Con la expectativa de aprobar cuanto antes el proyecto de Ley ómnibus, el gobierno volvió este fin de semana a dar su paso de baile habitual: mientras el presidente Javier Milei acusó una vez más a los miembros del Congreso de recibir coimas, sus funcionarios prometieron a la oposición dialoguista que habrá más cambios al texto; los principales son la eliminación de los artículos para liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses y la reducción de las emergencias, que le permiten al Poder Ejecutivo gobernar sin llamar al parlamento.
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Con estas concesiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentará definir este lunes la hoja de ruta de la sesión que, en principio, sería convocada para el miércoles. El cuórum y la aprobación en general del proyecto depende de los bloques opositores con voluntad de ayudar, que son la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (partidos provinciales). De todos modos, las internas en estas bancadas podrían dejar al gobierno con un número muy fino y lo obligarían a aceptar nuevas correcciones hasta segundos antes de abrir el recinto.
FGS, afuera
La contrapropuesta que llegó a los bloques aliados este domingo tiene la mayoría de los temas que el jueves había prometido modificar el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, sumado a otros cambios necesarios para que haya ley.
El principal es la eliminación del artículo 194 del dictamen, que facultaba al gobierno a transferir los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses al Tesoro nacional y permitía vender la participación accionaria que tiene en empresas privadas.
La única corrección que había hecho la oposición es obligar al gobierno a tener un dictamen previo de la comisión bicameral de reforma del Estado y Seguimiento de las privatizaciones para vender acciones y, además, que los recursos obtenidos por esas operaciones tengan como destino el sistema de seguridad social.
En el texto reformado que circuló este domingo en los pasillos del Congreso ese artículo ya no aparece. Fuentes al tanto de la negociación anticiparon a Letra P que la única modificación al FGS que continuará es la posibilidad de consolidar la deuda cruzada que tiene con el Tesoro, que le permitiría a Milei reducir el déficit con un ejercicio contable.
De todos modos, el tema FGS no está cerrado. Los gobernadores de provincias con sistema jubilatorio propio exigen que, como parte de esa consolidación de deuda, se garantice la financiación de los déficits previsionales. La pelea la lidera Martín Llaryora, de Córdoba, pero no tiene eco en el resto de los dialoguistas. Como detalló Letra P, el dictamen de la ley ómnibus casi se cae por esta discusión.
Menos emergencias
Como anticipó Letra P, las declaraciones de emergencias y las privatizaciones, que incluyen facultades delegadas al Gobierno (un instrumento que lo habilita a tomar decisiones sin pasar por el Congreso), son los temas de la ley ómnibus que más le interesan aprobar a Milei.
El primero está encaminado, pero día a día suma restricciones. En el proyecto original se declaran emergencias en once materias y por los cuatro años. Como parte de las negociaciones con los dialoguistas se redujeron a uno en sólo nueve áreas (se excluyeron Defensa y temas sociales). La UCR solicitó quitar dos: la previsional y la de salud. Sin los votos para sostenerlas, en el Ejecutivo avisaron este domingo que las borrarán.
Además, el partido centenario exigió eliminar cuatro herramientas que el dictamen le otorga a Milei para el uso de las facultades delegadas: tomar medidas que sean “permanentes”, modificar asignaciones específicas de impuestos, incluir universidades, empresas públicas y entidades como el INTA y el Conicet en la reorganización administrativa; y borrar “restricciones a la competencia”, entendidas como tales medidas que “distorsionen los precios de mercado” o eliminen monopolios, que para el presidente no son un problema.
Los funcionarios enviados por Milei cedieron a estos requerimientos de la UCR, que no serían los últimos. El grupo díscolo de este partido, que no aceptó firmar el dictamen en disidencia, quiere que no sea incluida la emergencia de seguridad y la tarifaria. Hay dos más que tendrían en la mira. Las otras seis que hasta ahora quedarían para votarse son las de materia económica, financiera, fiscal, energética y administrativa y tarifaria, en la que se aclararía la obligación de respetar los marcos regulatorios.
En cuanto a las privatizaciones de 39 empresas públicas, el Gobierno sostiene el artículo para habilitar la venta de sus acciones y sólo garantiza la presencia mayoritaria del Estado en el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica. La UCR propone que cada operación requiera el aval del Congreso. Si el bloque presidido por Rodrigo De Loredo se mantiene unido en esa postura, ese artículo no pasa.
Más concesiones
El Poder Ejecutivo avaló otras correcciones al dictamen sugeridas por sus potenciales aliados, como la limitación de las facultades sobre la prórroga de jurisdicción y la recisión de contratos. Tampoco quedaría en la versión definitiva el artículo que elimina los límites del financiamiento privado en las campañas electorales.
A pedido de la Coalición Cívica, que integra HCF, tiene seis votos claves para el cuórum y presentó un dictamen propio, se quitaría el artículo que deroga la incompatibilidad de que un operador de Bolsa asuma como director en la comisión nacional de valore (CNV), que es la que debe controlarlo.
Los gobernadores también hicieron correcciones. En la versión final del proyecto que llegó a los celulares de referentes del Congreso se sostienen artículos sobre impuestos internos, como la asignación específica del impuesto país; y los fondos fiduciarios energéticos, que incluyen el subsidio a las zonas frías. Claramente, para ajustar, a Milei ya no le importan las normas sino anular las transferencias a las provincias o licuarlas.
La reforma del Código Civil sería restringida al divorcio simplificado, sucesiones y contratos comerciales. En este tema la UCR tiene su interna, porque los díscolos pidan borrar casi todo este capítulo. Se definirá en el recinto.
