Busca cerrar el debate borrando el apartado 154 del megadecreto. Para lograrlo, quiere introducir cambios en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza). El bloque del Gobierno negocia otra ley de tierras.
Luego de la cautelar de la Corte Suprema que suspendió el artículo 154 del DNU 70/23, el Gobierno quiere darle un cierre al debate y negocia con aliados eliminar por ley ese fragmento del megadecreto. Lo haría mediante una modificación al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que comenzará a tratarse el miércoles.
Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) informaron a Letra P que discuten con los bloques dialoguistas una salida definitiva al conflicto. Los partidos provinciales son los más interesados en ratificar la ley de tierras vigente, mientras que el PRO y la UCR evaluaban regulaciones alternativas, que no serían tomadas en cuenta.
Otros sectores del oficialismo también tenían en carpeta propuestas, que quedarían descartadas. Una era aumentar la cantidad de hectáreas que puedan comprar personas y empresas sin residencia en el país, que está fijada en 1000 hectáreas, pero mantener el tope máximo a nivel país, que es del 15% de la superficie.
Este viernes, en el oficialismo señalaban que la opción principal era fijar por ley las restricciones a los extranjeros que rigen desde 2012. De esta manera, explicaban, se caerían todos los amparos y la Corte no debería volver a fallar en el tema. Con esta decisión, además, a la oposición le costaría aún más lograr cuórum para la sesión del jueves, que tiene entre los temas el DNU 70/23.
El DNU 70 tiene más de 300 artículos y deroga o modifica más de 70 leyes. El artículo 154 elimina la ley de tierras y la justicia lo suspendió en 2024. La Corte revocó ese fallo la semana pasada, por considerar que la parte actora (CECIM La Plata) no era idónea. Este viernes, el máximo tribunal firmó una cautelar suspendió la aplicación de estos párrafos del decreto y revitalizó las restricciones a los extranjeros a comprar lotes.
La cautelar del máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, que sólo quedará saldada con una nueva ley. Mientras tanto, la justicia de Bariloche quedó a cargo de instruir la causa. Si el Congreso restablece en forma definitiva la norma sancionada en 2011, esas investigaciones quedarían abstractas.
Los aliados sí coinciden en la necesidad de clarificar un marco legal y se lo habían planteado a Martín Menem en la reunión que tuvieron esta semana. "Hay que darle un corte político a la incertidumbre con el tema con una ley", sostuvo ante Letra P Eduardo Falcone, del MID. Desde el PRO confirmaron la negociación pero no dieron detalles. "Estamos conversando la propuesta con nuestro interbloque", señalaron. La idea de ratificar la regulación actual prevalecería.
El proyecto sobre inviolabilidad de propiedad privada comenzará a debatirse el miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales. LLA quiere llegar a una sesión el 21.
La versión original tenía la derogación de la ley de tierras a extranjeros, pero no pasó el filtro de los aliados. La jefa del oficialismo en la cámara alta, Patricia Bullrich, intentó negociar y se escribieron 16 borradores diferentes. No hubo acuerdo y una efectiva campaña pública de organizaciones ambientalistas provocó una pueblada en el Congreso que obligó a los aliados del Gobierno a retroceder.
Con la derogación a la ley de tierras caída, la sesión del jueves pende de un hilo, porque no hay una mayoría dispuesta a eliminar la totalidad de los artículos del DNU 70/23. Tendría un efecto catastrófico para la agenda de desregulaciones de Mieli: volverían a regir las leyes de alquileres, góndolas y abastecimiento. También las regulaciones del mercado aerocomercial, los topes a los intereses de tarjetas de créditos y a los aranceles de las prepagas.
Por ahora, sólo están confirmados para votar en contra los bloques Unión por la Patria (92 miembros), la izquierda (cuatro), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Primero San Luis, con dos cada uno. También Marcela Pagano (Coherencia), Natalia de la Sota (Defendemos Córdoba) y seis de los 18 miembros de Provincias Unidas. De las fuerzas locales sólo anunciaron su apoyo Misiones (cuatro votos) y Catamarca (tres).
LLA necesita impedir que la oposición reúna los votos que faltan para llegar a los 129, lo necesario para el cuórum. Es clave la definición de los diputados de Salta y Tucumán (tres votos cada uno), Córdoba (cinco), el MID (dos) y a los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe (dos) y Chubut (uno). Para no correr riesgos, en LLA planean citar a una sesión el 21 con los otros dos temas que tiene la sesión: endeudamiento y emergencia en discapacidad. Antes, necesita negociar la ley de tierras.
