El ministro de Seguridad hizo un guiño a la iniciativa de Gregorio Hernández Maqueda. Iglesia, cooperativas y una comisión sin mando traban la nueva normativa.
Juan Pablo Quinteros, Myrian Prunotto y legisladores de Córdoba
El Ministerio de Seguridad de Córdoba, con Juan Pablo Quinteros al frente, busca instalar una urgencia social que fuerce a la Legislatura a debatir un proyecto con más ADN liberal que tradición del PJ provincial: la prohibición o regulación de los naranjitas, como se denomina a los cuidacoches.
La estrategia de la escudería que responde a Martín Llaryora es apoyarse en el segundo proyecto presentado por el legislador del bloque Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, aún sin tratamiento parlamentario, para introducirle modificaciones. No se descarta que el peronismo avance con un dictamen propio, que incluya también a los limpiavidrios.
El debate quedó congelado a fines del año pasado cuando la Iglesia católica de Córdoba intervino públicamente. En la última sesión legislativa, en vísperas de Año Nuevo, un comunicado eclesiástico activó una reacción inmediata: postergar el tratamiento para 2026, tal como lo anticipó Letra P. Con el calendario legislativo en marcha, el oficialismo intenta ahora reactivar un tema sensible de la agenda de seguridad, también para el cordobesismo que tiene posturas dividas con respecto al tema.
El dato político es el alineamiento del oficialismo con la receta de Hernández Maqueda. El proyecto del legislador opositor fue el que marcó la cancha, con una prohibición absoluta y la premisa de que el Estado no puede delegar el control del espacio público. La diferencia de fondo entre ambos esquemas pasa por el control de la calle.
El texto del legislador neolibertario plantea la prohibición total de que cualquier persona privada -que no sea un funcionario designado por el Estado- pueda exigir dinero en la vía pública por estacionamiento o cuidado de vehículos. El esquema elimina la participación de cooperativas, hoy vigentes en la ciudad de Córdoba, aunque habilita que esa tarea quede en manos de inspectores municipales.
“Se puede abrir concurso para eso y, si aplica un naranjita, que quede”, señaló Hernández Maqueda a Letra P una posible solución
El “plan Quinteros”, en cambio, no busca desmantelar el sistema sino recortar la ilegalidad, manteniendo la potestad de los municipios para otorgar autorizaciones. El modelo de cooperativas funciona hoy como un dique de contención política y social para El Panal, como se conoce al Centro Cívico de Córdoba.
Para Hernández Maqueda, la cooperativa es una “extorsión legalizada”. Para el oficialismo, es la frontera entre un orden regulado y los episodios de violencia e inseguridad que nutren los partes policiales y la crónica diaria.
Un segundo foco de conflicto podría emerger si el proyecto oficialista no incorpora uno de los ejes centrales del texto libertario: la reinserción obligatoria, con capacitación en oficios y rehabilitación de adicciones, financiada con presupuesto específico.
Esa reconversión laboral no figura en el predictamen peronista. Sin embargo, el propio Hernández Maqueda sostuvo que no sería un obstáculo incorporarla si hubiera voluntad política.
Pese al apuro por sostener el tema en agenda -con los datos de baja del delito relevados por el Observatorio de Seguridad y Convivencia (COPEC) como respaldo-, el trámite legislativo quedó atrapado en un limbo institucional.
El oficialismo tiene decisión política, pero hoy carece de arquitectura parlamentaria. La salida de Nadia Fernández de la Unicameral para sumarse al Ministerio de Justicia dejó acéfala la Comisión de Seguridad.
Sin una presidencia que ordene el debate, el proyecto que apunta a endurecer el Código de Convivencia permanece en pausa. Según admiten en el oficialismo, será el gobernador quien defina a la persona que reemplazará a Fernández, quien además ocupaba la vicepresidencia de la Legislatura.