Peligra la eliminación de la emergencia en discapacidad. Jubilaciones, palo a palo. Moratoria previsional, descartada. El PRO y la UCR serán decisivos.
Javier Milei tendrá este miércoles otra jornada difícil en Diputados, con una probable sucesión de derrotas y la posibilidad, por primera vez, de recibir el rechazo a un veto de una ley. En el oficialismo y en la oposición reconocen que podrían sufrir este traspié con la emergencia en discapacidad y -aunque con menos chances- el aumento de jubilaciones.
Los heridos que dejó el cierre de listas dificultó al Gobierno la búsqueda de aliados. En la UCR no quedó casi nadie contento, ni siquiera el jefe Rodrigo De Loredo. Es por eso que en esa bancada informaban que en su mayoría votarán en contra del veto a la emergencia en discapacidad y hay posturas divididas sobre jubilaciones. Quedaron en minoría los gobernadores radicales aliados de Milei, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).
El rechazo de la UCR a los vetos no es suficiente para voltearlos, porque se necesitan dos tercios de los presentes de ambas cámaras. En Diputados, son 172 votos, de no haber ausencias. En el Senado, la oposición reúne mayoría especial fácilmente -48 votos- y por eso la batalla fuerte será este miércoles.
El Gobierno necesita 86 adhesiones para blindar los vetos y hasta la noche de este martes no los tenía. La cuenta máxima era 75. Dependía de ausencias o abstenciones, que son útiles al oficialismo porque suben el número necesario para llegar a una mayoría especial
La Libertad Avanza necesita la ayuda del PRO, los seis radicales violetas (Liga del Interior), los exlibertarios del MID y un puñado de aliados de partidos provinciales, que no aparecían.
La presión recaía en el PRO, que dejaría al Gobierno derrotado si no honra su alianza electoral en el recinto. Este martes por la tarde, Cristian Ritondo citó a sus dirigidos para bajar línea. Pidió que al menos haya abstenciones entre los díscolos, aunque hay muchos que no quieren dejar su marca contra la emergencia en discapacidad y amenazan con llegar tarde o ayudar a la oposición. Álvaro González y María Eugenia Vidal lideran esa lista.
Los vetos a Discapacidad y jubilaciones abrirán la sesión, con las chances de una derrota doble del Gobierno. Libertad Avanza sí podrá blindar el veto a la moratoria previsional, que tuvo 100 votos en contra cuando fue aprobada en Diputados; y hace malabares para sostener la eliminación de la ayuda a Bahía Blanca. Son 200 mil millones de pesos que Milei asegura haber girado.
El oficialismo, además, también tiene dificultades para evitar que avance el resto del temario, que incluye reflotar la comisión investigadora del caso $Libra y los proyectos pedidos por los gobernadores para aumentar ingresos: la coparticipación de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el impuesto a los combustibles, que fue dejado al final del temario por la oposición, porque hay final abierto.
Es que la semana pasada el Gobierno sorprendió con dos propuestas para reformar estas iniciativas, que lograron la adhesión de los representantes de la UCR de Mendoza, ligados al gobernador Cornejo; y de su colega sanjuanino Marcelo Orrego. Si hay más mandatarios que apoyan estas versiones, los proyectos podrían volver con cambios al Senado.
El temario se completa con iniciativas incorporadas por Julio Cobos (UCR) para cambiar el huso horario -se retrocedería una hora-; y la modificación de régimen penal tributario, para bajar las penas por la evasión tributaria, presentado por Oscar Carreño (Encuentro Federal) y Ricardo López Murphy (Unidos). Es similar a un proyecto del Poder Ejecutivo que nunca se trató.
Los conteos entre oficialismo y oposición se escuchaban en los pasillos este martes, entre el murmullo que ocasionó la votación de Asociación de Personal Legislativo (APL). La sesión fue convocada por un pool opositor que integran Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (UCR crítica), la Coalición Cívica y la izquierda.
Sumados y sin fisuras suman 136 votos, pero rara vez están todos, aunque sí contribuyen algunos eslabones sueltos, como los santafesinos Roberto Mirabella y Mario Barletta. Este miércoles el panorama es otro: las planillas que toman como base son las votaciones de estos temas en junio, cuando partidos provinciales y radicales, que hasta ese entonces solían ayudar al Gobierno, se plegaron a la oposición.
La emergencia en discapacidad incluye una revisión de las pensiones y la creación de otras nuevas para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. Sólo se cortaría el beneficio si perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. La ley, que fue impulsada por Daniel Arroyo (UP) suma un aporte similar a personas con estas condiciones mayores de 70 años.
El capítulo que concentra el respaldo de casi todo el recinto es la actualización de las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado. La ley las indexa por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Se suma una compensación con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha. Además de los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud), la norma involucra a las obras sociales y prepagas que siguen los valores de la ANDIS.
Cuando se trató en Diputados, el proyecto fue aprobado con 148 votos, que resultaron dos tercios de los presentes porque hubo 34 ausentes, que son quienes este miércoles definirán si la ley se elimina definitivamente. La llave la tienen figuras del PRO que están lejos del Gobierno, como Emmanuel Biachetti, Álvaro González y José Núñez. Tampoco participaron de aquella sesión algunos radicales violetas (Martín Arjol), exlibertarios del MID y partidos provinciales de Salta y Misiones.
El veto también están en manos de las tres abstenciones que hubo ese día. Fueron las de Karina Bachey (PRO), Alejandra Torres (Córdoba) y el entrerriano Francisco Morchio (EF). Los dos primeros votarían en contra de la decisión de Milei.
El aumento jubilatorio incluye una suba del 7,2%, que tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de enero de 2024. Además, se contempla la indexación mensual por inflación, que rige por DNU desde el año pasado. La ley sube el bono que cobran los jubilados de 70 a 110 mil pesos y lo incorpora al haber jubilatorio, para que sea parte del índice de movilidad.
El proyecto se aprobó en la cámara baja con 142 votos, 67 en contra y 19 abstenciones, la mayoría del PRO y la UCR, que serán los que definan este miércoles si prospera o no el veto. En la decisión, además, puede influir el último capítulo del proyecto, que contempla acelerar los pagos a las cajas jubilatorias de las provincias. Se trata de una obligación que tiene el gobierno por ley pero rara vez cumple.
Si este veto queda firme será la segunda vez que Milei logra evitar una suba de jubilaciones por ley, porque el año pasado consiguió eliminar una ley similar. La moratoria, en tanto, se prorroga por dos años en la norma sancionada, que difícilmente se sostenga. Quienes no cumplan los 30 años de aportes, deberán conformarse con la pensión universal, que es el 80% de la jubilación básica. Nada más.
