Se acercó a la propuesta de Martín Lousteau. Achicó el universo de empresas beneficiadas y creó un sistema de proveedores locales para pymes.
Eduardo Vischi, jefe del bloque UCR del Senado, complica la aprobación de la ley ómnibus.
El Gobierno anunció más cambios al proyecto de ley ómnibus: acotó los alcances del Régimen de Incentivo a los Grandes Inversiones (RIGI) e incorporó un sistema de proveedores locales para garantizar los votos de la UCR. Se trata de modificaciones que se asemejan a lo propuesto por Martín Lousteau en su dictamen de minoría.
Según anunció el senador libertario Bartolomé Abdala, se modificará el artículo 165 del proyecto, para acotar el RIGI a inversiones agroforestales, infraestructura, minería, energía y tecnología. Sólo estos rubros tendrán los beneficios impositivos y cambiarios con inversión desde 200 millones de dólares.
En cuanto al registro de proveedores locales, será equivalente al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores. Se aclara que eso ocurrirá cuando haya capacidad de la industria local para vender los insumos requeridos. Los porcentajes se mantendrán en todo el proceso de construcción y operación de las empresas.
El último cambio anunciado fue aumentar los plazos de excepción de los cobros de exportaciones de productos adheridos al RIGI a la obligación del ingreso y/o negociación y liquidación de cambios. Serán de entre dos y cuatro años; en vez de entre uno y tres. Los porcentajes de declaración se mantienen entre 20 y 100%.
Fuentes de la UCR confirmaron a Letra P que participaron de la negociación por estos cambios, que al haberse anunciado antes reducirán el debate del articulado, que no bajaría de tres horas.
El resto de las modificaciones fueron anunciadas al inicio del debate. Incluyen la eliminación de Radio Televisión Argentina, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino de la lista de empresas privatizables.
También se sumaron organismos que no podrán ser disueltos, como los vinculados a la cultura. La Comisión Nacional de Energía Atómica no podrá ser intervenida. Las obras públicas con 80% de ejecución deberán ser retomadas, al igual que las que tienen financiamiento de organismos internacionales. Se aumentaron los plazos para presentar proyectos en el RIGI y se eliminó el artículo que derogaba la reforma previsional.