Argentina, modelo en el juzgamiento de los genocidas. La memoria como antídoto contra los discursos de odio. La necesidad de fortalecer las instituciones.
"Defender la democracia implica mejorar su calidad y fortalecer sus instituciones". Maximiliano Abad.
Cada 24 de marzo los argentinos volvemos a encontrarnos con nuestra historia. No como un ejercicio del pasado, sino como un compromiso presente. Recordamos el golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la última dictadura; el quiebre del orden constitucional, el terrorismo de Estado, la desaparición de personas y una herida que todavía atraviesa a nuestra sociedad.
Pero conmemorar el cincuenta aniversario del golpe no alcanza si no comprendemos la dimensión global de lo que ocurrió.
El 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado. Se inscribió en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría, donde América Latina se convirtió en un escenario de disputa ideológica y estratégica. En ese marco, distintas dictaduras en la región coordinaron acciones represivas a través del Plan Cóndor, un sistema clandestino de persecución, secuestro y eliminación de personas más allá de las fronteras nacionales.
La Argentina fue parte de ese entramado. El terrorismo de Estado no solo buscó eliminar opositores: intentó reorganizar la sociedad sobre la base del miedo, la censura y la anulación de toda disidencia. Fue un proyecto político autoritario que, bajo la lógica de la seguridad nacional, vulneró de manera sistemática los derechos humanos.
Frente a ese pasado, la recuperación democrática de 1983 marcó un punto de inflexión no sólo para nuestro país, sino también a nivel internacional. Bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, la Argentina tomó una decisión histórica: investigar y juzgar a los responsables de la dictadura en el marco del Estado de Derecho.
El Juicio a las Juntas fue un hecho sin precedentes. En un mundo donde, en la mayoría de los casos, las transiciones democráticas optaban por amnistías, pactos de silencio o salidas negociadas, nuestro país eligió el camino de la justicia. No fue un tribunal internacional ni una imposición externa: fue la propia democracia argentina la que juzgó a sus dictadores.
Ese proceso tuvo un impacto profundo en la comunidad internacional. Sentó bases para el desarrollo del derecho penal internacional en materia de derechos humanos y anticipó debates que años después darían lugar a tribunales como la Corte Penal Internacional. Argentina dejó de ser solo un país que había sufrido el autoritarismo para convertirse en un ejemplo de cómo enfrentarlo dentro de la ley.
La recuperación democrática también tuvo un valor que excede nuestras fronteras. En una región atravesada por dictaduras, la consolidación institucional argentina contribuyó a un proceso más amplio de democratización en América Latina. Demostró que era posible reconstruir un sistema político basado en la Constitución, los derechos y la participación ciudadana, incluso después de las experiencias más traumáticas.
Desde entonces, con avances y retrocesos, hemos sostenido ese pacto democrático. Un pacto basado en el respeto a los derechos humanos, la vigencia de la Constitución y la resolución pacífica de los conflictos.
Sin embargo, hoy ese consenso enfrenta nuevos desafíos.
En un contexto global donde se cuestiona a la democracia representativa y donde los discursos de odio encuentran amplificación en todos los ámbitos (las redes sociales constituyen un muestrario), el 24 de marzo nos interpela en todas nuestras dimensiones: como militantes, como legisladores, como padres, como hijos, como vecinos, como ciudadanos.
La memoria no puede ser una consigna vacía ni una herramienta de confrontación permanente. Debe ser una guía para fortalecer la convivencia democrática, para rechazar cualquier forma de violencia política y para reafirmar que nunca más el Estado puede estar al servicio del terror.
Defender la democracia hoy implica mucho más que conmemorar una fecha. Implica mejorar su calidad, fortalecer sus instituciones, garantizar derechos y construir un futuro donde la libertad y la igualdad no sean promesas, sino realidades concretas.
El 24 de marzo no es solo memoria. Es una responsabilidad. Y es, sobre todo, una oportunidad para renovar nuestro compromiso con una Argentina democrática, plural y con justicia.