La iniciativa reabre la discusión por los controles luego de varios accidentes. La empresa concesionaria arrastra tensiones por inversiones y el pago de tasas.
Terminal Puerto Rosario administra el puerto más grande de Santa Fe con varios inconvenientes.
El Puerto de Rosario suma un nuevo frente de presión política. El Concejo Municipal avanzó con un pedido de informes sobre accidentes, controles, inspecciones y protocolos de seguridad en la terminal operada por TPR, en medio de una concesión atravesada por tensiones con la Provincia de Santa Fe y el municipio.
El pedido de informes ya giró de la comisión de Gobierno del Concejo y apunta a que el Ejecutivo gestione ante el Ente Administrador Puerto Rosario datos concretos sobre la actividad de la terminal durante 2025 y lo que va de 2026.
La iniciativa fue presentada por los ediles del peronismo Pablo Basso, Mariano Romero, María José Poncino, Norma López y María Fernanda Gigliani, después de una serie de accidentes dentro de la jurisdicción portuaria.
La lupa está puesta, sobre todo, en dos episodios recientes. Uno ocurrió el 16 de mayo en la Unidad 6 del Puerto de Rosario, donde un operario murió tras caer dentro de una terminal portuaria. El otro fue el choque entre el remolcador de empuje “HB Pegasus” y el buque mercante “Ginga Bobcat”, registrado días después en aguas de la jurisdicción portuaria.
El temario, igualmente, es más amplio. El Legislativo quiere conocer cuántas inspecciones de seguridad e higiene se hicieron, si hubo denuncias por irregularidades y qué sanciones o apercibimientos recibieron los concesionarios. También pidió datos sobre intervenciones de Prefectura Naval Argentina, organismos provinciales y áreas municipales.
El tramo más sensible pasa por los protocolos de seguridad: planes de evacuación, contingencias ambientales, simulacros y programas de prevención de riesgos laborales. En paralelo, el expediente reclama un detalle de los accidentes laborales, la cantidad de trabajadores afectados, la gravedad de las lesiones y los daños registrados en la infraestructura.
El nuevo pedido de informes no recayó sobre un puerto que venía funcionando a todo motor. La discusión por los controles y la seguridad volvió a centrarse en una concesionaria que ya venía acumulando frentes abiertos, especialmente en su vínculo con la provincia.
Desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro, la relación quedó marcada por una discusión de fondo: el estado de la infraestructura portuaria y el alcance de las inversiones pendientes.
La Casa Gris le había reclamado a TPR que avanzara con obras para recuperar sectores que habían perdido operatividad. La empresa, en cambio, había buscado atar cualquier desembolso fuerte a una eventual extensión del contrato, que vencía en 2032. La provincia había planteado la ecuación inversa: primero las obras, después cualquier negociación por una prórroga.
El cálculo político también pesó en la pulseada. La concesionaria estiró la negociación todo lo que pudo, pero el escenario cambió con la reforma de la Constitución santafesina, que habilitó la posibilidad de reelección para Pullaro. Con esa modificación, TPR perdió margen para especular con un recambio de gobierno en 2027 y terminó cediendo ante la presión provincial.
En marzo de este año, TPR anunció una inversión de alrededor de 30 millones de dólares para reconstruir y poner en valor el muelle sur de la Terminal I. En ese contexto, parte de las incógnitas que hoy plantea el Concejo apuntan también a conocer el estado de esa obra, sus plazos y sus efectos concretos, no sólo sobre la operatividad del puerto sino también en la seguridad de los trabajadores.
La otra batalla que pesó sobre la concesionaria en los últimos años fue la disputa con la Municipalidad de Rosario por el pago del Derecho de Registro e Inspección. Durante años, TPR sostuvo que no le correspondía abonar esa tasa por operar dentro de una jurisdicción portuaria y bajo la órbita de autoridades provinciales y nacionales.
El conflicto derivó en una pelea administrativa y judicial que se prolongó durante varios años, con numerosos fallos adversos para la empresa. Recién hacia fines de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió regularizar la situación y ordenar una relación institucional que venía arrastrando tensión.
Así, con el DReI encauzado y las inversiones encaminadas, el pedido de informes suma un nuevo capítulo a la relación entre TPR, la provincia y el municipio. La discusión ya no pasa sólo por las obras o la concesión: también apunta a saber quién controla, cómo y qué respuestas hubo ante los accidentes registrados dentro del puerto en las últimas semanas.