La ministra avanza con el precepto de “mano dura”. Rechazo eclesiástico a la iniciativa para bajar la edad a 13 años. Prevención y educación como alternativas.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
En su afán de insistir con el libreto de “mano dura” y “delito de adulto, pena de adulto” que pregona la derecha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un encontronazo fuerte con la Iglesia por el proyecto de régimen penal juvenil que prevé bajar de 16 a 13 años la edad de punibilidad de los menores que delinquen.
Apenas el gobierno de Javier Milei insinuó su intención de enviar una iniciativa al Congreso para bajar la edad de imputabilidad, tanto la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) como los obispos individualmente comenzaron a levantar la voz contra la propuesta libertaria y a organizar actividades tendientes a visibilizar la complejidad de esta problemática a partir, definieron, de "una mirada integral en tiempos de crisis del tejido social”.
“Tenés 13 años: si las hacés, las pagás”, inició Bullrich su posteo en las redes sociales al enviar el proyecto al Congreso y se jactó: “Bajo el liderazgo del Presidente @JMilei, este es el primer Gobierno que se anima a dar este paso firme a la justicia real. La impunidad se termina ahora. No más excusas: quien comete un delito pagará sus consecuencias”.
El Episcopado fundamentó su oposición en estadísticas que, aseguró, “no justifican la aplicación” de la reforma penal que propone la Casa Rosada a través de la iniciativa consensuada entre Bullrich; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y su par de Defensa, Luis Petri.
Según los datos eclesiásticos, los hechos delictivos perpetrados por adolescentes entre 14 y 16 años representan el 0,4%, un porcentaje al que los obispos evalúan como “bajo” del total de delitos en el país. También señalan que el porcentaje de menores de edad que participan en homicidios es del 0,7%.
El primero en pronunciarse fue el obispo villero Gustavo Carrara, planteando una pregunta a las autoridades: "¿El problema son los menores pobres en conflictos con la ley o el problema profundo y de raíz es la decisión y voluntad de sostener a lo largo del tiempo una política pública de inclusión e integración social?".
“Es necesario un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza, con todas las garantías del proceso, sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, manteniéndola en 16 años", sostiene el prelado que vive y trabaja pastoralmente en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
Lo siguió el arzobispo Jorge Lozano (San Juan), quien cuestionó que el Gobierno proponga una solución “espasmódica y simplista" como es adelantar la edad de ingreso a la unidad penal. "Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado", lamentó y reclamó medidas para acompañar a las infancias y adolescencias en riesgo.
El referente episcopal sanjuanino señaló que esta medida no resuelve las causas profundas de la delincuencia juvenil. "Ningún pibe nace chorro, pero muchos vienen al mundo con el estigma de la pobreza”, sostuvo y lamentó la escasa atención a los menores de edad como víctimas de delitos.
En igual sentido se pronunció el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lugones, quien formuló dos preguntas a las autoridades gubernamentales: ¿Nos quieren decir que esta es una solución contra la inseguridad? ¿Queremos meter presos a los pibes después del nivel inicial?
"No nos ocupamos de la educación, pero sí nos ocupamos de generar una ley que además no nos va servir de nada", pronosticó el jesuita que está a cargo de la Diócesis de Lomas de Zamora.
La Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, cuyos obispos y agentes acompañan espiritualmente a las personas en situación de encarcelamiento, advirtió en una declaración pública: "Cuando alguien comete un delito, transgrede la ley y cae preso, es porque alguien estuvo ausente: la familia, la sociedad, el Estado, la escuela, la Iglesia, etc."
El organismo episcopal encabezado por el obispo Juan Carlos Ares (Bariloche) rechazó de plano el proyecto, al considerar que no aporta soluciones reales al problema de la violencia. También sugirió enfocarse en la prevención y la educación y proclamó: “Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad son la solución para detener la violencia”.
Con la intención de buscar personas dentro de las estructuras eclesiásticas que pudieran respaldar el proyecto de régimen penal juvenil, Bullrich optó por visitar recientemente la sede del Obispado Castrense en el barrio porteño de Retiro y conversar con el obispo al mando, Santiago Olivera.
Durante el encuentro, la funcionaria se interiorizó sobre el funcionamiento de está jurisdicción eclesiástica con territorio en todo el país e hizo pública su adhesión para que, de ahora en más, se denomine Obispado para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad.
Fuentes oficiales consultadas por Letra P dijeron que la visita de legisladores libertarios a represores presos en Ezeiza "no fue motivo de conversación" entre Bullrich, el obispo Olivera y el resto de la plana mayor diocesana castrense. "Visita protocolar y para hablar de cuestiones de coyuntura", precisó otra fuente.
El proyecto de ley de régimen penal juvenil que el Poder Ejecutivo envió al Congreso propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.
Asimismo, postula que “la situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante, debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes” y justifica: “La situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los grandes problemas que atraviesa el país”.