De hecho, mientras trascurría el plenario de comisiones, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem se reunió con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para respaldar la baja de la edad punible a 13 años. Ni uno más. El proyecto fue defendido por Fernando Oscar Soto, director Nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos; Sebastián Amerio, secretario de Justicia; y Alberto Nanzer, subsecretario de política criminal.
La edad punible que pide Javier Milei
Los funcionarios defendieron el proyecto para bajar la edad de imputabilidad y recordaron que la legislación vigente, de 1980, no tiene en cuenta la Constitución de 1994 ni los pactos internacionales firmados. "Los delitos de los menores de 16 y 17 años vienen creciendo y también de 13 a 15. Esto tiende a proteger a la víctima y al adolescente, que hay que cuidarlo más", sostuvo Sotos.
"El mundo adolescente y la comprensión de sus actos sufrieron cambios y es imperiosa la necesidad de legislar a una situación que corresponda a estas situaciones. Muchos fueron incorporados a bandas criminales", destacó el funcionario.
Nanzer recién habló en la ronda de preguntas y respuestas y fue enfático: "Los jóvenes comienzan cometiendo delitos menos graves y luego van adquiriendo experiencia. Es una mala política criminal intervenir sólo cuando los menores cometieron el delito más grave".
Rechazo opositor
Unión por la Patria manifestó su rechazo al proyecto, que definió como una mala política para prevenir la delincuencia juvenil. "Tenemos que tener una mirada inclusiva e integral de aquellos aspectos que podrían suponer una discusión sobre el régimen penal para los adolescentes", exigió el jefe de la bancada, Germán Martínez.
Un planteo repetido en el peronismo fue la falta de presupuesto disponible para aplicar esta ley, que incluiría un despliegue mayor de fuerzas policiales y servicios judiciales. "Me extraña que un gobierno que quiera eliminar al Estado tenga esta política, que sale plata", ironizó José Glinski, de UP.
Martínez y Victoria Tolosa Paz pidieron que Cúneo y Bullrich expongan. "Este proyecto es punitivo y malo", dijo la diputada. Ramiro Gutiérrez pidió un fuero nuevo para aplicar esta ley. "No hace falta", le respondió Soto.
La UCR no expresó críticas específicas pero dejó claro que ampliará el debate. "Pretendemos abordar una ley que sancione, pero que también cuide a los adolescentes", sostuvo Gabriela Brower de Koning. Su correligionaria Carla Carrizo, autora de una de las iniciativas, pidió la exposición de los ministros de Justicia provinciales.
Las santacruceña Roxana Reyes solicitó que intervenga la comisión de Familia, Niñez y Adolescentes, que preside. Tiene un proyecto presentado que baja la edad punible a 14 años y pide que la sanción penal no sea la primera instancia, sino que antes se contemplen otras, como servicios comunitarios, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida y privación de libertad en centros especializados.
MargaritaStolbizer, de HCF hizo referencia a que “si entre el 1% y el 2% de los delitos lo producen menores, la pregunta es qué está haciendo el Gobierno con el 99% restante”.
El texto establece sanciones de entre 8 y 20 años por pertenecer a una organización criminal. Para condenar, se tomará en cuenta el delito más grave en determinadas ocasiones, como en aquellos casos en que se encuentren delitos reiterados, toma de territorio o aniquilaciones.
La UCR eliminó el artículo sexto que en su versión original le permitía a Bullrich requerir información "a los órganos especializados en la materia de otros Estados", sin que mediare una orden judicial. Se determinó además que los allanamientos requieran de orden judicial. También se aclaró que si una investigación abarca a las provincias, deben intervenir los organismos locales.
Por pedido de Hacemos Coalición Federal, se aclaró que el decomiso anticipado será aplicado por el juez penal en la misma causa. El texto original planteaba la extinción de dominio, para que los bienes vayan a manos del Estado.
Bullrich sí logró sostener la facultad de demorar a una persona 48 horas o realizar incautaciones y requisas. El debate seguirá en el recinto.