Fue convertida en ley con 55 votos a favor y ningún rechazo. El oficialismo se fue del recinto. En Diputados también había tenido mayoría especial.
El bloque Unión por la Patria, clave en la oposición.
Javier Milei pisó en falso en el Congreso con un tema que tal vez le complique como pocos la campaña electoral. El Senado sancionó la ley de emergencia en discapacidad, que crea nuevas pensiones y actualiza las prestaciones. Hubo 55 votos a favor y ningún rechazo, una mayoría de dos tercios que alcanzaría también para rechazar un eventual veto presidencial.
Como en la cámara baja el proyecto se aprobó también con esa supremacía de votos, Milei debería revertir algunas voluntades en caso de no querer aplicar la ley, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso tiene sólo un 0,3% del PBI de costo fiscal. La amplia mayoría en el Senado se alcanzó con Unión por la Patria, Unidad Federal, partidos provinciales de Santa Cruz y Misiones; y sectores de la UCR y el PRO, que volvieron a dividirse.
La larretista Guadalupe Tagliaferri y el excaputista Beatriz Ávila votaron a favor; mientras que en el radicalismo sólo se fueron para no expresarse Víctor Zimmermann (Chaco); la dupla mendocina Mariana Juri y Rodolfo Suárez (no fue a la sesión) y la entrerriana Stela Olalla, cercana al gobernador Rogelio Frigerio.
La Libertad Avanza dejó sus bancas vacías. A diferencia de la votación sobre jubilaciones, sí pudo utilizarse el tablero electrónico. Nadie supo explicar cómo el sistema se rompió y se reparó tan rápido. En UP preparan un pedido de auditoría.
No prosperó la presión de la Casa Rosada para que mandatarios menos hostiles frustraran la votación. De hecho, al inicio de la sesión el oficialismo declaró invalidos los dictámenes, la moción se puso a consideración del recinto y el resultado fue categórico: 42 votos a favor de la legitimidad de los documentos y 17 en contra.
El proyecto convertido en ley fue redactado por el diputado de UP Daniel Arroyo y contempla indexar las prestaciones por discapacidad por el índice de movilidad jubilatoria, que desde el año pasado toma como referencia a la inflación. Además, se incluye una compensación a los prestadores con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha.
Se trata de nomecladores que son tenidos en cuenta en los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud), pero también son referencia de las obras sociales y prepagas, que siguen los valores fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). No así las prestaciones provinciales.
La ley realiza, además, una revisión de las pensiones por discapacidad, que el Gobierno dejó sujetas a una auditoría que nunca finalizó. También se crea una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. Sólo se cortaría el beneficio si perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. Se suma un aporte similar a personas con estas condiciones mayores de 70 años.
El proyecto se aprobó el 4 de junio en Diputados y tuvo un tratamiento exprés en la comisión de Población y Desarrollo del Senado, a cargo de la camporista entrerriana Stefanía Cora. "Pudimos construir la certeza de que este expediente es una urgencia. El Estado está en deuda con las personas con discapacidad. Entendemos que es necesario que hoy se apruebe. Esta ley pone requisitos claros y exige auditorías", sostuvo la senadora de UP.
La norma también facilita la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuyos trámites se complicaron desde que Milei es Presidente. "El trámite con el CUD es hoy toda una complicación y este proyecto de ley propone una metodología en este sentido", sostuvo Fernando Salino, de UP.
El Gobierno no pudo postergar el tratamiento de este proyecto y se quedó sin socios para evitar una mayoría categórica en contra. Tal es así que Luis Juez, del PRO, quien se jacta de hablar a diario con Milei, no ayudó con el cuórum, pero luego votó a favor. Antes, fue clave para que la iniciativa no quede para el final de la sesión.
"Alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden decir. Esta ley de emergencia en discapacidad mínimamente, porque ni siquiera es una reparación, intenta darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento", expresó el cordobés.
El radical Pablo Blanco fue junto a Lousteau la única figura de ese bloque que fue a la comisión de Presupuesto a firmar el dictamen, en una reunión autoconvocada que el Gobierno desconoce y es el motivo que usó para impugnar la sesión. "El Estado debe atender. La mayoría de las familias con este tipo de dificultades no tienen los ingresos suficientes para la educación y la salud de sus hijos", señaló el fueguino.