El bloque amarillo supeditó el voto al detalle de las facultades de aprehensión y al rol de la contrainteligencia. Sin respuesta, el decreto podría caerse.
Cristian Ritondo, del PRO, clave para definir el DNU de la SIDE.
Cristian Ritondo, del PRO, clave para definir el DNU de la SIDE.
El año legislativo empezó a los tumbos para Javier Milei. La reforma laboral está empantanada por la pelea fiscal de las provincias y la reforma de la ley de glaciares sigue sin discutirse en detalle. Por si fuera poco, el PRO empieza a considerar la posibilidad de rechazar el DNU que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Así lo admitieron a Letra P integrantes de la bancada amarilla de la Cámara de Diputados, que es clave para garantizar al oficialismo una mayoría de bloqueo. "Pedimos conocer protocolos de actuación y no los dieron. Así no va a ser fácil que acompañemos", señaló un referente del PRO.
Las dudas principales de los amarillos -al igual que el resto de la oposición- son por las facultades de aprehensión que se les otorgan a los espías; y las atribuciones de la contrainteligencia, que quedan habilitadas para intervenir en los partidos políticos.
Como explicó Letra P, el debate se anticipó en Tribunales: el juez federal Daniel Edgardo Alonso habilitó este miércoles la feria judicial para analizar una denuncia contra el DNU 941, promovida por abogados locales. Como todos los decretos presidenciales, estará vigente mientras ambas cámaras del Congreso no lo rechacen. El PRO es decisivo en esas votaciones y Milei no tiene garantizado el respaldo.
El DNU 941 fue publicado el último día de 2025 y, el 2 de enero, el bloque PRO de Diputados pidió explicaciones de su contenido a través de un comunicado. "Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas", señaló la bancada conducida por Cristian Ritondo.
Destacaron además que la aprehensión sólo puede ser "de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función". El comunicado consideró positivo del DNU "la unificación de bases de datos estatales". La calificó como "una modernización" y "una deuda histórica: Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional", evaluó la bancada amarilla.
Ese elogio no alcanzó para que los aspectos polémicos del decreto fueran aclarados. Ritondo es cercano a Santiago Caputo, controller de la SIDE en la Casa Rosada. Ambos participaron este verano de la inauguración de una estación de servicio YPF en Pinamar. No se expresó oficialmente sobre este tema el PRO como partido, que es la voz de Mauricio Macri, quien sí esta semana usó las redes sociales para pedirle a Milei declarar la emergencia ígnea para combatir los incendios en Chubut.
Los antecedentes deberían incomodar a Milei: en agosto de 2024, Macri ordenó a su tropa legislativa rechazar el DNU que aumentó en 100 mil millones de pesos los fondos reservados de la SIDE. Eran tiempos de fuego cruzado entre el expresidente y Caputo.
La mayoría de la oposición rechazó el DNU 941. El conteo permite a sus principales referentes especular con una derogación, en caso de que el PRO se anime a votar en contra. Para que se cayera el decreto sería necesario también el aporte del radicalismo, sobre todo en el Senado, donde los amarillos se quedaron con tres bancas.
Unión por la Patria espera que una expresión en contra del PRO actúe como efecto dominó en el resto de las fuerzas par que caiga el DNU. Además, el peronismo especula con que la Justicia actúe antes y condicione al parlamento. Como explicó Letra P, el Gobierno no quiere armar la bicameral para demorar el debate, pero no podrá evitar que llegue tarde o temprano al recinto.
Los jefes del peronismo de ambas cámaras (José Mayans y Germán Martínez) hacen cuentas diarias sobre los respaldos que reúne la derogación y, en caso de reunir mayorías, llamarán a sesiones para votar por el rechazo. Por ahora, los números no dan.
Si llegaran, en LLA reconocen que el tema podría tratarse en febrero, aún sin que Javier Milei lo sume a extraordinarias. Sería así por tratarse de una facultad permanente del Congreso, como es el control de los decretos. Admiten que elegir la integración de la AGN en diciembre es un antecedente que les jugó en contra.
El DNU 941 tiene varios aspectos polémicos que no fueron explicados por el Gobierno y los líderes parlamentarios de La Libertad Avanza prefieren no defender. De hecho, no está en miras la creación de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, otro posible ámbito de discusión.
La única expresión oficial fue a través de un histórico tuit oficial de la SIDE, el 7 de enero, en respuesta a una nota del diario La Nación. En esa comunicación el organismo que encabeza Cristian Auguadra no aportó demasiado. Nunca hizo alusión a la posibilidad de que los espías detengan a gente, sin duda lo más polémico y rechazado del DNU, hasta por los aliados.
El decreto es claro: señala que "el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes". O sea, los espías ni siquiera deberían llamar al juez, que es la tarea habitual de la policía.
La incursión de contrainteligencia en tareas políticas o del periodismo se infiere a partir de la reescritura de las tareas prohibidas de la SIDE que hace el DNU, en las que, al referirse a esos asuntos, excluye a las misiones del área del organismo que por décadas manejó Jaime Stiusso y volvió a estar en manos de gente cercana al histórica agente desde la llegada de Milei.
El único tema que respondió en su descargo en redes Auguadra fue sobre la polémica de habilitar tareas de inteligencia militar en el país. El decreto lo hace al permitirles actuar sobre "organizaciones no estatales de interés", sin especificar que sean extranjeras. "No se rompe un consenso básico de la democracia argentina. Por el contrario, se eliminan las tareas de investigación criminal de la SIDE (delimitando estas al Ministerio de Seguridad Nacional) y se termina con la duplicación de estructuras de inteligencia militar en el Ministerio de Defensa", sostuvo el comunicado.
En ese tuit, la SIDE anticipó que "las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando". Por ahora, sólo hay un DNU. Y puede caerse.