El ministro enfrenta uno de los sistemas más opacos del Estado: el circuito de trámites que rodea a los registros automotor y el rol de la Asociación.
Mahiques enfrenta uno de los sistemas más opacos del Estado: el circuito de trámites que rodea a los registros automotor y el rol de ACARA.
Juan Bautista Mahiques asumió al frente del Ministerio de Justicia con una agenda cargada de reformas judiciales, pero también con un desafío menos visible: revisar el sistema que rodea a los registros del automotor, una estructura que durante décadas combinó gestión estatal, intermediación privada y una recaudación millonaria vinculada a trámites y formularios.
El régimen de registración automotor depende de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), el organismo encargado de regular la inscripción de vehículos, transferencias y otros trámites vinculados a la propiedad automotor. Sobre ese esquema estatal se fue montando con el tiempo una red de intermediación que involucra registros, concesionarios y entes cooperadores.
En ese entramado aparece la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), una entidad empresaria que históricamente ocupó un lugar central en el circuito administrativo del sistema. A través de distintos convenios y servicios asociados, la organización participa de la gestión de formularios, procesamiento de datos del mercado y otros mecanismos vinculados al funcionamiento de la registración.
Actualmente la entidad es presidida por Sebastián Beato, integrante de una familia que desde hace años tiene presencia en la conducción de la asociación. Dentro del sector automotor, el apellido Beato aparece ligado a la estructura interna de ACARA y a la continuidad de un esquema institucional que se mantuvo estable a lo largo de distintas gestiones políticas, administrando una caja millonaria.
El gobierno de Javier Milei llegó al poder con la promesa de reformar el sistema de registros del automotor. Durante la campaña y los primeros meses de gestión, el oficialismo planteó la necesidad de simplificar trámites, digitalizar procesos y reducir costos asociados a la registración de vehículos.
Sin embargo, más allá de algunos anuncios administrativos y la eliminación de un puñado formularios, el sistema que rodea a los registros mantuvo buena parte de su estructura. Los concesionarios siguen participando activamente del circuito de registración y la asociación que los nuclea conserva un rol relevante en el procesamiento de información y en servicios vinculados al funcionamiento del sistema.
En el sector automotor reconocen que esa estructura también explica por qué los trámites de transferencia y registración en Argentina siguen siendo más costosos que en otros países de la región.
El corazón del sistema está en la administración de formularios, servicios informáticos y datos del mercado automotor, una operatoria que durante años generó ingresos millonarios vinculados al funcionamiento de los registros.
Distintas fuentes del sector describen ese circuito como una estructura consolidada durante décadas alrededor del Ministerio de Justicia, donde el Estado mantuvo el control formal del sistema, pero delegó parte de su funcionamiento operativo en entes cooperadores.
Ese modelo fue señalado en distintos momentos como una “caja” histórica del sistema registral, un entramado que combinó gestión estatal, participación privada y controles difusos.
La llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia reabre el interrogante sobre el futuro de ese esquema. El nuevo ministro no sólo deberá avanzar con la agenda judicial del Gobierno, sino también decidir hasta dónde llega la reforma del sistema de registros que el oficialismo prometió modernizar.
La discusión no involucra únicamente a los registros del automotor. También abarca el rol de los entes cooperadores, la participación de los concesionarios en el circuito administrativo y la continuidad de un modelo que durante décadas combinó intereses del Estado y del sector privado.
Ese entramado, que sobrevivió a distintos gobiernos y reformas parciales, aparece hoy como uno de los desafíos menos visibles pero más sensibles que enfrenta la nueva conducción del Ministerio de Justicia.