CONGRESO I DIPUTADOS

Ley ómnibus: tras la represión en la plaza, la UCR le voltea reformas a Patricia Bullrich

Aumento de penas y legítima defensa, ¡afuera! La detención de una militante radical rompió el diálogo. Libertad de acción en privatizaciones.

La represión que aplicó durante las tres jornadas de debate del proyecto de ley ómnibus podría dejar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin el capítulo que incluyó en esa iniciativa, que contempla la suba de penas por interrumpir el tránsito o resistirse a la autoridad y nuevos casos de legítima defensa. La mayoría de los integrantes del bloque UCR en Diputados se resiste a aprobarlo y la negociación se complicó luego de la detención en inmediaciones del Congreso de la militante radical Ivana Bunge.

Esa fue una de las conclusiones de la reunión que tuvo este lunes la bancada conducida por Rodrigo De Loredo para repasar la votación en particular de los más de 300 artículos del proyecto, que se inicia este martes y podría durar varios días.

En otros temas hay acercamientos, como en las privatizaciones. El diputado Facundo Manes volvió a faltar, luego de desmarcarse de sus pares y votar en contra del proyecto en general, junto a su protegido Pablo Juliano. El termómetro, de todos modos, está en la negociación por la coparticipación del Impuesto PAIS entre el presidente Javier Milei y los gobernadores. De seguir sin producirse, la sesión tendrá una hoja de ruta incierta.

El capítulo de seguridad se convirtió en el más resistido por el radicalismo. Como había adelantado Letra P, antes de la sesión, los referentes del bloque reprocharon al asesor presidencial Santiago Caputo los errores jurídicos de la redacción de Bullrich. “Corrijan, confío en ustedes”, respondió el funcionario.

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Al inicio de la sesión, el oficialismo anunció que se eliminarían los artículos que castigaban a organizadores de manifestaciones. En la UCR consideran que fue un error grosero de la ministra. “Si las protestas están protegidas por la Constitución, no se puede penar a quien la organiza”, repiten en el partido centenario.

En el bloque tampoco están de acuerdo con los otros fragmentos de la sección, como son la suba de penas por interrumpir el tránsito o resistirse a la autoridad. En el primer caso, dejaría de ser excarcelable y en la UCR consideran que aportaría a la desproporción de las penas que ya existe en el Código.

Tampoco hay consenso en implementar nuevos casos de legítima defensa, entre otras cosas para habilitar el gatillo fácil a policías en casos de fuga, como fue el caso del ex efectivo Luis Chocobar, un protegido de Bullrich.

Además de las diferencias de técnica legislativa, la ministra no logra negociar con la UCR por la detención de Bunge, quien fue aprehendida junto a otras tres mujeres por la policía federal mientras cantaba el himno nacional en las adyacencias del Congreso. Tal es así que, al cierre de esta nota, sólo ocho de los 34 miembros de la bancada garantizaron el voto para el capítulo de seguridad. No alcanzan para que llegue a una mayoría en el recinto.

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El presidente de la UCR, Martín Lousteau, es uno de los que promueve el boicot a Bullrich. La semana pasada consideró su accionar un “peligroso avance represivo”. Si bien Milei protege a la funcionaria, no ordenó defenderla a sus funcionarios que negocian en el Congreso y su capítulo podría caerse en su totalidad.

Privatizaciones, deuda y FGS

La reunión de la UCR tuvo avances en otros temas troncales del proyecto, como privatizaciones. La mayor parte de la bancada acepta la contrapropuesta del Gobierno, que incluye la reducción de 36 a 27 empresas a vender la totalidad de las acciones, divididas en cuatro paquetes. También se empodera a la bicameral de Modernización del Estado y seguimiento de las privatizaciones. Un grupo pide mayor transparencia y la intervención de la Auditoría General de la Nación.

De todos modos, no hay unanimidad: hay un grupo liderado por Julio Cobos que insiste en pedir una ley por cada venta y entabló contactos con el bloque de Córdoba. Por lo pronto, sobre privatizaciones, en la UCR habrá “libertad de acción”. Una moneda en el aire.

El radicalismo sigue trabando la habilitación a Milei para tomar deuda en dólares sin pedirle autorización al Congreso. En la última negociación, con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, solicitaron tener al menos la chances de intervenir en casos de default. El presidente no quiso.

Otro tema de discordia entre los radicales es la continuidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Junto a la votación en general, se eliminó el artículo que habilitaba la liquidación de las acciones en empresas que tiene el FGS y se sostuvo otro que deroga el decreto de su creación.

La maniobra la orquestó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, para gestionar que los flujos del fondo puedan usarse para financiar los déficits de las cajas previsionales armonizadas. Por si acaso, en la UCR ratificaron que defenderán la continuidad del FGS y sólo aceptan consolidar su deuda con el tesoro. Saben que ese y otros teman tendrán un desenlace voto a voto.

Miguel Pichetto, Oscar Carreño e Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Federal), hablan con Cristian Ritondo y Diego Santilli (PRO), durante el debate de la ley ómnibus. 
Reunión de gobernadores con Javier Milei.

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