16 votos.
Patricia Bullrich, durante la discusión del Presupuesto.
El cronograma que definió Patricia Bullrich para tratar la reforma laboral entra en etapa de definiciones. La jefa del bloque libertario se reunirá desde este miércoles con referentes de la oposición dialoguista con el objetivo de alcanzar un acuerdo y aprobar el proyecto en febrero. Su mayor escollo es lograr que Javier Milei acepte cambios.
El Presidente dejó algunos mensajes internos antes de fin de año: no permitirá aumentar el déficit fiscal ni perder el “espíritu” de la reforma. Bullrich intentará entonces cumplir estos objetivos y tener los 37 votos que necesita para aprobar el proyecto en el Senado. Todavía no los tiene garantizados.
En enero, la ex ministra de Seguridad trató de mantener la expectativa con un cronograma de reuniones con su nueva vocera en los medios, la abogada Josefina Tajes. La asesora, además, estuvo a cargo de recibir pedidos de organizaciones civiles.
La curiosidad de la época es que el obstáculo principal en el Senado no tiene que ver con la reducción de los derechos laborales, sobre lo que sólo toman volumen algunos reclamos, como el fin de la ultraactividad. Además de Unión por la Patria (UP), representante de la CGT, cuestionan este cambio en Provincias Unidas (PU).
Los artículos que más ruido hacen entre los posibles aliados del Gobierno son los referidos a dos temas. Por ahora, Milei los defiende y no acepta que sean retocados. Uno son las bajas del impuesto a las Ganancias a las sociedades comerciales (de 35% a 31%). Como es un tributo coparticipable, con esa reducción, las provincias recibirán menos aportes de la Nación. Junto a otras mermas de impuestos que tiene el proyecto, la suma de fondos que cederían los gobernadores alcanza los 2 billones de pesos.
En el Gobierno justifican la baja impositiva con pronósticos agoreros: sostienen que, si la reforma laboral da resultado, habrá más puestos de empleo, las empresas se multiplicarán y en un año se recuperará la recaudación de Ganancias. No todos los mandatarios tienen la misma fe.
El otro tema que tampoco cierra en la oposición es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con recursos de ANSES, destinado a pagar indemnizaciones. Bullrich, en diciembre, trató de contener estos reclamos, que llegan en su mayoría de la UCR, con una frase de economista: las jubilaciones se pagan en buena parte con impuestos y el dinero es fungible. Tampoco tiene claro si convenció a alguien.
La Libertad Avanza (LLA) tiene 21 votos propios en el Senado y necesita 16 más para llegar a la mayoría. El PRO cuenta con tres, la UCR puede aportar diez y el resto los pueden ofrecer los partidos provinciales, con aportes de Misiones y Santa Cruz (dos cada uno); y representantes de Neuquén (Julieta Corroza), Salta (Flavia Royón) y la cordobesa Alejandra Vigo, socia del correntino Carlos Espínola en PU.
Bullrich necesita garantizar una mayoría para llegar al recinto. De lo contrario, el debate deberá posponerse, lo que sería un golpe bajo para la exministra, que se tomó este tema como eje de su tarea legislativa. El radicalismo es clave en la negociación porque sólo si se une a favor, los partidos provinciales aflojarían en sus pretensiones.
No es fácil esta tarea para Bullrich. Persiste una línea dura en el radicalismo, con integrantes como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Los correntinos y el santafesino Eduardo Galaretto defienden los fondos de sus provincias. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), están más abiertos a una negociación. Romper a UP es una opción que la exministra usó para el Presupuesto pero no tendrá en todos los temas.
Sabe que la jujeña Carolina Moisés responde al gobernador Gustavo Sáenz (Salta); y que el catamarqueño Guillermo Andrada puede ser ayuda si lo pide su mandatario, Raúl Jalil. Son jugadas de urgencia, que por ahora no están en carpeta.
Las negociaciones por la reforma laboral fueron parte de la reunión que este lunes tuvo la mesa política del Gobierno, con la participación de Karina Milei, Manuel Adorni (jefe de Gabinete), Diego Santilli (ministro del Interior), Luis Caputo (ministro de Hacienda), el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y los referentes legislativos: Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).
Hubo un sinceramiento: con el panorama actual, no pueden garantizar que la reforma laboral sea aprobada el 11 de febrero en el Senado y, menos aún, que sea ley durante el período de extraordinarias, que termina el 28 de febrero.
Por esa razón decidieron avanzar con la reforma de la ley penal juvenil. “Necesitamos tener un éxito legislativo este mes antes del 1 de marzo. Y la oposición no nos da garantías”, explicó a Letra P una fuente del oficialismo.
La definición no llega por la razón de siempre: no se sabe si Milei está dispuesto a aceptar modificaciones o si prefiere dar el portazo, como hizo en aquel primer debate de la ley Bases.
Dos meses después aceptó cambios a aquel texto y se convirtió en ley, la más voluminosa que se recuerde. En el oficialismo creen que Milei responderá recién la semana que viene si concede los cambios que pide la oposición. Si no lo hace, la reforma laboral seguirá esperando.