En el Centro de Justicia Penal de Rosario hasta ahora los veredictos están reservados a magistrados.
Uno de los aportes llamativos en el discurso inaugural como gobernador de Maximiliano Pullaro fue el impulso que tendrá en la provincia el sistema de juicio por jurados, cuestión que mencionó al abordar la conflictividad social y penal. Una herramienta moderna, que distritos de peso como Buenos Aires y Córdoba ya utilizan, pero que en Santa Fe fue persistentemente bloqueada por el Senado.
Pullaro está poniendo en marcha una serie de reformas que impactarán en la seguridad pública. De entrada anunció un refuerzo de la persecución del delito que, según espera, le permitirá en un trimestre doblar la presencia de la policía en las calles de Rosario y Santa Fe. Su mensaje no fue ambiguo. “Necesitamos a una policía en la calle cuidando a los vecinos que la están pasando mal”. Y advirtió: “Nuestras fuerzas de seguridad tienen un arma reglamentaria en su cintura y la van a utilizar en el uso progresivo de la fuerza”.
Es claro que el gobernador espera que eso se traduzca en un aumento de incidentes que involucren a policías en vía pública primero y en los trámites penales como efecto. Para esto último entiende que los complejos matices que se dan en situaciones de enfrentamiento donde hay disparos están en mejores condiciones de ser sopesados por el veredicto de un jurado ciudadano colectivo que por un juez o un tribunal.
El juicio por jurados está en la Constitución Nacional y es una herramienta ponderada en conflictos penales que involucran a la comunidad, de gravedad o de alto impacto social. No obstante, Pullaro piensa en un tipo particular de pleito derivado de lo que venga con policías volcados a las calles. Por eso en su discurso ante la Asamblea Legislativa citó un único ejemplo. El de Luciano Nocelli, un policía del Comando Radioeléctrico de Rosario que actuó, justamente, en un delito callejero.
Fue en mayo de 2019 cuando el policía les disparó a Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco tras un intento de robo y recibió una condena de 25 años de prisión. Según las defensas, Nocelli se involucró en un enfrentamiento, con cambio de disparos, cuando estas personas robaban a una mujer en el parque Irigoyen. La fiscalía sostuvo sin embargo que la acción del policía fue a quemarropa, lo que avalaba el registro de cámaras. Tres jueces penales de Rosario condenaron por unanimidad al policía. El equipo jurídico de Pullaro estima que el juicio por jurados podría producir un veredicto diferente en este tipo de casos.
En Santa Fe el juicio por jurados tiene todo dado para imponerse. Tiene consenso en amplias franjas del sistema penal, en las dos cámaras legislativas el gobernador debutante cuenta con mayoría y rige un sistema acusatorio que habilita la introducción del jurado popular.
Durante el gobierno de Miguel Lifschitz hubo un proyecto de reforma constitucional que lo contemplaba y un ánimo de integrar a doce representantes de la ciudadanía para dar sus veredictos, en el sentido de culpable/no culpable, en delitos de extrema gravedad o conmoción pública.
Hubo tres iniciativas recordadas en la provincia, todas muy semejantes. Una del exdiputado socialista Raúl Lamberto, otra en conjunto del senador de Juntos por el Cambio Hugo Rasetto y el diputado javkinista Ariel Bermúdez, y la restante del exdiputado peronista Leandro Busatto. Las tres fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, pero nunca pasaron el tamiz del Senado.
Los proyectos recogían casi los mismos detalles. Definían que para ser jurado casi no hay restricciones: tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir y comprender el español. Se proponía un cuerpo con paridad entre sus miembros y por ello están excluidos quienes la quiebren por el conocimiento que ostenten o su posición en la sociedad. Así quedaban impedidos los funcionarios políticos, los ministros religiosos, los abogados, escribanos, miembros de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados entre otros.
Las objeciones usuales sobre los jurados populares aluden a las carencias técnicas de un ciudadano común que no sabe nada de derecho. “Pero a los abogados en la Facultad de Derecho les enseñan sobre normas y no a valorar pruebas, que es algo que corresponde a la experiencia de vida y al sentido común. Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que el 97 por ciento de las veces lo mismo que resuelve un jurado popular lo habría resuelto también un juez técnico, porque lo que es evidente lo reconoce cualquiera”, dice Gustavo Franceschetti, exdefensor Regional de Rosario y miembro de la Asociación Nacional de Juicios por Jurados.
“En casos dudosos doce personas tienen más fuerza que un juez técnico. El valor de convicción de un veredicto de 12 personas es muy alto y la ciudadanía no lo cuestiona porque son doce pares elegidos casi al azar. Las cuestiones de derecho las manejan el fiscal, el defensor y los jueces. Se les explican reglas básicas al jurado y se les dan las posibilidades de veredicto. El derecho tiene que ser explicado de tal modo que lo entienda cualquiera”, dice Franceschetti.
Santa Fe es la única provincia argentina que no tiene juicios por jurados dice Andrés Harfuch, presidente del área de Juicio por Jurados del prestigioso Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
“Tres veces intentó Santa Fe tener su ley con aval de Diputados, pero la anterior conformación del Senado se lo impedía sistemáticamente. Lo único que va a hacer el gobernador Pullaro va a ser poner en sintonía a Santa Fe, que es la cuna de la Constitución nacional, con lo que su texto dice", explica Harfuch.
En su opinión, "está en óptimas condiciones para implementar el juicio por jurados populares: los partidos políticos mayoritarios están de acuerdo, el costo económico es marginal en relación a la legitimidad que cobran los fallos en casos complejos y el modelo santafesino de enjuiciamiento con audiencias favorece su arranque en poco tiempo”.
Actualmente son 11 las provincias del país que tienen esta modalidad. Incluso rige en la ciudad Rosario para juzgar contravenciones o faltas municipales.
Solo en Rosario se celebran unos 60 juicios orales y públicos por año. En la provincia de Buenos Aires son 180. Hay quienes ven al jurado como una regresión peligrosa en el sentido que los elegidos son influenciables y desconocen la ley. “Eso es un prejuicio elitista”, refuta Harfuch.
“No lo digo desde la ideología sino desde la práctica”, sigue el especialista. Refiere que hubo 568 juicios por jurados en Buenos Aires desde 2015 sin una sola crítica a su desempeño. Además sirvieron para descomprimir casos muy graves, como la masacre de San Miguel del Monte donde cuatro chicos fueron asesinados en una persecución policial cuyos autores fueron condenados.
“Siempre los jueces rescatan la mesura y el equilibrio de las decisiones”, comenta Harfuch. “¿Para los críticos los ciudadanos no tienen un sentido innato de equidad y justicia? Todos entienden la ley siempre y cuando se la expliquemos bien. Y en un juicio hay una explicación de la ley al jurado. Pero hay que hacer el esfuerzo de hablar en castellano, en un lenguaje comprensible para el pueblo. Gran parte de la sensación de impunidad es porque la gente no comprende cómo funcionan los sistemas judiciales. El efecto teatral de transparencia que tiene el juicio es muy fuerte. Y subestimar a ciudadanos porque no comprenden teorías científicas es un absurdo”.