El cordobesismo le cobra la factura a Rodrigo de Loredo por la salida de Cañito Flores y presiona sobre la dirigente boinablanca. La réplica opositora.
El PJ dejó sin cuórum la sesión de este miércoles en la Legislatura de Córdoba
El bloque que responde al gobernador Martín Llaryora en la Legislatura de Córdoba decidió levantarse y dejar sin cuórum la sesión de este miércoles con el objetivo directo de forzar el apartamiento de su banca de la legisladora de la UCR Alejandra Ferrero, alfil del candidato provincial Rodrigo de Loredo.
En la mesa chica del oficialismo no hay margen para el diálogo. No retomarán la actividad legislativa hasta que la referente radical estampe su firma en el pedido de licencia, acorralada por la causa judicial que involucra a su exasesor Omar Ludueña, imputado y detenido por abuso sexual.
La paralización del recinto se lee como la determinación expresa del cordobesismo de cobrarse una vieja factura. A finales de agosto, De Loredo y la bancada boinablanca que conduce Matías Gvozdenovich habían lanzado una embestida frontal contra la vicegobernadora radical aliada al PJ, Myrian Prunotto. Pidieron su juicio político tras la renuncia del legislador Ramón Cañito Flores por los delitos de corrupción de menores imputados a uno de sus asesores.
En aquel momento, desde la tropa schiarettista el legislador Leonardo Limia, referente de la senadora Alejandra Vigo, tildó el movimiento radical de "payasada", pero al mismo tiempo marcó la cancha sobre los controles en la Unicameral.
A mediados de septiembre, el propio Limia decidió girar la pelota y mover las fichas solicitando formalmente el apartamiento de Ferrero mientras la Justicia investigaba los hechos. Lo que en su momento fue leído como una estocada del viguismo para marcar agenda ética, devolver el impacto contra Prunotto y golpear a la conducción opositora, con el paso de las semanas fue asimilado por todo el dispositivo del gobernador Llaryora.
Para justificar el costo político de congelar el parlamento provincial, Hacemos Unidos por Córdoba difundió un duro comunicado que dejó asentado que decidieron no dar cuórum "ante la falta de una acción institucional concreta por parte de la Unión Cívica Radical frente al caso Omar Ludueña".
El bloque argumentó que desde el inicio sostuvieron que la legisladora Ferrero debía solicitar licencia o dar un paso al costado mientras avanzara la investigación, remarcando que no se trata de una condena anticipada sino de un gesto de respeto hacia la víctima y de resguardo de la propia Legislatura.
A la hora de apuntar hacia la conducción radical, el texto advierte que siguen existiendo interrogantes y puntos oscuros sobre cuándo se tomó conocimiento de los hechos, quiénes estaban al tanto y cómo se actuó, enfatizando que no alcanza con el silencio ni con intentar pasar de página.
En ese sentido, la carga política escaló hacia la cima partidaria al señalar que la responsabilidad no termina en Ferrero. Cuestionaron a De Loredo y a la conducción de la UCR por supuestamente conocer el caso y no haber impulsado el apartamiento exigido, configurando - insisten- "una complicidad política preocupante que los llevó a levantarse de la sesión".
En diálogo con Letra P, la legisladora Ferrero cruzó con dureza la maniobra del oficialismo y denunció que el vaciamiento del recinto excede una simple disputa política. "Mi punto de vista es que esto no solamente es una persecución política, es un ataque institucional, un atropello y un bloqueo democrático donde amenazan la continuidad de las sesiones pidiendo una licencia", advirtió.
En ese sentido, rechazó de plano los intentos de equiparar su situación con otros escándalos recientes: "Tratan de embarrar y de comparar casos que son absolutamente distintos porque obramos absolutamente distinto. Nosotros fuimos a la Justicia el mismo día y tenemos las pruebas; si ellos tienen pruebas, que las demuestren, pero claramente no las tienen y no resisten a un debate parlamentario".
Asimismo, la referente radical apuntó al corazón de la estrategia del oficialismo provincial para justificar la parálisis de la Unicameral. "Creo que es el modus operandi que tiene el peronismo para tratar de silenciar a legisladores de la oposición y ponerle el candado a esta Legislatura para que no se debatan las leyes que le importan a los cordobeses. Es una vergüenza que los cordobeses les paguen el sueldo y el peronismo no quiera sesionar y trabajar", remató Ferrero, dejando en claro que no piensa ceder ante la presión de Hacemos Unidos por Córdoba para abandonar su escaño.
La respuesta opositora no tardó en escenificarse en el recinto y en una conferencia de prensa en los pasillos del palacio legislativo, la tropa opositora se abroqueló detrás de Ferrero con la presencia de referentes de peso como Oscar Agost Carreño (PRO), Nancy Almada (Frente Cívico), y el libertario Gregorio Hernández Maqueda, entre otros.
Fue precisamente Hernández Maqueda quien asumió la voz cantante para disparar contra la estrategia del oficialismo provincial. "Martín Llaryora quiere reinar como un dictador. Esta es una fase más en un golpe a la voluntad democrática del pueblo", lanzó el legislador alineado a las ideas de Javier Milei.
En su mensaje, rechazó de plano las equivalencias planteadas por el PJ entre este caso y los antecedentes que sacudieron al oficialismo: "No hagan una falsa equivalencia entre un legislador totalmente corrupto -en referencia a Flores- que tenía una red de trata y pedofilia a su mando, con la actitud ejemplar desde el punto de vista ético y republicano que ha tenido una legisladora respecto a un empleado de planta permanente de esta Legislatura que no era contratado por ella".
En los pasillos del recinto recuerdan la salida preventiva de legisladores como el propio Cañito Flores tras el escándalo en su despacho, mientras que en el Concejo Deliberante y el Palacio Municipal la vara del apartamiento preventivo o la renuncia directa se aplicó sin matices ante casos de alto impacto mediático, como la salida del exconcejal Ricardo Moreno tras quedar vinculado a expedientes complejos como la imputación de Claudio Barralier por el femicidio de Agostina Vega.
El oficialismo dejó en claro que mantendrá la parálisis legislativa hasta que la dirigente radical acepte la licencia. Lo que comenzó a finales de agosto como una ofensiva radical contra Prunotto y derivó en septiembre en un proyecto del viguismo mutó en una prueba de fuerza total: mientras la oposición denuncia un atropello al voto popular y a la institucionalidad, el llaryorismo promete no aflojar la soga hasta cobrar la pieza política que reclama en la Unicameral.
