Sin la extranjerización de tierras, la cámara alta votó la inviolabilidad de la propiedad privada con un segundo capítulo retirado por presión de los aliados.
Agustín Coto, de la Libertad Avanza.
En una jornada caótica, con una fuerte represión afuera del Congreso, La Libertad Avanza tuvo otro traspié en el Senado. Si bien logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, al retiro del capítulo de reforma de la ley de tierras que había acordado para abrir el recinto, a último momento también excluyó los cambios a la ley de manejo del fuego.
La aprobación fue con los votos justos. Obtuvo 37 a favor -lo mínimo para el quórum- y 33 en contra. Como varios aliados se iban a caer en el capítulo tercero, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, tuvo que retirarlo.
De esta manera, el texto enviado a Diputados sólo contiene la flexibilización de los desalojos, el endurecimiento de las condiciones para la expropiación y la actualización del registro de la Propiedad e inmueble.
El último capítulo eliminado proponía reformar la ley de manejo del fuego aprobada hace cuatro años, por pedido de Máximo Kirchner, que prohibe cambiarle el uso por 30 años a una propiedad incendiada. En la reforma sólo se dejaba a salvo a los bosques nativos, con 60 años de protección, aunque la última versión impedía que las provincias amplíen las zonas protegidas. Esto fue clave para que el Gobierno perdiera los aliados.
"No tiene sentido esta restricción. Nadie va a quemar su campo para darle otro uso. Tendría que estar involucrada la Municipalidad", señaló Bullrich antes de la votación. Fue clave para retirar el capítulo la falta de respaldo de Edith Terenzi (Chubut) y el radical Maximiliano Abad. “El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero también la obligación del Estado de proteger ese derecho”, sostuvo el marplatense.
La mayoría alcanzada por el Gobierno estuvo lejos de los 44 votos que había presagiado Bullrich. Se sumaron el PRO, la UCR y un grupo selecto de partidos locales. Ayudaron Carlos Espínola (Provincias Unidas); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones) y Terenzi, que se abstuvo en el capítulo de desalojos. Nadie más. Los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén no aportaron a sus senadores.
El texto quedó desguazado respecto al enviado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, gran derrotado de la jornada. Durante el debate en comisión, también se habían quitado los artículos que eliminaban el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).
El contenido final fue negociado por Bullrich y los aliados. La versión definitiva quedó con 39 artículos y un sinfín de correcciones: hubo 20 textos posteriores al dictamen, que dejaron la letra chica muy diferente a la original. “Tenemos que dialogar. Nunca tuvimos una escribanía. Nosotros vamos a hablar uno por uno”, se jactó la senadora.
El proyecto que ahora tratará Diputados facilita los desalojos en caso de alquileres impagos. Este capítulo se aprobó con 36 votos y la abstención de Terenzi. Si no había ausencias, tal vez terminaba en empate. Por si acaso, Javier Milei dejó el país y Victoria Villareuel no estaba para definir una eventualidad paridad.
Si prospera este proyecto en Diputados, los inquilinos intimado tendrán diez días de plazo para regularizar la situación. El texto original disponía de sólo tres días. Durante la conferencia de prensa, Bullrich dijo que hay desalojos que demoran seis meses.
En los casos en que se encuentren familias, personas con discapacidad o ancianos, los organismos locales deberán ubicar locaciones en diez días. Un agregado fue la nacionalización de la ley que funcionó hace tres décadas y permite regularizar tierras utilizadas hace una década. Se trata de la ley que implementó el exdiputado Alberto Pierri.
“En 2020 y 2021, en la provincia de Buenos Aires hubo 17 mil usurpaciones. Hay gente que puso plata para comprar y pierde todo porque le usurpan. Durante mucho tiempo si te ocupaban una propiedad, el dueño esperaba", sostuvo Bullrich.
En cuanto a las expropiaciones, el proyecto garantiza el pago a valor de mercado de los bienes eventualmente tomados por el Estado. También se pagará una indemnización por lucro cesante, que no podrá exceder al equivalente al 30% del valor del año emergente. "Si el Estado te expropiaba, esperabas hasta 18 años. La propiedad privada está en la Constitución y no la respetan", señaló la jefa de LLA en la cámara alta. El texto se completa con mejoras en el Registro de Propiedad e Inmueble.
El debate fue caótico porque empezó con cuestiones de privilegio. Una fue de Joaquín Benegas Lynch, quien se defendió de una acusación de la kirchnerista Juliana Di Tullio, por tener una empresa dedicada a conseguir tierras a extranjeros.
“No hay conflicto de intereses. Soy productor agropecuario hace 20 años. Es como si un médico no pudiera votar leyes de salud”, se defendió. El entrerriano hizo una de más: le dijo “tibios del medio” a los aliados y el santacruceño José Carambia le exigió disculpas. Antes, junto a su coterránea Natalia Gadano se fue del grupo de aliados que había armado Bullrich. Algún aliado se habría apartado de la votación en general por estás expresiones.
El oficialismo pasó el primer test cuando el peronismo perdió una votación para pasar el proyecto a comisiones. Ganó 38 a 31. Una curiosidad fue que la neuquina Julieta Corrozo, leal a su gobernador, votó por seguir la sesión y luego rechazó el texto en general.
El primer orador fue el libertario Agustín Coto, para quien la iniciativa aprobada es parte del Pacto de Mayo firmado con los gobernadores. “La base es el artículo 17 de la Constitución, que establece el concepto de inviolabilidad de la propiedad y le da la nomenclatura con la que tratamos esta ley”, dijo el fueguino. Le contestó varias horas después Gerardo Zamora, de Unión por la Patria. “Yo firmé el Pacto de Mayo y no decía esto. No mientan”, se molestó.
El debate tuvo pocos discursos oficialistas y muchos de aliados molestos, un síntoma preocupante para la Casa Rosada. El momento más tenso fue cuando se supo de los incidentes que se producían en las calles, que cubrieron desde Congreso hasta la avenida 9 de julio.
“Recibimos proyectos de leyes ómnibus que incluyen una cantidad de temas bajo un solo título. Desde el punto de vista legislativo, es mala praxis”, sostuvo la chubutense Terenzi, quien contó que fue artífice de bajar el capítulo de tierras. “Para nosotros es soberanía”, afirmó.
Wado De Pedro, de UP, atacó a los gobernadores. “Estamos dejando de ser una Nación para volver a ser una confederación: quieren darles las competencias a las provincias para saquearlas de una. No lo vamos a permitir”. Alejandra Vigo (Provincias Unidas) se mostró como opositora. “Esta ley no tiene sentido, necesidad y es inconexa. La propiedad privada está protegida por la Constitución”, se quejó.
Más desafiante fue el jefe de UP, José Mayans: "Acá lo que falta es que el pueblo argentino nos dé la autorización a nosotros en el próximo gobierno y ¡estos terminan todos presos!", lanzó y desafió: "Inténtelo de nuevo y yo creo que se cae el Gobierno". Finalmente, confirmó el voto en contra a "una ley profundamente inconstitucional y vergonzosamente tratada". Bullrich le gritó varias veces que era "un golpista".
