La cesión de escuelas, el rol del Arzobispado y el plan para mudar la cita a Buenos Aires desataron cruces entre el PJ y la izquierda. Se cuela el '27.
Conferencia de prensa del 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries en Córdoba.
Foto: prensa Encuentro Plurinacional.El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries en Córdoba expone internas organizativas. Mientras el peronismo respalda la logística acordada con Martín Llaryora, la izquierda y sectores autoconvocados son críticos de la gestión cordobesista, del ajuste nacional de Javier Milei y de la Iglesia.
La principal brecha ideológica reside en el grado de autonomía frente al Estado. Sectores peronistas y movimientos sociales defendieron las mesas de diálogo interministeriales para garantizar escuelas, salud y transporte público gratuito para el 10, 11 y 12 de octubre. En contraposición, los partidos de izquierda y sectores feministas no partidarios acusan al bloque peronista de actuar como un amortiguador político para resguardar la figura del gobernador.
En la trastienda asamblearia, la tirantez derivó en extensos debates sobre viandas veganas, la ubicación del escenario o el trazado de la marcha frente a la Catedral. Además, se suma la puja por la próxima sede en la Ciudad de Buenos Aires: se debate adelantarla a julio para evitar que la izquierda instrumentalice el evento en el año electoral a favor de Myriam Bregman y despejar la movilización del escenario "represivo" porteño.
La principal brecha conceptual reside en la relación y el grado de autonomía respecto de las instituciones estatales. Sectores del peronismo amplio, el kirchnerismo y movimientos sociales vinculados al trabajo territorial (como el Movimiento Evita, el MTE, La Cámpora, MuMaLá y Barrios de Pie) abogaron por tejer instancias de diálogo mediante mesas interministeriales y municipales. Desde su perspectiva, esa articulación posibilitó resolver cuestiones operativas centrales, como la cesión de escuelas para alojamiento y talleres, insumos sanitarios, transporte y dispositivos de seguridad.
Sin embargo, para los partidos de la izquierda (PTS, MST, Partido Obrero, Las Rojas) y grupos de militantes independientes, esta proximidad erosiona el perfil combativo del encuentro. Las activistas sin encuadre partidario denuncian una creciente burocratización de las plenarias, donde los bloques orgánicos apelan a dinámicas de "aparato" para imponer vocerías, votar resoluciones logísticas e influir en la redacción de los documentos.
Paralelamente, la izquierda acusa al bloque peronista de operar como un agente de contención del gobierno provincial para amortiguar las críticas a la gestión de Llaryora y centrar la artillería discursiva exclusivamente contra el ajuste nacional de “Javier Milei y la extrema derecha que pretenden ir en contra de las reivindicaciones de las mujeres y las disidencias”, indican en consonancia desde la Comisión Organizadora (CO) del Encuentro.
Las tensiones en la trastienda asamblearia se manifestaron en debates cotidianos que demandaron largas horas de discusión. Entre los reclamos elevados, figuraron pedidos como partidas de viandas exclusivamente veganas bajo una línea antiespecista y la provisión de 5.000 copas menstruales.
Para las organizaciones de la economía popular y de los barrios golpeados por la crisis alimentaria, este tipo de planteos generó un choque con la realidad territorial y desvió la atención de las necesidades operativas urgentes.
La elección del escenario de apertura fue otro motivo de enfrentamiento ideológico y de accesibilidad. Mientras las agrupaciones de feminismo popular proponían instalarlo en el Parque Sarmiento debido a la disponibilidad de sombra, espacio y mejores condiciones para personas con discapacidad o movilidad reducida, los sectores de izquierda e independientes terminaron imponiendo la avenida Hipólito Yrigoyen. La decisión generó malestar entre quienes advirtieron que la avenida constituye un corredor sanitario restringido, desprovisto de sombra y con escasa comodidad para las asistentes.
La discusión, con argumentos, no terminó allí. Mientras un sector proponía orientar el escenario hacia la Ciudad Universitaria (mirando al sur) para agilizar el descenso y estacionamiento de los colectivos de las delegaciones, la postura que terminó prevaleciendo exigió orientar las pantallas hacia el casco céntrico (mirando al norte, en dirección al Patio Olmos).
El argumento de este bloque buscó enlazar la apertura con los nodos neurálgicos de la movilización urbana (como la Plaza de la Intendencia, el Paseo Sobremonte y La Cañada) y reivindicar la zona frente al Museo de Antropología como un punto histórico de resistencia feminista, sitio emblemático de vigilias por el aborto legal y lecturas públicas contra la censura.
La Iglesia, y el paso por su edificio más importante, también contempló un choque de visiones. Quienes defienden marchar frente a la Catedral sostienen que el peso de la Iglesia Católica sigue siendo gravitante en la oposición a los derechos de las mujeres y disidencias, señalando además la impunidad en casos de encubrimiento de abusos sexuales en las infancias y la carga simbólica de la inminente visita del Papa a la provincia. Para estos sectores, la crítica no apunta a la fe individual sino a la institución eclesiástica, a la que denuncian como responsable histórica y activa de múltiples formas de violencia contra sus vidas.
En la vereda opuesta, el feminismo territorial y las organizaciones populares rechazan esa estrategia. Desde los movimientos comunitarios argumentan que, en las barriadas de la provincia, referentes eclesiales como el padre Pablo Viola, coordinador de la Pastoral de Adicciones y de la red de Hogares de Cristo, o el padre Mariano Oberlín, reconocido su intensa labor social y comunitaria en los barrios vulnerables de la ciudad como Müller y Maldonado, son aliados estratégicos en la contención del consumo problemático y en el combate diario, cuerpo a cuerpo, contra las bandas del narcotráfico.
A esto suman el rol institucional del cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, una figura clave que se ha manifestado de manera crítica contra las políticas de exclusión de Milei y que figura como uno de los grandes articuladores de la histórica llegada del papa León XIV a la provincia en noviembre. Por ello, para evitar provocaciones frente a la Catedral que opaquen el trabajo territorial, sectores evalúan desencolumnarse antes de llegar al templo si la izquierda impone ese recorrido.
Otro de los frentes de conflicto abierto en la mesa de discusión es la definición de la sede para el próximo encuentro. La propuesta que cobra más fuerza es mudar la movilización a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque la disputa pasa por la fecha. Sectores de la organización pujan por realizarlo en julio y no en el histórico mes de octubre.
Por un lado, se argumenta que adelantar la fecha busca evitar que las facciones de la izquierda utilicen el evento masivo como plataforma de campaña política en favor de sus candidaturas, como la de la diputada Bregman, en la previa del calendario electoral nacional.
Por otro lado, la fecha de julio busca despegar la movilización del clima proselitista de octubre, una cautela compartida por varias corrientes que consideran poco conveniente hacer el encuentro en la capital en pleno mes de comicios.
De fondo, la apuesta política de llevar un millón de mujeres a las calles porteñas apunta a propinar un golpe de efecto contra el gobierno nacional en su propio territorio, en una plaza como la capital federal que no albergaba la cita desde mayo de 1986 y junio de 1996, y donde el desafío principal será copar el espacio público y evitar escenarios de represión policial.
Entre las tensiones con el Estado, las disputas por el recorrido de la marcha y las especulaciones sobre la próxima sede, la diversidad de espacios acuerda un piso de coincidencia central: hacer frente al avance de los discursos de odio y construir una trinchera común frente al ajuste. Más allá de la interna asamblearia, la urgencia de exigir presupuestos para erradicar la violencia patriarcal, frenar la pobreza y frenar el endeudamiento inclinaron la balanza hacia la unidad en las calles.
