La empresa que controlan Ultramar y Vicentin sigue acumulando reveses en su lucha por no cumplir con una tasa municipal. La deuda supera los $100 millones.
Terminal Puerto Rosario administra el puerto más grande de Santa Fe con varios inconvenientes.
Terminal Puerto Rosario, la firma concesionaria del puerto más importante de Santa Fe, no gana para sustos. La Cámara en lo Contencioso Administrativo falló en su contra en dos juicios similares que la empresa inició contra el municipio para no pagar el Derecho de Registro e Inspección. La Corte Suprema provincial tiene la última palabra.
La sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la firma de los jueces Marcelo Molina, Alejandro Andrada y Marcelo López Marull, emitió dos fallos en contra de TPR. Las resoluciones se suman a una saga de reveses judiciales para la firma que tiene como socios a la chilena Ultramar y al gigante caído en desgracia Vicentin.
Las decisiones del Tribunal rechazan el reclamo del concesionario del puerto rosarino, que insiste en su postura de que no le corresponde pagar el Derecho de Registro e Inspección (DReI). Esa tasa se calcula de acuerdo a la facturación mensual e impone al municipio, como contraprestación, ofrecer servicios de seguridad e higiene.
No es el primer fallo en contra de este estilo que recibe TPR. Hace algunas semanas se conoció otra sentencia de la misma cámara y en igual sentido. Los argumentos esgrimidos y los fundamentos de los magistrados son casi calcados, pero se ventilaron en distintos juicios porque se trata de deudas generadas en períodos diferentes: uno comprende desde enero de 2019 a julio de 2020; otro, de agosto de 2020 a septiembre de 2021; y el tercero, de octubre de 2021 a abril de 2022. En total, el monto reclamado orilla los $100 millones más intereses y una multa del 300%.
Terminal Puerto Rosario sostiene que no le corresponde pagar el DReI porque su operatoria dentro del puerto está bajo la órbita de autoridades específicas -provinciales y nacionales y, por lo tanto, el municipio no tiene potestad para imponérselo. La firma sostiene que la municipalidad no le presta ni le puede prestar los servicios de seguridad e higiene, que son la contraprestación ineludible para poder exigir el pago de la tasa. Por ese motivo, nunca se anotaron en los registros ni informaron su facturación, lo que generó inspecciones para determinar de oficio el tributo.
En virtud de ese razonamiento, la empresa llega a la conclusión de que el DReI se transforma para ella en un impuesto encubierto, algo prohibido a los municipios por la Constitución Nacional. Se trata, dicen, de cuestiones como el comercio interjurisdiccional y la libre navegación de los ríos, que son materia federal, por lo que cualquier otra cosa sería validar una especie de derecho aduanero municipal. A esos argumentos le suman una serie de impugnaciones al procedimiento administrativo previo a que comenzaran a discutir el tema con la municipalidad.
Los abogados del Estado sostuvieron en todos los casos que tienen potestad tributaria porque la Constitución consagra la jurisdicción compartida: es del Estado nacional, pero también provincial y municipal siempre y cuando no se interfiera con los fines federales. Además, plantean que el servicio de contraprestación a la tasa no es “a medida del contribuyente, sino con servicios generales prestados a la comunidad”. “Basta con que el municipio tenga la infraestructura y personal a disposición, aunque no se verifique una prestación concreta para cada contribuyente”, explicaron.
Los abogados municipales trajeron a la discusión una doctrina conocida como “de los actos propios”. TPR firmó un convenio en 2016 mediante el cual canceló una deuda por el mismo tributo acumulado entre 2009 y 2014. En esa oportunidad, recordó el municipio, el concesionario nunca cuestionó la validez del cobro del DReI. De esta manera, lograron tres fallos favorables de la Cámara y esperan la resolución de la Corte, a la que acudió Terminal Puerto Rosario. En el máximo tribunal ya hay un dictamen del procurador apoyando la postura municipal.
Para el equipo jurídico del gobierno rosarino es un caso cuya resolución es clave a la hora de sentar jurisprudencia frente a otros pleitos similares. Un fallo en contra podría significar un golpe a las arcas municipales. No sólo por lo que se dejaría de percibir de parte de TPR, sino también por la catarata de reclamos que se desataría en el mismo sentido. De hecho, otras municipalidades atravesaron por reclamos similares. En 2021, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al municipio de Quilmes en un conflicto similar que mantuvo contra la petrolera Axion Energy.
El frente judicial contra el municipio que conduce Pablo Javkin es uno más de los que tiene abiertos TPR, que administra la terminal portuaria rosarina desde hace 15 años. También mantiene otro con el gobierno de Maximiliano Pullaro, contra el que libró una batalla silenciosa con el objetivo de lograr que el Ejecutivo le extendiera la concesión que vence en 2032. A cambio, ofrecía hacer un fuerte desembolso para refaccionar los muelles -tienen tres y dos de ellos estaban fuera de servicio-. El gobierno provincial sostenía lo contrario: primero las refacciones, después se discutirá la extensión.
En el ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, se quejaban además de la modorra de TPR a la hora de ofrecer los servicios del puerto y buscar clientes. Así las cosas, TPR estiró la negociación todo lo que pudo, pero cuando Pullaro obtuvo la posibilidad de ser reelecto, perdió la esperanza de que haya otro gobierno a partir de 2027 y entendió que debía ceder. Por eso, anunciaron una inversión de US$30 millones sin que Pullaro y Puccini les aseguraran una extensión del contrato.