La Corte santafesina a pleno. Erbetta, Gutiérrez, Falistocco, Gastaldi, Spuler y Netri.
El Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Fe en votación dividida de 6 a 4 resolvió este martes la inadmisibilidad de la denuncia contra el juez penal Gonzalo Basualdo de Reconquista y lo salvó del jury de enjuiciamiento por la recepción de pagos de 1.000 dólares que confesó haberle hecho el zar del juego clandestino de Santa Fe Leonardo Peiti.
En base a la confesión con detalles de Peiti, quien declaró como imputado colaborador en 2021, el fiscal Matías Merlo desplegó una investigación en la que corroboró las circunstancias, momentos y lugares que aportó el capitalista del juego a través de la geolocalización de los celulares suyo y de Basualdo.
La denuncia, que formalmente formuló la Procuración de la Corte a cargo de Jorge Barraguirre, incluyó como pruebas la desgrabación de llamadas telefónicas entre Peiti y su esposa y con un socio que trabajaba para él en Reconquista, que cuando Peiti le comenta de las tratativas con el magistrado le conseja que avance porque es “un pingazo” que les va a dar una mano.
El Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Fe lo componen los integrantes de la Corte Suprema, un representante de la mayoría de cada cámara legislativa y dos abogados de la matrícula.
La mayoría histórica de la Corte Suprema, constituida por Rafael Gutiérrez, Mario Netri, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco (salvo éste último todos nombrados por el ex gobernador Carlos Reutemann), se abroqueló una vez más y bloqueó la posibilidad del jury a Basualdo en alianza con el representante del peronismo del Senado provincial. Esa mayoría consideró que no estaban acreditados los extremos probatorios necesarios para admitir la denuncia y destacaron "la voluntad" de Basualdo de someterse a dar explicaciones.
Los cuatro que votaron en disidencia fueron el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, las representantes de los colegios de Abogados de Venado Tuerto y Rafaela y la diputada radical Georgina Orciani. En este caso consideraron que estaban largamente dados todos los extremos de prueba que exige la ley y votaron por la admisibilidad ante “la gravedad institucional del caso, que por lo menos merecía que se dilucide en un juicio”, explicó una fuente. Recalcaron además las inconsistencias en el descargo de Basualdo.
La misma alianza entre la mayoría de la Corte y el representante peronista del Senado salvó hace poco tiempo de la destitución a otro juez muy cuestionado, Hernán Postma.
La posición de Gutiérrez, Falistocco, Spuler, Gastaldi y Netri se da en un momento en que la Corte Suprema provincial está en el ojo de la tormenta. El nuevo gobierno de Maximiliano Pullaro ya dio varias señales en el sentido de que quiere una renovación profunda y rápida de la Corte, a la que considera propia de otros tiempos e inadecuada para llevar adelante las transformaciones de fondo que se propone en materia judicial.
En ese contexto, el hecho de bloquear un juicio a un juez que se identifica abiertamente justicialista, ignorando las pruebas aportadas por el MPA en un presunto hecho de corrupción e impulsadas por el Procurador de la Corte pueden interpretarse como una demostración de fuerza y una suerte de atrincheramiento: “De acá no se va nadie”.
Más allá de las motivaciones que pueda haber para un posible juicio político a algunos miembros de la Corte, los cinco de la mayoría tienen más de 75 años, con lo cual superan los límites establecidos en la Constitución de Santa Fe (65), en la Constitución Nacional (75) y los últimos fallos de la Corte Suprema de la Nación en relación a la necesidad de la revalidación del pliego después de los 75 años, como en el caso de la jueza Ana María Figueroa. El único ministro que tiene los papeles en regla e históricamente marcó diferencia a la hora de votar y en la vocación refomista del Poder Judicial fue Daniel Erbetta, el último en llegar, en 2007, a propuesta del ex gobernador Jorge Obeid.
—Cuándo usted dice que le dio un regalo (al juez Basualdo)… ¿cuántas veces le dio? ¿En qué fecha? –pregunta el fiscal Luis Schiappa Pietra.
—1.000 dólares en cada oportunidad. Entre el 2018, el 2019, en el transcurso de esos años –responde Leonardo Peiti, el rey del juego clandestino en Santa Fe.
El extracto corresponde a la declaración de Peiti, condenado en diciembre de 2021 como organizador de una asociación ilícita, cohecho activo y organización y explotación de juegos de azar, hecha ante la Justicia y en la que aportó información a la investigación para aliviar su situación.
Sobre esa base, la fiscalía general derivó la investigación al fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo. La investigación constata que Peiti dio la misma versión de fechas, lugares y contactos con Basualdo en tres instancias diferentes: la primera atribución imputativa ante los fiscales, en su declaración como imputado colaborador ante la jueza Verón del 13 de septiembre de 2021 y por último en la declaración imputativa del 15 de septiembre.
La apertura de teléfonos y la geolocalización de llamadas permitieron corroborar que al menos dos de los tres encuentros en los que Peiti dijo que le entregó el dinero al juez fueron reales -los días 20 y 27 de agosto del año 2017- en función de conversaciones previas y posteriores reconstruidas de los teléfonos con un socio de su organización en Reconquista (Darío “Macho” Pérez), de una charla con su esposa y por la geolocalización de los celulares de Peiti y el juez.
La investigación corroboró que estuvieron en la misma zona a la misma hora. En Pellegrini y Laprida y en la estación de servicios Shell de Juan José Paso y avenida de Circunvalación, ambas en Rosario. En una de las conversaciones de Peiti con Pérez refiere que esa noche Basualdo viajara de Rosario a Reconquista, lo que también se corroboró en el análisis de los impactos de la línea correspondiente al magistrado, constatándose que el desplazamiento desde Rosario en la ruta. El tercer encuentro fue en Reconquista en la estación de servicios del ACA.
La investigación también constató, por dos informes diferentes, que también hubo comunicaciones telefónicas directas entre Peiti y el juez. Fueron cuatro en total, entre el 16 de julio de 2019 y el 2 de marzo de 2020.
De acuerdo a la prueba agregada al caso, el magistrado no sólo se comunicaba con Peiti sino que también lo hacía con quienes el capitalista del juego clandestino tenía relación en el desarrollo de su actividad ilícita.
Basualdo ya había sido investigado. En 2017 su nombre apareció en una escucha judicial a Macho Pérez, el socio de Peiti que regenteaba juego clandestino en Reconquista. Estaba por pasar a archivo esa escucha cuando la Corte recibe la presentación en 2020 de un abogado particular, Germán Scheidegger, denunciando que existía una relación “inapropiada que produce pérdida de parcialidad” (no llega a la amistad pero es muy parecida) entre Basualdo y el abogado del foro reconquistence Adrián Ghío.
Basualdo es un magistrado que desde que fue designado juez nunca pasó desapercibido en el norte santafesino. En primer lugar porque es de Rosario y se presentó a concursar el cargo por Reconquista. Cuando lo ganó se fue a vivir a la cabecera del departamento General Obligado.
Además, cualquiera que repase en Google las noticias de prensa que dan cuenta de su labor como magistrado penal lo encontrará como protagonista de fallos polémicos y muy cuestionados (ver más abajo). En no pocas ocasiones mereció la revocación, corrección y señalamientos de parte de la Cámara Penal.