El gobierno cree que le están disputando el control de la fuerza y busca defender su bandera de la seguridad. Un caso de corrupción policial, ¿la génesis?
El gobernador Maximiliano Pullaro apuesta a desgastar la protesta policial.
Redoblar la apuesta a un relato herido. Esa es la fórmula de Maximiliano Pullaro para salir bien parado del motín policial con epicentro en Rosario que viene causando zozobra en Santa Fe. La Casa Gris divide la protesta en tres capítulos y apuesta a desgastarla, confiada en que a la larga no afectará la imagen del gobernador.
A diferencia de las protestas de la semana pasada -frente a las que el gobierno moderó sus declaraciones y respondió con una batería de anuncios que recogían los reclamos-, esta vez la Casa Gris decidió entrar en el golpe por golpe. Por la mañana, cuando se conoció la noticia de que las protestas habían recrudecido y que se había impedido la salida de patrulleros de la sede de Jefatura en el sur de Rosario, el ministro Pablo Cococcioni dio una conferencia de prensa y dijo que “usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”.
No fue lo único. Rápidamente se anunció que unos veinte policías habían sido pasados a disponibilidad y les habían retirado su chaleco y su arma. Además, desde la Sede de Gobierno ya habían empezado los contactos con el Ministerio Público de la Acusación para iniciar acciones penales contra los cabecillas del motín -varios fueron ya notificados de una audiencia imputativa en su contra el próximo jueves-. Cerca del gobernador no descartaron más pases a disponibilidad ni medidas drásticas: todo está sobre la mesa.
En la Casa Gris dividen el conflicto en tres capítulos. Centran el problema en unos dos mil agentes policiales de menos de veinticinco años, formados durante la gestión de Omar Perotti, todos del centro y norte de la provincia. A esos jóvenes, aseguran, les prometieron trabajar en sus ciudades con jornadas de doce horas y tres días de descanso. Pullaro, al asumir, los reubicó en Rosario y estableció jornadas de doce horas por treinta y seis de descanso. Por eso, en el gobierno entienden que el reclamo no es salarial sino geográfico: quieren trabajar en sus ciudades.
Para el pullarismo esa exigencia es de imposible cumplimiento. “Estamos dentro del estatuto policial y si volvemos atrás, perdemos presencia en Rosario”, explican. Reconocen que el nivel de exigencia a esos agentes es alto y que ya habían recibido alertas de los jefes, por eso reaccionaron rápido con las compensaciones económicas de la semana pasada. El gobierno está dispuesto a negociar cualquier beneficio, pero avisó que no cederá con la jornada laboral ni con la presencia en Rosario. Buscar policías del sur provincial no es opción: los jóvenes de esa región no quieren trabajar de agentes.
El reclamo, que el gobierno considera genuino y está dispuesto a negociar sin poner en riesgo el plan de seguridad, es el primer capítulo del análisis. El segundo tiene que ver con un escándalo de corrupción que terminó con trece jefes policiales presos y con la cúpula de la Unidad Regional II -que abarca Rosario y alrededores- descabezada el año pasado. El Ministerio de Seguridad detectó a figuras cercanas a esos jefes, encapuchadas, agitando la protesta. Son los referentes dentro de la fuerza de los jóvenes que hoy piden volver a sus ciudades en el norte provincial.
El tercer capítulo es el más brumoso. En la Casa Gris hablan de infiltrados en grupos de WhatsApp y Telegram de policías, docentes y médicos viralizando fake news contra el gobierno. De dónde vienen esos infiltrados aún está en investigación, pero cerca del gobernador les dieron suficiente entidad como para señalarlos como responsables en parte de la “manipulación de jóvenes agentes”. En suma, lo que creen en la mesa chica del gobernador es que hay figuras corridas de la fuerza -retirados, pasados a disponibilidad, detenidos- azuzando un reclamo genuino para darle “un vuelto” a Pullaro. Sin embargo, para el gobierno "más del 90%" de la fuerza se mantiene leal a él.
Por eso es que, para el pullarismo, la repetición de la manifestación una semana después con un tono más violento; la inorganicidad de la protesta; la falta de un reclamo claro y hasta de interlocutores válidos es una confirmación de sus sospechas, y allí radica la decisión de aferrarse al relato y no ceder ante el motín. El gobernador no quiere dar el brazo a torcer: “No nos vamos a convertir en blandos”, avisan a su lado. Durante el día recibió llamados del ministro de Interior Diego Santilli y ofertas de apoyo de los gobiernos de Córdoba y Buenos Aires.
Quienes hablaron con él en las últimas horas retratan a un Pullaro tranquilo. Dice que tiene casi 180 móviles en las calles -contando fuerzas federales y unidades de otros lugares que se desplazaron a Rosario-, más de lo que necesita para controlar la ciudad. Con esa seguridad, la apuesta de la Casa Gris es a que las sanciones dispuestas a los cabecillas y el hecho de que el patrullaje no se resintió hasta ahora disuadan a los rebeldes. Es una estrategia arriesgada que puede significar varios días de protestas. La mesa chica del gobernador está dispuesta a afrontar el costo.
Es que la crisis pega de lleno en la bandera principal del relato de Pullaro desde que llegó a la Casa Gris: la seguridad y la reducción de la violencia. No quiere, además, que en casa de herrero haya cuchillos de palo. Es que no se puede dejar de lado que el hughense fue, durante los cuatro años del gobierno de Miguel Lifschitz, el ministro de Seguridad.
El operativo de control de daños se completa con la convicción de la Casa Gris de que la sociedad cree que al gobernador lo están apretando, apalancada en la tendencia de la gente a comprar conspiraciones y la mala imagen de la policía. Es la razón por la que no consideran que haya un impacto del conflicto en la imagen del gobierno, a pesar de que figuras libertarias -desde Romina Diez para abajo- se sumaron al coro de críticas. “Son funcionales a la trama de corrupción y además juegan con fuego”, sostuvo una fuente del gobierno en estricto off the record.
Para el gobierno provincial, Diez y los suyos “juegan con fuego” porque “pueden generar que las bandas criminales vean una oportunidad para golpear”. Sin embargo, en la Casa Gris reconocieron la buena predisposición del Ministerio de Seguridad para reforzar la presencia de fuerzas federales, que se triplicó. También se sumaron dos helicópteros. “El patrullaje mermó pero no significativamente: no hubo homicidios ni robos a mano armada”, valoraron, aunque tocan madera. Entienden que desde la Casa Rosada hay un interés por mantener la paz, pero también por evitar un efecto contagio del reclamo salarial entre agentes federales.