El presidente Javier Milei desoyó el reclamo del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y se negó a incorporar la coparticipación del impuesto PAIS al proyecto denominado ley ómnibus, que fue aprobado en general el viernes y este martes comenzará a debatirse en forma particular. Como consecuencia, el mandatario mediterráneo no aportará sus cuatro bancas para avalar las facultades delegadas y para que sean aprobadas el oficialismo necesita del apoyo de los partidos provinciales y de la mayoría del bloque UCR, donde hay un grupo que las rechaza y otro que quiere restringirlas. Además, el Gobierno podría retomar el debate de la fórmula jubilatoria.
La sesión se reanudará a las 14 y los primeros artículos del dictamen de mayoría refieren a las declaraciones de emergencia y las delegaciones legislativas que pide el Gobierno. El texto original las proponía para 11 materias y la última negociación las redujo a seis. Quedaron: la económica, administrativa, financiera, energética, tarifaria y de seguridad. Se trata de uno de los aspectos centrales del proyecto para Milei, luego de que eliminara el capítulo fiscal ante la queja de las provincias. Los otros son las privatizaciones y la facultad para tomar deuda en dólares sin límites.
Como explicó Letra P, la Casa Rosada no dio señales de estar dispuesta a incorporar al proyecto un pacto fiscal con las provincias, como le exigieron los mandatarios, e insistió en posponer el debate para marzo. El viernes, Llaryora fue quien exigió, de mínima, repartir en las provincias el 21% del impuesto PAIS, que grava las compras en el exterior. El Presidente subió la alícuota de 7,5 a 17,5% y lo convirtió en uno de los que más recauda, pero se niega a compartirlo.
Durante el fin de semana, no hubo avances en este tema en la conversaciones que mantuvieron los emisarios de Milei con referentes de los bloques dialoguistas, que son la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Este lunes, cada bancada se reunió para hacer cuentas, a la espera de una nueva comunicación de la Casa Rosada que nunca llegó. Volverán a juntarse en la mañana del martes, antes de pisar el recinto.
Los números
El viernes el proyecto se aprobó con 144 votos a favor y 109 en contra, 20 menos que la mitad más uno del recinto. Para las facultades delegadas, el Gobierno ya tiene diez votos menos: seis de la Coalición Cívica y cuatro de Córdoba que responden a Llaryora. El gobernador tiene motivos para oponerse: si Milei cuenta con herramientas discrecionales en materia económica y financiera, podrá ignorar los reclamos para hacer un pacto fiscal o financiar los déficit de las cajas previsionales armonizadas, como la de su provincia. Una propuesta que hubo el viernes es usar el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Está en estudio.
Este lunes, los negociadores que envió Milei plantearon eliminar del proyecto la prórroga del impuesto PAIS y estudiar su continuidad en un pacto fiscal que se trate en marzo, con la ley ómnibus sancionada. Llaryora por ahora no acepta: quiere un compromiso explícito que lo deje tranquilo.
Con este conflicto abierto, para tener facultades delegadas Milei necesita garantizarse al resto de los bloques dialoguistas que votaron a favor el viernes, como el santacruceño José Garrido, que responde al gobernador Claudio Vidal; y a los nueve miembros de Innovación Federal, que representan a los gobiernos locales de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén.
Cada uno tiene sus demandas. El mandatario austral exige excluir a Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) de la lista de empresas a privatizar y proteger la tarifa diferencial de gas a zonas frías. Fondo de tabaco y cambios a los capítulos mineros y petroleros son otras exigencias que llegan desde los partidos provinciales, que son esenciales en el Senado para que el Gobierno consiga cuórum.
Milei necesita además acotar la rebelión de la UCR, que el viernes aportó dos votos a los 109 del rechazo (Facundo Manes y Pablo Juliano). Hay un grupo que votó a favor y se resiste a darle facultades al Presidente. Hasta ahora, el único que anticipó que no las votará es el formoseño Fernando Carbajal, uno de los siete que no quiso firmar el dictamen en comisión.
"Tengo una mirada crítica de las emergencias", ratificó. Para voltearlas, confía en sumar al rechazo los jujeños Natalia Sarapura y Jorge Rizzotti (cercanos a Morales) y al entrerriano Pedro Galimberti, quienes junto a él y a Juliano se negaron a firmar el dictamen en comisión.
Para que las emergencias se caigan deberían votarlas en contra otros sectores díscolos del bloque radical que conduce Rodrigo De Loredo, como Julio Cobos (Mendoza), Roxana Reyes (Santa Cruz, cercana a Morales), la pampeana Marcela Coli y el grupo de Evolución, la línea liderada por el presidente del partido, Martín Lousteau. En la Cámara baja tiene como referentes a la bonaerense Danya Tavela, la entrerriana Marcela Antola, la santafesina Melina Giorgi y el neuquino Pablo Cervi.
Según supo Letra P, este grupo estudia restringir las facultades delegadas para no tener que dejarlas afuera del texto final. Apuntan a recortar el artículo quinto del dictamen, que habilita a Milei a intervenir todos los organismos públicos. Excluirán a universidades, empresas públicas, Inta, Conicet y muchos más. También se impediría eliminar los fondos fiduciarios, que en HCF quieren sostener. Milei deberá conformarse con lo que le quede.
Privatizaciones y deuda
El domingo, el Gobierno envió un borrador a los dialoguistas con su tercera propuesta para privatizar empresas públicas. Se mantienen las 36 de la última versión, con otras tres habilitadas a venta parcial (Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat). Además de sumar mayores poderes a la bicameral de Modernización del Estado y Seguimiento de las privatizaciones, en la oposición dialoguista le piden a Milei un control en tiempo real de los pliegos. El texto que mandó no es tan explícito. En la UCR no convence y el artículo está en riesgo.
En HCF hay otra rebelión: la Coalición Cívica anticipó el viernes, en la sesión, que pedirán debatir una nueva fórmula de indexación jubilatoria. "Pediremos que se reconsidere la fórmula de actualización mensual con la inflación", ratificó este lunes el diputado Maximiliano Ferraro.
Fuentes de HCF aseguraron que entre los enojados del Gobierno no descartan volver a discutir una nueva fórmula jubilatoria. La última propuesta fue aprobar una indexación por inflación desde marzo. En la oposición querían que fuera antes. Temen que Milei les baje el pulgar.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, admitió que insistirán con su fórmula. "Hasta último minuto vamos a estar pendientes de si puede haber un acercamiento”, dijo en declaraciones televisivas.
El radicalismo tampoco llegó a un consenso con el Gobierno para permitirle tomar deuda en dólares sin pasar por el Congreso. No aceptan borrar la obligación de poner un tope a esas operaciones (que hay en la ley de sostenibilidad sancionada en 2021), entre otras cosas porque no existe proyecto de presupuesto. Menos acuerdo hay sobre el permiso que pide Milei para refinanciar los pasivos sin los límites que exige la ley de administración financiera. Reclaman al menos un paso por el Parlamento en caso de default.
Tampoco está cerrado el capítulo de biocombustibles (otro tema en el que pesa fuerte Córdoba y Santa Fe) y ya están descartadas las modificaciones a las política culturales y ambientales (reforma de la ley de glaciares). Al cierre de esta nota, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribía a las apuradas una nueva versión de su reforma para que no se cayera. La UCR no quiere votarla.
