El Presidente ordenó buscar argumentos para bochar a la empresa provincial, que puja por la autopista a Ezeiza y otros tramos. Competidoras privadas y peajes.
Javier Milei no quiere que Aubasa participe de la licitación por las rutas
En la privatización de corredores viales que impulsa el gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de una disputa con la gestión de Axel Kicillof. La compañía provincial se presentó como oferente para la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y otros tramos de rutas nacionales incluidos en la licitación.
La empresa pública de la provincia de Buenos Aires formalizó su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluyen una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales.
A diferencia de otros procesos recientes de concesión impulsados por el Gobierno nacional -como las licitaciones de las hidroeléctricas del Comahue o de la hidrovía- la documentación de la licitación vial no establece restricciones explícitas para empresas públicas.
En ese contexto, la administración de Kicillof decidió que Aubasa compitiera por el tramo vial que incluye la autopista que conecta con el aeropuerto internacional de Ezeiza y otros corredores estratégicos dentro de la provincia.
La presentación tomó por sorpresa a funcionarios de la administración nacional cuando se abrieron los sobres con los antecedentes y las ofertas de las empresas interesadas en la concesión de los corredores con peaje.
En total, 15 compañías quedaron inscriptas para competir por los casi 1900 kilómetros de la red vial nacional incluidos en los tramos denominados Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa.
Tras la apertura de sobres, la comisión evaluadora quedó a cargo de analizar los antecedentes técnicos y económicos de los participantes para determinar qué empresas continuarán en el proceso.
Ese cuerpo funciona bajo la órbita de Vialidad Nacional y está integrado por Marcelo Sáenz Urquiza, gerente de Asuntos Jurídicos del organismo; José Urdiroz, exsubsecretario de Transporte Automotor; y Luciano Lissi, asesor legal de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.
Como integrantes suplentes figuran Martha Dipp, asesora de ARSAT; Marcelo Bianchi, gerente de Administración y Finanzas de Vialidad; y Micaela Lapuente, exasesora legal de Corredores Viales y actual funcionaria de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Según fuentes del sector consultadas por Letra P, dentro del análisis técnico se evalúan distintos aspectos de la documentación presentada por las empresas.
En el caso de Aubasa, uno de los puntos observados está relacionado con su perfil operativo, dado que no se trata de una empresa constructora tradicional.
Otro elemento bajo análisis es el nivel de activos líquidos de la compañía frente a los requisitos financieros establecidos en los pliegos de la licitación.
De acuerdo con las mismas fuentes, también podrían quedar fuera del proceso tres constructoras privadas que no presentaron los balances anuales requeridos en la documentación licitatoria.
Otra empresa que se encuentra bajo revisión es CPC, la constructora vinculada al empresario Cristóbal López, cuya concesión sobre la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas fue rescindida en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
En caso de que Aubasa quede excluida del proceso, en el gobierno bonaerense evalúan la posibilidad de recurrir a la Justicia mediante una presentación que podría cuestionar el proceso licitatorio.
La competencia por el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur reúne a las compañías CN Sapag, Aubasa, JCR, CPC, Vial Agro, IEBC, Roggio, Panedile, Edmacar, Ceosa y SACDE, entre otras.
Ese tramo incluye sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas, uno de los principales accesos al área metropolitana de Buenos Aires.
Por su parte, en el tramo Pampa, que abarca 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, se inscribieron Vial Agro, IEBC, Lemiro Pietroboni, Concret Nor, CPC, SACDE, Pelque, Ceosa, Aubasa, Roggio y Edmacar.
Las empresas que superen la etapa de evaluación técnica accederán a la segunda instancia del proceso, en la que se abrirán los sobres con las ofertas económicas.
En esa etapa se conocerán las tarifas de peaje que cada oferente propone cobrar para financiar las obras previstas y la operación de los corredores.
Los pliegos establecen que las tarifas de peaje ofrecidas por las empresas no podrán superar los valores máximos fijados por el Gobierno.
Esos topes se ubican entre 33% y 173% por encima de las tarifas actuales que cobra la empresa estatal Corredores Viales.
Si las ofertas económicas quedan por debajo del valor máximo, el contrato de concesión tendrá una duración de 20 años y se adjudicará a la empresa que proponga la tarifa más baja.
En cambio, si todas las propuestas coinciden en el valor máximo establecido, la adjudicación se definirá a favor de la empresa que solicite el menor plazo de concesión, con un límite de hasta 30 años.
Los dos corredores incluidos en la licitación cuentan actualmente con diez estaciones de peaje, pero el esquema previsto por el Gobierno contempla ampliar esa red.
Cuando los tramos pasen a manos de las nuevas concesionarias, se sumarán diez estaciones adicionales.
En el subtramo Acceso Sur, que comprende unos 50 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza, continuarán operando las dos estaciones troncales ubicadas en las cercanías del Mercado Central y Tristán Suárez.
En ese sector, la tarifa máxima prevista para automóviles será de $2000 por estación, frente a los $1500 que se pagan actualmente.
En el subtramo Sur, que abarca 870 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 205, se agregarán siete nuevas estaciones en Saladillo, Unzué, Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego, además de las dos existentes en Uribelarrea y Cañuelas.
En esos puntos, el peaje máximo establecido en los pliegos alcanza los $4000 por cabina, frente al valor actual de $1500.
En el subtramo Atlántico, que comprende 404 kilómetros de la ruta nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar, también se fijó un valor máximo de $4000, con la incorporación de una nueva estación de peaje en Vallimanca.
Por último, en el tramo Pampa de la ruta nacional 5 se incorporarán dos nuevas estaciones de peaje en Gorostiaga y Lonquimay, que se sumarán a las actuales de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.
En ese corredor, el valor máximo previsto para automóviles será de $4100 por estación, frente a la tarifa actual de $1500.
Además, las futuras concesionarias deberán transformar las cabinas actuales de cobro manual en vías mixtas, que permitan pagos tanto en efectivo como mediante sistemas electrónicos.
Las personas usuarias que no cuenten con el sistema TelePase deberán abonar una tarifa equivalente al doble del valor del peaje.