El ministro de Seguridad se convirtió en el blanco y suma 28 expedientes. El menú de pedidos de informes. La respuesta: perfil cada vez más alto.
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba.
Juan Pablo Quinteros en un acto de entrega de insumos para las fuerzas
Foto: prensaCon el alzamiento policial en Santa Fe, la seguridad vuelve al centro. En Córdoba, Martín Llaryora sigue el conflicto vecino y monitorea reacciones locales. Hay un marco legal preventivo que incluye sanciones a quienes incumplan sus funciones y un proceso de inversión. Pese a los tiempos turbulentos, Juan Pablo Quinteros se consolida como el pararrayos predilecto de la oposición.
El titular del Ministerio de Seguridad es el funcionario que mayor volumen de expedientes críticos acumula en su contra desde el inicio de la gestión cordobesista, según consta en los expedientes del área de Gestión Legislativa de la Unicameral.
La Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico (FC), el PRO, Encuentro Vecinal y el Frente de Izquierda, son los bloques que, desde el inicio de la gestión, apuntaron las miras contra el funcionario. Este portal contabilizó al menos 28 proyectos legislativos entre pedidos de informes, de renuncia y citaciones dirigidos al ministro llaryorista, sin contar lo que refieren de manera general a la cartera de Seguridad.
Tras la polémica por la compra frenada de los drones por parte del Tribunal de Cuentas, la oposición sigue contándole las costillas. El actual ministro, que supo ser espada de Luis Juez antes de saltar al esquema cordobesista, enfrenta un nuevo flanco por irregularidades en otra licitación.
Mientras que para el oficialismo es una pieza clave con proyección hacia 2027; para sus exsocios y el resto del arco opositor se visualiza como el blanco móvil perfecto para intentar desgastar la gestión del Partido Cordobés. "Debe ser el ministro que más requerimientos tuvo en toda la historia de la Legislatura", advierten en el riñón del poder cordobesista.
La estocada más reciente proviene del radicalismo, con un pedido de informes de la legisladora Alejandra Ferrero que pone la lupa sobre la seguridad privada en los hospitales provinciales, que involucra unos $20.000 millones anuales.
La sospecha recae sobre la adjudicación a la firma COPS, una joven agencia que convive en la licitación con gigantes del rubro como Bacar e Inforce, pero que presenta rasgos administrativos llamativos: una estructura declarada mínima de apenas tres empleados y una presencia digital que recién se materializó en 2025. “Demasiadas señales de empresa fantasma”, expresó el alfil de Rodrigo de Loredo en la Legislatura que, aún, aguarda respuesta oficial.
Hay otros episodios que apuntan al funcionario cordobesista. El incendio en la sede del APROSS no solo generó que la oposición pidiera la creación de una comisión investigadora, sino que Quinteros y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, dieran explicaciones sobre los protocolos de siniestros, reavivando expedientes previos pausados en la Unicameral.
Antes del siniestro, la UCR ya había avanzado con pedidos de informes sobre los actos administrativos y las investigaciones judiciales por delitos por presunta defraudación en perjuicio de la obra pública.
El incendio fue leído por sectores del juecismo como un hecho "oportuno" para la destrucción de documentación sensible, lo que elevó la temperatura de la interpelación legislativa. El neolibertario Gregorio Hernández Maqueda denunció "cajas negras". Esos pedidos lograron el respaldo del juecismo, el radicalismo, el PRO, Encuentro Vecinal y el MST en el FITU.
La presión sobre el Ministerio de Seguridad no solo llega por el lado de las contrataciones, sino también por los sucesos de la crónica policial. El Frente Cívico, en 2024, apuntó a Quinteros por una licitación de 400 vehículos para la Guardia Urbana con un valor por unidad de $38 millones, alegando un precio superior al de mercado.
Sin embargo, el precedente más fuerte fue el escándalo de la Policía Caminera, cuyo jefe, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, fue detenido a mediados de 2025 acusado de liderar una asociación ilícita. Él y otros policías fueron imputados de delitos de asociación ilícita, coacción, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento.
En esa ocasión, el presidente del bloque juecista, Walter Nostrala, pidió la renuncia de Quinteros indicando que la Policía de Córdoba estaba marcada por una "corrupción estructural enquistada".
Hernández Maqueda, en este hecho, solicitó la citación del funcionario. No fue la única presentación del neolibertario: estadísticas sobre cuidacoches y limpiavidrios, sobre el programa Ojos en Alerta la cantidad de móviles y armas no letales entregadas en proceso de capacitación de funcionarios municipales. También se pidió información sobre las empresas de seguridad privadas y sobre el robo de cubiertas y autos, todas ellas acciones que impulsó el exlilito desde su monobloque Mejor Futuro.
Por su parte, el PRO, con el acompañamiento de varios bloques, citó al ministro para que informe sobre políticas de su área en virtud de los numerosos casos de inseguridad.
El Frente de Izquierda-Unidad (FITU) ha centrado sus críticas en el protocolo de actuación policial frente a la protesta social, tras la represión a las centrales obreras donde resultó lesionado y detenido el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
Frente a este cerco político, el Centro Cívico fortalece su defensa final basada en el rigor estadístico del Consejo para la Planificación Estratégica (COPEC). Para el gobierno, los informes de este organismo -que muestran mejoras en indicadores de criminalidad y una mayor eficiencia en el despliegue territorial- funcionan como el argumento para neutralizar (parte) de las críticas.
El oficialismo apuesta a que el dato duro valide la efectividad de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana y logre opacar el ruido de las licitaciones y las polémicas administrativas.
Al dato se le suma el despliegue escénico: la foto de Llaryora caminando a la par de su ministro no solo ratifica la línea de gestión, sino que blinda el capital político de un Quinteros que se mueve como una pieza central del gobierno.