En la Casa Gris evalúan los efectos de la crisis. A favor: la protesta no anarquizó la calle. En contra: el vínculo lastimado con el personal.
Qué le quedó en pie a Maximiliano Pullaro y qué debe reconstruir después del motín policial en Santa Fe
El gobierno de Maximiliano Pullaro lame las heridas dejadas por el motín policial que esta semana conmocionó a la provincia de Santa Fe, mientras el gobernador hace el balance de su propia actuación durante la crisis que le tocó vivir, quizás la más grave de su mandato. Con las buenas y las no tanto.
Estallado el conflicto, la preocupación primaria de la gestión era, naturalmente, intentar desactivarlo. No sólo por resolver la problemática laboral de los uniformados, sino fundamentalmente para evitar que derramara anarquía en la calle. Los fantasmas del levantamiento de 2013 deambularon a principios de semana por los pasillos de la Casa Gris.
No por casualidad, en cada una de las conferencias y entrevistas que dio el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y finalmente el propio gobernador en el cierre del motín, se notó el esmero por dejar en claro que el servicio policial se resintió, pero no al punto del caos. Es que si el descontrol ganaba las ciudades, el conjunto de la sociedad quedaba involucrada en el tironeo y eso espiralizaba el conflicto. Además, por supuesto, de traer problemas judiciales a unos y otros.
Haber logrado evitar el peor escenario se celebra hoy como un triunfo en los despachos oficiales. En esa mirada, la política de seguridad de Pullaro, principal bandera de su administración, salió intacta de una parada brava.
En idéntico sentido, en el gobierno provincial destacan que el conflicto se resolvió relativamente rápido, en 48 horas. Después de la dramática escalada posterior al choque con manifestantes policiales en la jefatura de Rosario, por supuesto. La conclusión que se saca en el oficialismo es que esa celeridad se explica, en buena medida, porque Pullaro está plenamente involucrado en el área y no necesitó interiorizarse para encontrar la puerta de salida. Es tema cotidiano en la gestión y todos los sábados hay reunión del equipo de Seguridad.
Al respecto, en el elenco gubernamental señalan la oportunidad de la conferencia final del gobernador. Fue por la tarde, en la previa del cambio de guardia: Pullaro les habló más a los que entraban que a los que salían.
Además, a esa hora las cámaras de los medios nacionales se habían enfocado en los incidentes por el tratamiento del proyecto oficial de reforma laboral en el Congreso y la transmisión permanente desde Rosario había cesado. En el gobierno creen que la llegada de los móviles de los canales capitalinos enfervorizó aún más a los amotinados. Otro tanto pasó, quizás más aún, con la viralización tanto de noticias reales como de fake news a través de las redes sociales, un fenómeno típico de la época.
Por otra parte, la certeza gubernamental de que se enfrentaba a un reclamo genuino ablandó las durezas de la respuesta y aceleró la solución al conflicto. Más allá de que, inevitablemente, en la protesta se cuelen otros intereses maquillados, sean policiales o políticos.
Sobre ese punto, hubo un episodio relevante: los tuits incendiarios de la jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez. En el gobierno de Unidos están convencidos de que el silencio rotundo posterior al frenesí tuitero inicial se debe a que una orden desde la Casa Rosada por temor al efecto contagio o imitación. Es que gendarmes, prefectos, federales y soldados tienen los bolsillos aún más flacos que los policías santafesinos. Por eso mismo, la declaración pública en contra de la huelga uniformada por parte de Patricia Bullrich, de gran ascendiente en todas las fuerzas de seguridad, fue un alivio.
En la columna del haber también ponen, siempre en la visión de la Casa Gris, que el conflicto supuso vértigo, tensión extrema y agotamiento, pero nunca se vivió como una crisis terminal. Exigió cuero duro, en palabras de Pullaro. Hay un ejemplo que grafica el nivel de stress: según confesaron fuentes oficiales a Letra P, el desplazamiento de Guillermo Solari de la cúpula de la Unidad Regional II no se produjo en modo fusible sino que el jefe policial estaba quebrado anímicamente.
Es indudable que el vínculo entre el gobierno y el personal de las fuerzas de seguridad está lastimado. Y no solamente con policías sino también con penitenciarios. Cuando se ordenó a los grupos especiales carcelarios colaborar con la custodia de la jefatura de Rosario, hubo alguna resistencia en sordina.
Esa relación dañada se explica, en parte, por la víscera más sensible: el bolsillo. Adicionales y suplementos, desde ya. Pero especialmente la política salarial, que afecta al conjunto y no sólo a un sector. Y además, llega a los retirados, que fueron con los familiares quienes sostuvieron las protestas callejeras en el interior. Habrá que seguir con atención la paritaria.
Es plata, pero también son condiciones laborales. Casi toda la población rosarina se enteró en estos días que la mayoría de los policías que patrullan su ciudad viajan hasta 500 km desde sus localidades de origen para cumplir con su tarea. De hecho, en el gobierno admiten que el primer planteo de la protesta fue la problemática de los viajes.
La pregunta inevitable es, entonces, si el conflicto se podría haber evitado. La respuesta que se obtiene en los despachos oficiales es: probablemente. Es que en el gobierno provincial había registro del malestar de la tropa porque los propios jefes policiales habían trasladado los planteos de sus subordinados.
El problema, en los términos de la Casa Gris, era que cambiar la mecánica de trabajo implicaba poner en riesgo la eficacia de la política de seguridad y eso último estaba fuera de toda discusión. Ahora, con el diario del lunes, el oficialismo lo contabiliza como un costo pagado por el éxito de su programa.
En el mismo marco, hay otro costado de extrema complejidad: la ausencia de interlocutores representativos por la prohibición que pesa sobre el personal de las fuerzas de seguridad de organizarse sindicalmente. Un canal de diálogo de esas características podría haber prevenido el choque y, eventualmente producido el conflicto, llegar más rápido a los acuerdos.
No se trata solamente de una traba legal, que no es poco. El derecho a agremiarse entraría de manera inevitable en conflicto con el carácter vertical de la policía y el Servicio Penitenciario, con el resultado a todas luces indeseado del debilitamiento de la escala jerárquica y el resquebrajamiento de la autoridad de los jefes.
Ante este dilema, hay quienes revisan con atención la experiencia de las comisiones de trabajo que se crearon luego del levantamiento de fines de 2013. Quizás sea un camino viable.
Cuando recién se empiezan a apagar las brasas de la crisis, en la Casa Gris se evalúa que el gobierno de Pullaro sale magullado, con un moretón particularmente visible: la bronca salta en su principal caballito de batalla y expone el malestar de un sector fuertemente reivindicado en el relato oficial.
A la vez, sin embargo, en el oficialismo subrayan que el desarrollo del conflicto mostró a un gobierno en control de la situación, en medio de la que quizás fue la más grave crisis que haya vivido en estos dos años y un puñado de meses, sólo comparables con la ola de atentados narcocriminales en los inicios de la gestión.
Este domingo, cuando el gobernador realice el discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura santafesina, en el mensaje institucional más importante del año, algo de todo esto se expondrá. Con seguridad.