La reforma de la ley de alquileres propuesta por Juntos por el Cambio y aprobada en la Cámara de Diputados no tuvo consenso para ser dictaminada este martes en el Senado, porque el Frente de Todos pidió modificaciones y abrió una negociación.
Así lo planteó la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, antes de finalizar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Anticipó que el oficialismo pedirá un nuevo índice de actualización obligatorio -el proyecto aprobado los coloca optativos-, sostener los contratos a tres años, al menos para los comercios; eliminar pagos anticipados y elevar el plazo mínimo de actualización, que es de cuatro meses.
"No estamos de acuerdo. Esta ley vino sin un consenso de Diputados. Acusarnos de darles la espalda a ocho millones de inquilinos es una canallada", se defendió la mendocina de los ataques de JxC, que insistió en aprobar el proyecto sin modificaciones y convertirlo en ley cuanto antes. "La ley dejó a gente con trabajo en situación de calle. Si encima ponemos en un limbo la revisión, es mucho peor", se alarmó Martín Lousteau (UCR).
La idea del oficialismo es avanzar con modificaciones que obligarían a un nuevo tratamiento en la Cámara baja. De lograr consenso, la iniciativa sería debatida en el recinto junto a otros dos proyectos dedicados a resolver problemas habitacionales: el rescate a los deudores UVA, que se aprobó en Diputados y este miércoles tendría dictamen, y una regulación de alquileres temporarios que fue presentada por la senadora kirchnerista Ana María Ianni y se dictaminará el jueves en la Comisión de Turismo.
El grupo más entusiasta del FdT imagina una negociación para tratar los tres proyectos en 15 días en el recinto. Los diálogos, por ahora, no son con JxC, sino con el bloque Unidad Federal o, al menos, con tres de sus miembros que hasta febrero fueron oficialistas: el entrerriano Edgardo Kueider, el jujeño Guillermo Snopek y el correntino Carlos Espínola, quien trabajó en la campaña presidencial del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y no tuvo diálogo con sus excompañeros desde que se fue.
Este martes, los tres llegaron juntos al plenario y la oposición tuvo que volver a hacer cuentas. Si Espínola mantenía su alianza con el cordobés en el Senado para este tema, JxC podía estar a un voto de llegar a los 37 de la mayoría y podía alcanzarlo con Magdalena Solari Quintana, cercana al líder misionero Carlos Rovira, quien en Diputados aportó el respaldo de uno de sus dos aliados. No parece ser el escenario.
Como anticipó Letra P, la convocatoria a la reunión fue el viernes por la noche y JxC, que había pedido por nota el llamado, denunció un plan canje para tratar, en una misma sesión, la ley de alquileres y los pliegos de 75 jueces pendientes, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, que instruye la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investiga a Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de activos. A los gritos, el radical riojano Julio Martínez exigió que no haya "un plan de impunidad" y se deje de lado la discusión de los magistrados, que se frustró dos veces en el recinto porque el Frente de Todos no consiguió aliados para el cuórum.
Sin embargo, el mayor reclamo de JxC fue que la reforma aprobada en Diputados no se demore, porque las asociaciones de inquilinos y las inmobiliarias les informaron que, mientras no haya una legislación definida, alquilar será imposible. "No lo quieren tratar ahora, cuando son especialistas en despachar proyectos en diez minutos. No vengan con que quieren debatir. Quiere dilatar. No quieren tratar la ley", se molestó Guadalupe Tagliaferri, del PRO.
Indignada, le respondió la chaqueña Inés Pilatti Vergara. "Están mirando mal el enemigo", dijo y se quejó: "Si dictaminábamos hoy, nos acusaban de hacer un plan canje por jueces. Si pedimos discutir, nos reprochan que no hay ley de alquileres. ¿Qué les pasa? Se están equivocando de enemigo. Les estamos dando de comer a esas personas que quieren incursionar en la política haciéndole creer a la gente que la culpa de todo la tiene la casta y la casta somos nosotros".
La kirchnerista Juliana Di Tullio fue más dura con Tagliaferri. "Son parte de un proyecto político que vendió toda la ciudad por negocios inmobiliarios", la atacó. La senadora blanqueó que tampoco hay consenso interno en el oficialismo, entre otras cosas porque ella no está de acuerdo con volver a los contratos a dos años, como plantean varios proyectos de sus aliadas Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (La Rioja).
Estas dos últimas proponen, además, sostener la fórmula de la ley vigente para definir aumentos -combina evolución de precios y de salarios (Ripte)-, pero aplicarla como un tope. En el oficialismo hay consenso en usar una referencia para actualizar los valores, pero no en cual. Una propuesta en debate es el índice Hogar, similar al de salarios, que utilizó este gobierno para ajustar créditos hipotecarios que podían entrar en mora. El bloque Unidad Federal, que tiene la llave del cuórum, evalúa pedir que los contratos sean a tres años y las subas sean por Ripte.
El plazo de actualización también está en discusión en el oficialismo: Maurice Closs anunció que presentó un proyecto para que pueda haber aumentos por trimestre. No tiene consenso interno. El debate está abierto.