Las propuestas se trabajan en el bloque Federal y en UP. Coparticipación de impuestos, subsidios al transporte y fondos fiduciarios, los temas centrales.
Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.
Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro.
A partir del viernes, cuando se inauguren las sesiones ordinarias, el Congreso será el foro principal de la disputa entre el presidente Javier Milei y los gobernadores de todas las fuerzas políticas, quienes empezaron a intercambiar ideas para imponer un consenso fiscal y doblegar a la Casa Rosada.
Las medidas que evalúan son la coparticipación de impuestos (PAIS y al cheque), subsidios al transporte y servicios, contribuciones a la educación, la revisión de fondos fiduciarios y de exenciones impositivas.
Las conversaciones se iniciaron en los grupos de WhatsApp de los mandatarios y en la Cámara de Diputados, donde deben empezar los debates de los proyectos impositivos.
Los primeros borradores circularon en el bloque Hacemos Coalición Federal, en el que se referencian los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). Hubo diálogos con el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) y los partidos provinciales.
Este martes, el bloque de Diputados de Unión por la Patria pidió sumarse a las negociaciones y así garantizar los dos tercios en ambas Cámaras, lo necesario para rechazar un veto presidencial.
“Convocamos al conjunto de los representantes del pueblo en esta Cámara a debatir un acuerdo federal parlamentario en defensa de la Nación y las provincias”, señaló el comunicado del bloque presidido por UP.
El diputado Ricardo López Murphy, de HCF, escribió los primeros borradores de un consenso fiscal y este jueves lo expondrá ante su bloque, coordinado por Miguel Pichetto, un promotor de los acuerdos. Los más paranoicos de esa bancada sospechan que Milei supo del trabajo que estaba haciendo el exministro de Economía y por eso lo convirtió en foco principal de sus críticas.
Además de la coparticipación del impuesto al cheque (una iniciativa de Frigerio) y el PAIS (una exigencia de Llaryora), López Murphy estudió el costo fiscal de las exenciones impositivas, un tema que pidió revisar Sergio Massa en sus últimos presupuestos y no fue tenido en cuenta. El principal es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que consume el 0,22% del PIB.
Durante el debate de la ley ómnibus, Frigerio y Torres empujaron para sostener los fideicomisos que favorecen a las provincias. Están dispuestos a revisar su continuidad, no sin antes poner el foco sobre algunos trámites que concentra el Gobierno, como el registro automotor.
Los líderes de HCF mantienen diálogo con el bloque Innovación Federal, que representa a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Preparan medidas sobre subsidios energéticos y financiación de obras.
En el heterogéneo bloque HCF hay otras propuestas que se filtran en el debate parlamentario. Como explicó Letra P, la Coalición Cívica presentó un proyecto para modificar la fórmula de actualización jubilatoria y pide un ajuste por inflación retroactivo a enero.
María Eugenia Vidal, del PRO, trabaja en una iniciativa similar con el Gobierno, con indexación por inflación desde marzo y un monto fijo para compensar el empalme.
Si se abre la discusión por jubilaciones, el bloque de Córdoba exigirá que la Nación cumpla con el subsidio a su caja previsional. Registran deudas millonarias. Mientras se trataba la ley ómnibus LLaryora negoció cubrirlas con aportes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y Milei se resistió.
El gobernador tiene un bloque de cinco bancas dispuesto a pedir por este tema cada vez que se negocien fondos entre la provincia y la Nación. “En realidad, no hace falta ninguna ley. Son aportes que nos deben”, aclaró ante Letra P un diputado cordobés.
Los federales tienen contactos con Evolución, la línea interna de la UCR identificada con el presidente del partido, Martín Lousteau, que cuenta entre sus filas con Pullaro. El resto de los mandatarios del partido se muestra más dialoguista y colaboró sin éxito para sancionar la ley ómnibus.
Siguieron esa línea Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), quien la semana pasada logró un gesto del Gobierno: la refinanciación de la deuda con Nación; lo que le negaron a Torres.
El chaqueño la consiguió horas antes de entrar en default. El ministro del interior, Guillermo Francos, le aclaró que le descontarán la coparticipación el mes que viene.
En diálogo con legisladores, Zdero lamentó que no se haya aceptado la propuesta de Milei de volver a los mínimos no imponibles de Ganancias de septiembre. En las provincias del norte, donde casi no hay trabajadores que alcancen los topes vigentes, esa reversión representa un aumento de coparticipación equivalente a dos meses de salarios.
Valdés recibió a Milei en Corrientes la semana pasada y Cornejo insiste en que, mientras el Presidente sea popular, es mejor no marcarle la cancha. De todos modos, en la UCR hubo apoyo unánime a Torres.
A través de su bloque de Diputados, los gobernadores de Unión por la Patria anunciaron este martes que están dispuestos a participar de un consenso fiscal. El comunicado de UP defendió por igual al mandatario bonaerense Axel Kicillof (quien dejó de recibir un aporte para sus policías) y al chubutense Torres.
La bancada peronista propuso la continuidad de los aportes nacionales para pagar salarios docentes (en lo que hay acuerdo con un Evolución radical), coparticipar el impuesto PAIS y conservar el fondo compensador de Transporte de las provincias. No mencionaron la distribución del impuesto al cheque, aunque Kicillof habló del tema con Frigerio en noviembre.
El otro reclamo de UP es derogar el decretazo, como se conoce el DNU 70/23, un compendio de desregulaciones que incluye cambios o derogaciones en 300 leyes. En el Senado están los votos para rechazarlo. Llegado el caso, en Diputados la derogación dependerá de HCF o de la mayor parte de la UCR.
Tal como señaló Kicillof en su conferencia del lunes, el decretazo sostiene las emergencias que utiliza Milei para justificar los recortes de fondos a las provincias. Si queda derogado, no podría aplicarlos con tanta facilidad.