Hubo dictamen, pero no adhirieron la UCR, el PRO y algunos partidos provinciales. LLA intentará impedir una mayoría especial. Sesión el 8 de octubre.
Nicolás Mayoraz y Álvaro Martínez (LLA), durante el plenario de comisiones por DNU.
Javier Milei sigue corriendo de atrás en el Congreso, pero tiene esperanza de llegar a su objetivo en lo que los propios libertarios definen como la gran batalla legislativa que queda este año. La oposición dictaminó en Diputados el proyecto para restringir el uso de los DNU, aunque LLA mantienen la esperanza de evitar la ley.
El proyecto se aprobó en el Senado y este martes, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, en Diputados fue dictaminado con la firma de los principales bloques de la oposición: Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre (UCR crítica). En el recinto, la suma de estas fuerzas aporta una mayoría simple (la mitad más uno), pero queda lejos de los dos tercios para blindar un eventual veto.
Esa será la principal apuesta de Milei para poder seguir gobernando a sola firma: vetar una eventual ley y pedir auxilio para sostener la decisión. Tuvo señales positivas, porque no firmaron ningún dictamen el PRO, la UCR y los partidos provinciales (Misiones, Río Negro y Salta). La Coalición Cívica tampoco adhirió y presentó su propio despacho.
Sin estos bloques, la oposición no tiene chances de alcanzar la mayoría especial necesaria para sostener una ley, si, como se espera, Milei se dispone a vetar. Esta relación de fuerzas ya se dio cuando se emplazaron las comisiones para tratar este proyecto hubo 88 votos en contra, más que el tercio del recinto. En el Senado, la oposición sí lo aprobó con dos tercios.
El proyecto reforma la ley 26.122, de autoría de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006, con la intención de reducir al mínimo el uso de los tres decretos presidenciales: los de necesidad y urgencia (DNU), los delegados (facultades que el Congreso le concede al Gobierno) y los vetos parciales a leyes.
La modificación fue impulsada en el Senado por iniciativa de la cordobesa Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas), quienes lograron arrastrar a Unión por la Patria, que nunca tuvo iniciativa de avanzar en este tema, pero tampoco se escondió.
La modificación que ahora se tratará en el recinto de la cámara baja, en una sesión prevista para el miércoles 8, obligaría a cualquier presidente a tener diálogo permanente con el Congreso para gobernar. Con la legislación actual no es tan necesario: un decreto rige desde su publicación y sólo queda eliminado si las dos cámaras lo rechazan. Mientras eso no ocurra rige la sanción ficta, como se llama a la aplicación del decreto presidencial por omisión legislativa.
El proyecto aprobado en el Senado cambia esas reglas del juego y le ponte un plazo de 90 días a los decretos: si en ese tiempo no tiene aval de las dos cámaras, queda eliminado. Pero, además, si durante ese período una sola cámara rechaza los decretos, también dejarían de regir, uno de los motivos que más resiste un sector de la oposición.
La Coalición Cívica se opone a que haya plazos de caducidad para los decretos. Su dictamen propone que, si una cámara lo rechaza, un decreto deje de regir. Plantea además que puedan considerarse en el Congreso por partes y no en su totalidad. "La ley 26.122 fue una anomalía constitucional", sostuvo Juan López.
El proyecto que llegará al recinto tiene otros cambios al sistema actual, como que sólo pueden tratar una materia. No podría repetirse el megadecreto 70/23, que Milei firmó a poco de asumir y que aún se mantiene vigente. También se habilita su tratamiento legislativo en el receso de verano, para evitar que se apliquen sólo porque están los recintos cerrados, una excusa tradicional para los DNU.
El oficialismo no acepta ningún cambio y prefiere seguir con la ley de CFK. “Este engendro de la caducidad automática no responde a la Constitución ni al espíritu de los convencionales. Están borrando con el codo lo que se escribió en 1994. El proyecto es inconstitucional y desestabilizador”, sostuvo Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza.
El debate tuvo sus perlitas. No hubo oradores de Unión por la Patria ni del PRO, donde Silvia Lospennato peleó sin éxito para tener un dictamen de minoría. La defensa al dictamen la aportó Esteban Paulón, de Encuentro Federal. “Nos toca discutir, pensar y elaborar un mecanismo lo más restrictivo posible y no permisivo. Lamentablemente se hizo una costumbre, una doctrina y en algunos gobiernos un verdadero despropósito”, sostuvo el diputado.