Cristina Fernández de Kirchner habilitó el tratamiento en comisiones del proyecto de modificación de la ley de alquileres aprobado en la Cpamara de Diputados y, además, sumó al temario las iniciativas de dos habituales aliadas del oficialismo: la riojana Clara Vega y Magdalena Solari Quintana, de Misiones.
Después de recibir el reclamo de JxC, la vicepresidenta convocó para el martes a las 17 a la constitución de la Comisión de Legislación General con una orden del día definida: elección de autoridades y proyectos sobre los contratos de locación. Sin ese trámite, que sólo puede hacerse desde la presidencia de la Cámara, debatir este tema era imposible. También participará del plenario la comisión de Presupuesto, que preside el oficialista Ricardo Guerra.
Como explicó Letra P, JxC está a un voto de alcanzar la mayoría para aprobar la reforma y apuesta a convencer a Solari Quintana, sobre todo porque en Diputados la ley fue aprobada con el respaldo de su coterráneo Carlos Fernández. Comparten como padrino político a Carlos Rovira, presidente de la Legislatura de Misiones y líder del partido que gobierna la provincia hace dos décadas.
Sin consenso para derogar la ley, como exigía el libertario Javier Milei, el proyecto modifica tres aspectos centrales: repone los contratos a dos años, permite actualizarlos a partir de los cuatro meses, libera los precios a un acuerdo entre las partes y deja como opción aplicar el índice actual, que combina la evolución de precios y de salarios.
La sesión había sido convocada el 5 de julio por todos los bloques opositores de la Cámara baja, pero luego JxC tuvo que redefinir la estrategia para no beneficiar a Milei, quien, para dar cuórum, los obligó a votar la derogación de la ley, aun sin chances de reunir una mayoría, porque considera que es la única posibilidad de reactivar el mercado. El oficialismo pareció disfrutar de esa tensión y no se esforzó en maniobrar para bloquear el debate: no habilitó el cuórum, pero se resignó a perder aliados en la votación.
Ni bien se aprobó la reforma en Diputados, el presidente del interbloque JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, pidió a la vicepresidenta habilitar su tratamiento, pero nunca imaginó que lo lograría tan rápido. La vuelta a la actividad en un Senado paralizado tiene un condimento extra: Cristina insiste en tratar los pliegos de 75 candidatos a magistrados, entre ellos el de camarista Ana María Figueroa, que JxC pide retirar.
No será fácil retomar esa discusión, porque el último intento por llevarla al recinto fue frustrado por el rionegrino Alberto Weretilneck, quien también es gobernador electo y dejó su condición de aliado del oficialismo después del cierre de listas, porque compite con su partido local en la elección para Diputados de la Nación. Hasta octubre, al menos, no tiene previsto tener gestos con el Gobierno, pero se sumará al debate de la ley de alquileres, porque sus diputados (Luis Di Giácomo y Agustín Domingo) aprobaron la reforma.
En JxC sospechan de un intento de negociar de la vice porque, en ambas cámaras del Congreso, es de uso y costumbre que las autoridades de las comisiones congelen los proyectos que no le agradan a sus bloques y, en ese caso, desafíen a sus rivales a reunir una mayoría en el recinto para fijar una agenda.
De hecho, fue así como la ley de alquileres, sancionada en 2020, volvió a debatirse el año pasado: JxC amenazó con una sesión especial y obligó al Frente de Todos a iniciar en comisiones el tratamiento de los proyectos de modificación, que recién se trataron esta semana, presionados por la agenda electoral.
Los proyectos de Vega y Solari Quintana tienen similitudes y diferencias con la reforma aprobada en Diputados. Ambos bajan contratos a dos años (son de tres) y las actualizaciones a un semestre (hoy son de un año), dos menos que el texto acordada por JxC.
Si bien las dos iniciativas habilitan a que las partes pacten libremente un valor, toman como tope el índice de la ley actual, que combina la suba de precios al consumidor (IPC) y la de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
Por el contrario, el proyecto aprobado en Diputados permite negociar precios entre las partes y, sólo como opción, utilizar los índices como límite, lo que habilita a que un propietario pueda exigir aumentos por encima de la inflación.
La reforma de la ley de alquileres fue celebrada por el sector inmobiliario, que, a través de las cámaras que los agrupan, reclamó la rápida sanción de la ley, porque, entiende, mientras no haya una legislación definida, no será fácil sumar oferta.
"La inmediata adopción de estos cambios contribuirá a tender a normalizar y equilibrar la oferta de unidades de vivienda en locación y subsecuentemente la estabilización de los valores correspondientes", señaló el comunicado.
Fue firmado por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Fundación de Estudios para el Desarrollo Inmobiliario (FEDI) y la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
La nueva norma que impulsa JxC fue rechazada por Inquilinos Agrupados, la asociación que promovió la regulación actual. "No sólo se pierde estabilidad habitacional, sino que van a multiplicarse los precios", señaló. Durante el debate del miércoles, la diputada radical Karina Banfi la llamó "sindicalistas de los inquilinos".
La dirigencia en ojotas calienta motores. El parador rebautizado en honor a Milei, Massa y Momo. Ritondo, Recalde, Wado, Pullaro y más abonados al reunionismo.