El ministro candidato Sergio Massa envió este viernes al Congreso un Presupuesto 2024 con el objetivo central de acanzar el déficit cero y el ideal de un superávit del 1%, recuperación económica, un dólar oficial de $600 y una inflación que descendería hasta el 70% y sería del 90% promedio, aunque en Economía pidieron "cautela": reconocen que es un número muy expuesto a la definición electoral. El proyecto se posa sobre una ecuación que mantiene los gastos en términos reales, prevé una mejora de la recaudación, ajusta recortando beneficios a ciertos sectores de poder, los subsidios, y pone en la cuerda floja a las provincias.
Por un total de más de $60 billones, la ley de leyes que ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados duplica el plan de gastos de 2023, estima un crecimiento de la economía del 2,7%, sostiene el gasto de capital, es decir, el de las inversiones, "algo por debajo" del actual en términos reales y prevé que los ingresos crecerán nominalmente un 111%.
Atado estrictamente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sin los efectos de la sequía, el plan de mínima que diseñó el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, contempla llegar a un rojo primario (sin contar los intereses de la deuda) del 0,9% del PBI y sin emisión monetaria, ya que, según fuentes del Palacio de Hacienda, "no se requeriría financiamiento extra". Con la esperanza de un repunte de los ingresos, en el camino hacia un horizonte de equilibrio dejará ganadores y perdedores.
Ganan
Quienes ganan con el proyecto serán jubilados, pensionados, empleados del sector público y titulares de asignaciones sociales. Los gastos para estos grupos tienen mayores crecimientos nominales y reales. "Se considera el impacto pleno de toda la politica salarial 2023 progresiva y tenemos asignadas algunas reservas para financiar alguna politica salarial que deje también a los salarios creciendo levemente por encima de la inflación", sostuvieron en Economía.
Pierden
Massa quiere socializar el ajuste al incluir en el mensaje del Presupuesto una separata para que Diputados y el Senado aprueben tomar un 2% del PBI del gasto tributario, que en la actualidad representa un 4,7% del producto. Esto significará que el Estado deje de asumir el costo de los regímenes impositivos diferenciales que benefician a ciertos sectores de poder y, por lo tanto, tocar intereses dificiles de modificar.
"Son leyes que están cristalizadas y nunca se volvieron a discutir. La intención es quitar la exención a quienes tengan más probabilidad o necesidad de ser revisados teniendo en cuenta el impacto o la necesidad fiscal", indicó un miembro del equipo económico.
Entre los sectores, se hace foco en la eximición del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial, en el régimen diferencial para las empresas de Tierra del Fuego, el IVA deducible para directores de compañías y el impuesto a los Bienes Personales para los inmuebles rurales. Es decir, la tríada campo, empresas y jueces.
Del lado del gasto, la tijera volverá a pasar por los subsidios a las tarifas de energía. Según aseguran en los despachos oficiales, habrá un recorte del 1,5% del producto que se destina para sostener los costos de las empresas y, en línea con el pedido del FMI, la quita de asistencia estatal continuará por los usuarios de los niveles medios y bajos, que son los que en la actualidad mantienen los subsidios.
Las provincias salen perjudicadas por partida doble: en primer lugar, parte del gasto tributario a achicar es coparticipable; por el otro, los gastos de transferencias a los gobernadores forman parte de las partidas que crecerán por debajo de la inflación promedio, por lo que se verán ajustadas en términos reales. "Todo lo que esté contemplado como un gasto extra, como pudo ser el bono para trabajadores por la devaluación, quedará por fuera del Presupuesto", detallaron en Hacienda.
Ingresos: la cuenta para saldar el déficit
Del lado de los ingresos, Economía espera una suba en términos reales de al menos el 0,7% del PBI. Además de la reducción del gasto tributario, la ausencia de la sequía y la foto de las áreas sembradas en el campo permitiría recaudar lo perdido en los derechos de exportación, un 0,8% del producto como piso para ese tributo. Por otro lado, la aplicación del impuesto PAIS para las importaciones anualizado empujaría un 0,4% del producto anualizado.
Además, se espera un efecto positivo del blanqueo de capitales que derive de la mejora en el acceso a la información que tiene la Administración Federal de los Ingresos Públicos (AFIP) por el convenio con Estados Unidos.
El Presupuesto 2024 no tiene fecha de debate en el Congreso, aunque, tras el pedido de Javier Milei de retrasar el tratamiento por las elecciones generales, Massa aceptó postergarlo como acuerdo político. El presidente Alberto Fernández retrasó su viaje a Cuba del jueves por la noche y firmó el proyecto en la mañana del viernes para cumplir con los tiempos obligatorios del calendario. Es un gesto que Massa agradeció.
