La jefa del bloque de LLA en el Senado tiene los votos para aprobarla en general, pero varios artículos están en riesgo. Último borrador y judicialización.
Patricia Bullrich, a cargo de la negociación de la reforma laboral.
Con interrupciones, Patricia Bullrich tiene tres décadas de experiencia en el Congreso, pero esta semana enfrentará su desafío más difícil: Javier Milei le exigió que el Senado apruebe sin cambios la reforma laboral. Los aliados le garantizan el aval en general, pero cuestionan algunos fragmentos que el Presidente se niega a revisar, por lo que hay artículos que podrían caerse.
Las cuentas están finitas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado suma 40 votos de base para enviar la reforma a la cámara baja, tres más que la mayoría. Cuenta con su bloque, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y algunos aliados de partidos provinciales. Si agrega a peronistas asociados le daría tranquilidad, pero con la inflexibilidad de la Casa Rosada no la tiene fácil.
La votación en particular, si no hay acuerdo cerrado del texto final, será una tómbola. Si la exministra pierde cuatro aliados para algún artículo, necesita sostenerlo con el desempate de Victoria Villarruel. Si se le caen cinco, sólo puede salvarla algún peronista. De lo contrario, el proyecto se irá achicando hasta encontrar su versión definitiva.
En este escenario, la aprobación de la reforma laboral está garantizada pero, desde la Quinta de Olivos, Milei definirá si festeja el texto que resulte de la rosca final o habilita los reproches en off por eventuales párrafos perdidos. Son muchas las voces libertarias que empiezan a decir que el Presidente debería celebrar sin atenuantes un cambio en la legislación laboral después de décadas de intentos fallidos, sea cuál sea el desenlace de la votación en particular.
Bullrich busca llegar al miércoles con un borrador de cambios acordados. Sólo así, podrá votar en general y en particular en forma conjunta, evitar abrir el texto y exponerse a derrotas evitables. Hasta este fin de semana, las negociaciones no venían bien encaminadas: el último bosquejo que acercó la senadora a los dialoguistas sólo tenía correcciones de estilo.
La exministra no se rinde. Quienes la frecuentan cuentan que olvidó el contenido de la reforma: sólo habla de táctica y estrategia y escucha cada reclamo sin abundar en juicios de valor. “Es pragmática y no discute cosas innecesarias. Hace todo el esfuerzo, pero no le responden siempre”, reconoce un aliado.
La conversación de Bullrich con los dialoguistas del Senado es constante. Le reconocen su esfuerzo para negociar sus pedidos. Tanto, que algunos aliados evalúan premiarla. Hablan de aprobar el proyecto sin cambios -como pide la exministra- y esperar que la Justicia declare inconstitucional la reforma. Por ahora, es una posición minoritaria.
El pronóstico de los abogados de la CGT es que, si como parece, en el Senado no logran al menos borrar los artículos hostiles de la iniciativa (localización de convenios colectivos, fin de la ultraactividad, salarios por región o límites a la recaudación compulsiva), la Justicia la declarará inconstitucional y, tal vez por eso, no cuajó la idea de un paro general.
La expectativa de los gremios en la votación es tan poca, que algunos sindicalistas ya gestionan con el peronismo escribir un dictamen en Diputados y usarlo como contrapropuesta oficial. Los pronósticos favorables en Tribunales de la CGT no sólo se basan en inconsistencias del texto, sino en los antecedentes. Un juzgado anuló el capítulo laboral del DNU 70/23, a pocos de publicarse. Y en la última semana, Milei sufrió un duro revés: por pedido de la justicia federal, tuvo que reglamentar la emergencia en Discapacidad.
Si no aumenta el valor de las prestaciones en las próximas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá cubrir los gastos de su propio bolsillo, según la sentencia del tribunal de Campana. El encargado de cumplir con la ley y evitar que el exvocero pierda sus ahorros es el ministro de Salud, Mario Lugones, cuya voz el público sigue sin conocer. Si abre la boca, tendrá que explicar si los fondos compensadores siguen recaudando de obras sociales y prepagas. Y si es así, en qué la gasta.
Milei ni siquiera tiene un lobista asignado en Tribunales y hasta mantiene acéfalo el Ministerio de Justicia. En marzo Mariano Cúneo Libarona será sustituido por una figura cercana a Karina Milei, quien ya puso un senador fiel en la comisión de Acuerdos, a cargo de controlar los pliegos de candidatos a jueces.
En el Senado responsabilizan de los problemas para cerrar la letra final de la reforma laboral al ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger. Identifican a uno de sus asesores, el abogado Ricardo Ramírez Calvo, como nexo con las empresas multinacionales para sostener los fragmentos más conflictivos, acordados con sus colegas de los principales estudios jurídicos.
“Patricia nos dice que Sturzenegger no sale de su nave espacial y así es muy difícil”, señala un senador que intentó encauzar la negociación en los últimos días. La rosca seguirá hasta último minuto en las oficinas del Senado, dónde funciona un recinto paralelo con los 44 representantes que suman oficialistas y potenciales aliados.
La cuenta puede crecer a 47 si se agregan peronistas que reportan a gobernadores asociados a Milei, como son Carolina Moisés (de Jujuy, pero leal al mandatario salteño Gustavo Sáenz), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).
Bullrich perdió contacto con algunos partidos provinciales, que pusieron límites. En la reunión que convocó el martes con los dialoguistas, en la oficina del bloque UCR, faltaron representantes de Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia) y Salta (Flavia Royón).
Fue y así se desmarcó la neuquina Julieta Corroza. Los gobernadores de estas provincias tienen negociaciones paralelas. Aprovechan la presión de la Casa Rosada para saldar cuentas y sufren el hostigamiento de los sindicatos locales, donde es fuerte la actividad de la minería y el petróleo. En la misma situación está Ignacio Torres (Chubut), que controla el voto de Edith Terenzi. Los diálogos serán hasta último minuto.
Los aliados tienen tres días para medir costos de sus eventuales decisiones. Bullrich supo que no tenía margen para negociar cambios tras la reunión de la mesa política del miércoles en Balcarce 50, cuando Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, le explicaron la estrategia: jugar al máximo, sacar el proyecto que pueda y seguir.
Entre la decena de radicales hay dos o tres que quieren reformular la creación del fondo de asistencia laboral (FAL), como se llama a la caja para pagar indemnizaciones que se crearía con aportes que dejarían de ir a la ANSES. Son Maximiliano Abad, Daniel Kroneberguer y Flavio Fama.
La dupla de Provincias Unidas (Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo) exigió revisar dos artículos (130 y 131) qw determinan el fin de la ultraactividad, como se llama a la posibilidad de que los convenios colectivos perduren si no se reemplazan por otros.
El último borrador que devolvió la Casa Rosada este viernes sostiene la ultraactividad y sólo mejora el texto, que en el dictamen le otorga facultades al Secretario de Empleo para borrar de un plumazo todos los convenios vigentes.
El capítulo fiscal tiene a todos los gobernadores enfrentados a Milei, porque la baja de impuestos (a sociedades comerciales o inmuebles de alquiler) les achica los presupuestos por la caída de la coparticipación. Los mandatarios hace un mes que empezaron las gestiones para revertir estos artículos y no hubo caso: Milei sólo dijo que no. No teme los riesgos.
La lectura que impone Milei es que perder votaciones parciales o totales en el Congreso no tiene costo y por lo tanto lo mejor es exprimir a los jefes legislativos al máximo. Es la tesis que más cómodo le sienta y la misma que el año pasado le ocasionó un sinfín de derrotas en ambos recintos. El Presidente recién sintió el impacto cuando los indicadores financieros se hicieron eco de esa debilidad y terminaron de derrumbarse con la derrota en provincia de Buenos Aires.
La victoria electoral de octubre y las efectivas relaciones carnales con los Estados Unidos le permitió al líder libertario reivindicarse a sí mismo. El problema es que, por más dólares que lleguen desde Washington, si en cada sesión del Congreso el oficialismo no llega con un texto cerrado, habilitará que los aliados, coordinados o no, se unan en la votación en particular con el peronismo para achicar los textos.
Ocurrió en diciembre, en Diputados, cuando se cayó un capítulo entero del Presupuesto 2026, que será recordado como el más cortito de la historia. La historia puede repetirse el miércoles próximo en el Senado. El problema es que, con la negociación abierta, cada sector hace su lobby para cambiar y/o modificar artículos.
Por caso, la CAME pide ssostener la recaudación compulsiva de asociados, una facultad que el proyecto le quita, al igual que a la CGT. La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), con Pablo Echarri a la cabeza, aprovechó el río revuelto y se paseó por el Senado para pedir eliminar los dos artículos que le quitan financiamiento a la industria cultural. Los reclamos particulares no cesarán hasta un minuto antes de la votación. A no ser que Bullrich exhiba un acuerdo general que por ahora no tiene.
En Diputados hay una tensa calma desde el miércoles, cuando la Casa Rosada definió que la presión recaiga sobre Bullrich. El éxito de la exministra en diciembre, cuando logró la sanción del Presupuesto 2026 con casi dos tercios, le jugó una mala pasada: Karina quiere que los proyectos se envíen al Senado, se generen los consensos y Diputados sea la cámara revisora. Siempre.
El titular de Diputados, Martín Menem, espera el texto que se apruebe en el Senado para armar una agenda para tratarlo, pero ya es un hecho que la eventual sanción no llegará en marzo. El problema no es dictaminar el miércoles 18 –para lo que debería que haber una extensión de las extraordinarias- sino tener el trámite de envío del Senado listo para ese día, feriados de por medio. Sin diálogo fluido con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Menem no puede apurar esa gestión. Si hay consenso para que la ley se festeje en marzo, no se hará demasiado problemas.
El jueves el recinto de la cámara baja se abrirá para coronar dos victorias de La Libertad Avanza, cuando se trate la nueva versión de la ley penal juvenil –con edad de imputabilidad a los 14 años y 15 de pena máxima- y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
El festejo extra para el oficialismo será la casi segura división de Unión por la Patria en los dos temas. Un sector díscolo –sin tierra, enfrentado al kirchnerismo- no está decidido a rechazar el pacto comercial con el viejo continente, como propone el kirchnerismo. Y el grupo cercano a Sergio Massa defenderá su postura histórica de bajar la edad punible a 14 años. Las diferencias en el peronismo se expresarán el miércoles, en los plenarios de comisiones, cuando la expectativa estará en el Senado. Será el escenario principal del Congreso está semana.