Patricia Bullrich es la única figura del Gabinete de Javier Milei que pudo acelerar sus proyectos en el Congreso: en Diputados se dictaminó la modificación del Registro de Datos Genéticos y el plan de regularización de armas. Habrá un intento por despachar la ley antimafia, la ampliación de causales de legítima defensa y la de maltrato animal, conocida como “Ley Conan”.
Este último proyecto fue presentado por el diputado Damián Arabia, cercano a Bullrich, y se lo llama así por el nombre del perro preferido del Presidente. Contempla penas de prisión de seis meses a cinco años y multas de 5 a 30 salarios mínimos para quien provoque malos tratos o “actos de crueldad” contra los animales.
También eleva de seis meses -hoy es de tres- a seis años y una multa de 100 a 200 salarios por matar a un animal por perversión.
La iniciativa surgió luego de que, en enero, Milei difundiera en su cuenta de la red social X un video con un micro escolar que atropelló y mató a un perro en Lanús. Hay un proyecto similar de Pablo Juliano (UCR), pero con penas de hasta tres años de prisión. La diferencia no es menor: a partir del cuarto año de condena, la pena no es excarcelable.
El tema será tratado el miércoles a las 11 en la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (PRO), cercana a Bullrich y a cargo de acelerar sus temas.
A las 11.30 del miércoles, esa comisión y la de Seguridad Interior volverán a debatir la ley antimafia, un proyecto que implica penas únicas para delitos encadenados, por pertenecer a una organización mafiosa.
La agenda de Patricia Bullrich
Rodríguez Machado no tiene previsto buscar dictamen de la ley de maltrato animal ni de antimafia esta semana, sino sondear qué consensos hay para firmar. En esta última, la diputada confía en que haya un acuerdo para tomar una medida que facilite las investigaciones de las organizaciones de narcotráfico de Rosario.
De hecho, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó en uno de los plenarios de comisiones, respaldó la iniciativa, pero sostuvo que tiene “un exceso de garantismo”, una crítica que no imaginaba Bullrich.
Su ministro de Seguridad, Pablo Cococcini, también apoyó la iniciativa de la excandidata presidencial. “Es imperativo contar con herramientas de investigación y persecución penal amplificadas para este tipo de organizaciones”, sostuvo en aquella reunión de comisión.
En una situación más complicada están los proyectos para aumentar penas por reincidencia o para modificar la ley orden público, que incluye incrementos de casos de legítima defensa, cuyo contenido Bullrich incorporó en la primera versión de la ley Bases, en enero, pero fue borrado por pedido de la UCR.
Consiste en sumar causas que permiten el uso de armas, como el cumplimiento del deber. De esa manera, quedarían eximidos policías que actúen como Luis Chocobar, condenado por tirar por la espalda a un ladrón. Este año la Cámara de Casación anuló su condena. Aun así, la mayoría de la UCR no están de acuerdo.
Banco genético y armas, dictaminados
Mientras el Senado debatía la Ley de Bases, Rodríguez Machado logró dictaminar dos proyectos enviados por Bullrich. Fueron los únicos de la cámara baja que lograron pasar una comisión, junto a tratados internacionales.
Uno de los que avanzó es la modificación del Registro nacional de Datos Genéticos, que en la actualidad sólo almacena información sobre delitos sexuales. El proyecto propone que resguarde además información genética de todos los delitos, incorporando como elemento probatorio el ácido desoxirribonuleico, conocido como ADN. El dictamen no tuvo las firmas de Unión por la Patria, que presentó uno de minoría, donde especifica el financiamiento.
El bloque peronista tampoco quiso firmar el dictamen que extiende el programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. Pretendían que las armas sean entregadas mientras se complete el trámite. El proyecto quedó listo para tratarse.