El proyecto de Juntos por el Cambio para reformar la ley de alquileres aprobado hace diez días en la Cámara de Diputados no tiene consenso para ser sancionado en el Senado, donde el Frente de Todos negocia con los bloques chicos una nueva versión y está cerca de alcanzar una mayoría. Según confiaron a Letra P fuentes que participan de las gestiones, hay acuerdo para sostener algún índice de actualización -resta definir cuál-, no permitir aumentos antes del primer semestre y mantener, al menos en algunos casos, la posibilidad de firmar contratos a tres años. El debate se retomará el miércoles y jueves de esta semana, en un plenario de la comisiones de Legislación General y de Presupuesto. Podría haber dictamen.
Las conversaciones se dan entre referentes del Frente de Todos y del bloque Unidad Federal, que integran cuatro exoficialistas y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador cordobés Juan Schiaretti. En el primer grupo, la puntana María Eugenia Catalfamo ya juega con el oficialismo, pero los otros tres negocian de igual a igual con sus excompañeros.
Son el entrerriano Edgardo Kueider, el jujeño Guillermo Snopek y el correntino Carlos Espínola, que además gestionan en tándem con el rionegrino Alberto Weretilneck. El Frente de Todos tiene 31 integrantes (más el retorno de Catalfamo) en el Senado y dos aliadas leales, que son Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega. El cuórum es de 37, por lo que, de avanzar este consenso, sobraría un voto para devolver el proyecto a Diputados. Además, como anticipó Letra P, el acuerdo podría incluir votar pliegos judiciales.
Las negociaciones en el Senado empezaron la semana pasada, luego del inicio de tratamiento en comisiones de la reforma aprobada en Diputados, que modifica tres aspectos centrales de la regulación sancionada en 2020: la duración de los contratos (baja de tres a dos), el plazo mínimo para aumentar los valores (se reduce de un año a cuatro meses) y el índice de actualización, que en la ley actual surge de una fórmula que combina el aumento de precios (IPC) con el de salarios, que mide el Ministerio de Trabajo (Ripte). El proyecto que ahora se discute en la Cámara alta permite la negociación libre entre las partes, con la opción de usar algún indicador de referencia.
El Frente de Todos, sus aliadas habituales y los federales coinciden en que debe mantenerse alguna referencia para que las inmobiliarias no aprovechen la escasez de oferta y aumenten los precios sin límites, pero no hay acuerdo en cuál es el mejor indicador. En el oficialismo -que también tiene su debate interno-, hay propuestas para sostener la fórmula actual, al menos como techo; o para incorporar el Índice "Hogar", que toma en cuenta la variación salarial que mide el INDEC -CVS- y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), pero con un límite. Los federales prefieren que los contratos sólo se actualicen por el RIPTE, que mide la evolución de los salarios formales.
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La duración de los contratos también es motivo de discusión. En el oficialismo hay planteos para que continúen siendo de tres años -Juliana Di Tullio lo pidió durante el debate en comisiones- o para que al menos los comerciales se mantengan en esa duración, que ya existía en la legislación anterior a 2020. Los federales prefieren tres años. Otra opción es que ese plazo se active sólo si hay acuerdo entre las partes. En cuanto a la actualización, hay consenso entre oficialistas y federales para habilitar aumentos a los seis o nueve meses del contrato.
Escenario en Diputados
De avanzar el acuerdo entre el oficialismo y los bloques chicos del Senado, en Diputados hay dos caminos posibles: insistir con la reforma original, reuniendo dos tercios, o sancionar la que llegue de la Cámara alta con mayoría simple. La primera opción no es posible si el Frente de Todos mantiene su resistencia, mientras que el segundo sí lo es, en caso de que los bloques chicos consideren que es un mal menor.
Ocurre que si el debate se prolonga se hará sentir la presión de las cámaras inmobiliarias, que ya emitieron comunicados para pedir que se defina rápida una nueva legislación porque, mientras tanto, el mercado quedará paralizado, Los propietarios prefieren retacear la oferta hasta tener un panorama más claro.
El oficialismo tiene 118 integrantes en Diputados, está a 11 de una mayoría propia. Suele contar con el respaldo de las duplas de rionegrinos y misioneros, pero en este tema se desmarcaron y votaron la reforma a la ley de alquileres impulsada por JxC, aunque los representantes de las mismas fuerzas participan de las negociaciones para modificarla en el Senado. Ése es el juego de los partidos provinciales.
Para destrabar el debate en la Cámara baja será clave el interbloque federal, que votó dividido. Sólo acompañaron la reforma de JxC los dos cordobeses identificados con Schiaretti (Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca), Graciela Camaño y Florencio Randazzo. La rechazaron Natalia De la Sota y Alejandro Topo Rodríguez. Mónica Fein y Enrique Estévez, del socialismo, se abstuvieron, pero habían colaborado a iniciar la sesión con cuórum.
