La intransigencia del Presidente le impide dominar el parlamento. No fluye una mayoría oficialista con aliados para garantizar leyes. Las internas de siempre.
Javier Milei y Karina Milei en el Congreso.
Javier Milei ganó las elecciones legislativas en las provincias más grandes, engrosó los bloques de La Libertad Avanza (LLA) en ambas cámaras, pero, al menos por ahora, no le alcanzó para garantizar en el Congreso una mayoría automática que le aporte certezas. Las negociaciones son lentas y las sesiones serán una tómbola. Hasta el último día de Gobierno.
Milei tiene una luna de miel con la opinión pública y no hay una oposición sólida que lo enfrente. Aun con estos logros, al momento de buscar acuerdos legislativos con sus potenciales aliados, el Gobierno se pierde en su propio laberinto. Las extraordinarias empiezan este lunes y su futuro es incierto. La reforma laboral –que parecía ser la primera consensuada en 50 años- tiene capítulos cuestionados por los aliados y podría ser desguazada en el recinto del Senado.
La modificación a la ley de glaciares ni siquiera se volvió a discutir y las ONGs se tienen fe de declararla inconstitucional. La nueva ley penal juvenil, que se anunció hace menos de una semana, no cuenta ni con un proyecto redactado ni con una cámara de origen definida.
La oposición entiende poco y nada lo que pasa. Los bloques de Unión por la Patria (UP) no pueden sostener una reunión por sus internas y lejos están de coordinar acciones con otras fuerzas contra el Gobierno. Claro que, si Milei choca contra la pared en las sesiones, celebrarán su caída. La intransigencia presidencial les da esperanzas.
Tal vez la explicación de tanta mala praxis legislativa la dio el propio Milei en su discurso en el foro de Davos, cuando explicó que no prestará atención a los debates legislativos. Sin vueltas, el Presidente sostuvo que el derecho positivo no es legítimo sino está en “consonancia con la ley natural”.
Con esa narrativa, para el mandatario no tiene sentido negociar con aliados la letra chica de sus proyectos de ley, como manda el manual básico del Congreso. Prefiere jugar a todo o nada en los recintos, donde ya es uno de los presidentes con mayores derrotas en las votaciones.
Recién cuando los coletazos legislativos se reflejan en los indicadores financieros -como durante la campaña electoral- Milei acusa recibo de los traspiés legislativos. Mientras tanto, hasta es capaz de ignorar leyes sancionadas como la emergencia en discapacidad, que el miércoles está obligado a cumplir por un fallo de la Justicia Federal.
No hay indicios de que el Presidente tenga intenciones de salir del desacato judicial que significa no aumentar las prestaciones por discapacidad, aun cuando esa decisión podría derivar en un embargo del salario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Así es Milei: sostener su narrativa es más importante que el equilibrio fiscal. No importa quien pague los costos.
En 2026 empieza a quedar claro quiénes mandan en la Casa Rosada. El ministro de Salud, Mario Lugones, a quien no se le conoce la voz, es la figura más intocable del Gabinete, por lejos. El funcionario pisó los fondos de discapacidad, una decisión que engrosó los balances de las obras sociales y prepagas, un sector que integra con empresas propias.
Milei concede a todos los pedidos de Lugones, para sorpresa del resto del gabinete, que empieza a ver que hay empresarios buenos y malos. Mientras el Presidente acusa a Paolo Rocca de querer cazar en el zoológico con licitaciones a medida -con el silencio de la oposición-, los empresarios de salud, como el propio ministro, se frotan las manos con las decisiones oficiales que les permiten recaudar más y gastar menos.
El líder libertario pareciera crear su propio establishment y sumar a quienes confiaron en él cuando era foco de las burlas en los principales cócteles. Es agradecido. Y vengativo.
La mesa política, que tiene un rol central en las definiciones del Congreso, avanza lento, no resuelve sus internas y, sin respuestas cotidianas de Milei, muestra muchas dificultades para lograr un diálogo fluido con los aliados, que es una tarea indispensable para tener leyes.
Hay heridas que no cierran el el Gabinete y hacen imposible un protocolo de trabajo. Esta semana, Santiago Caputo usó su poder mediático para pasar factura por el tratamiento del Presupuesto 2026: el asesor culpa al ministro del Interior, Diego Santilli, por la caída de un capítulo que incluía la derogación de la emergencia en discapacidad, que Milei había incorporado a último momento por pedido de Lugones.
A su vez, el ministro y el titular de la cámara baja, Martín Menem, responsabilizan al asesor de haber permitido sumar un texto tan sensible al filo de la sesión, sin chequear los consensos. Aunque tampoco tienen claro si Caputo hubiera podido evitarlo. Sospechan que son acuerdos bilaterales entre Milei y Lugones.
De a ratos, Milei la ve de afuera. Le asigna un valor relativo a las leyes –como dijo en Davos- y por lo tanto poco se interesa en las negociaciones, sobre todo cuando le toca ceder. Sus confidentes deberían contarle al Presidente un dato central: ni aun logrando la reelección en 2027, LLA podrá tener un Congreso tan favorable como el actual. Si no consigue leyes el próximo semestre, el resto de su estadía en la Casa Rosada será con un marco legislativo impuesto por la oposición de turno.
Con este desinterés legislativo, el Presidente hace trucos que se descubren rápido, como fue el de sumar en la reforma laboral artículos que bajan impuestos a las Ganancias a sociedades comerciales.
Los gobernadores aliados no lo aceptan, porque les resta recursos por coparticipación. Milei sostiene que ese dinero puede recuperarse si nacen más empresas. Los mandatarios no confían en que eso pasará pronto y piden alguna compensación. El Presidente mide el costo fiscal de la reforma laboral en sus efectos y no en sus balances inmediatos: no siempre usa esos parámetros para evaluar el impacto de una norma.
Entonces, la discusión está en ese punto muerto desde hace un mes porque Milei no acepta negociar. Es insólito pensar que el Presidente pueda perderse tener una reforma laboral propia por discusiones fiscales. Hace 40 años que los gremios la impiden.
La oposición dialoguista tiene alternativas para hacerse valer, como dejar la sesión sin cuórum hasta que no escuchen sus reclamos. No está en los planes de nadie esa maniobra, pero ante tanta provocación todo puede pasar. Estas son las situaciones que se dan en el Congreso, que de a ratos desesperan a quienes quieren ser aliados de la Casa Rosada.
Patricia Bullrich trabaja con paciencia y es negociadora, aunque no lo parezca. Después de la reunión con jefes de bloques dialoguistas, la titular de LLA en el Senado prometió cerrar una propuesta favorable para que voten la reforma laboral tal como está y las provincias recuperen lo perdido. La prenda de negociación sería renegociar deudas.
“Esto no lo vamos a resolver nosotros”, trató de tranquilizar a sus colegas Bullrich y hasta organizó una prolija rueda de prensa con el radical Eduardo Vischi. Dio la impresión de tener un acuerdo cerrado para mostrarlo a último momento, cuando Milei esté entre la espada y la pared. Parece que la senadora sabe que sólo así el Presidente la escucha.
La gira de Santilli a las provincias no cambia nada. El ministro mantuvo encuentros con gobernadores aliados, pero no puede hacer mucho si su par de Economía, Toto Caputo, no da respuestas. El rey de las finanzas siempre se excusa en que si no recibe órdenes de Milei, no pierde un centavo de superávit fiscal.
La última alternativa que les llegó a los gobernadores es invertir los roles: esperar a la sesión y según como voten sus legisladores, recibir compensaciones. Ningún mandatario puede confiar tanto.
La pelea por los fondos de las provincias le dio tiempo a la CGT para organizar una ofensiva ante un Congreso adverso, que mayoritariamente hace caso omiso a sus reclamos. El alcance de la protesta sindical no es fácil de dimensionar, por lo flaco de su representación. Lo que es seguro es que, cuanto más tiempo haya para organizarla, más puede crecer la convocatoria.
Por eso, Bullrich no quiere perder el tiempo y abrirá el recinto el 11, como sea. El martes se reunirá otra vez con los jefes de la oposición dialoguista, que ya le dejaron otros reclamos. A varios aliados no les convence el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para pagar indemnizaciones, alimentado por plata de la ANSES. De mínima, piden que no sea para grandes empresas, que suelen despedir sin mayores problemas. Tal vez esa sea una salida también para resolver el capítulo fiscal.
El final abierto que tiene la reforma laboral fue lo que motivó a Bullrich, Santilli y Menem a sumar un tema a extraordinarias en el que puedan garantizar un éxito. Eligieron el demorado proyecto para bajar la edad de imputabilidad, enviado por Bullrich en julio de 2024, dictaminado el año pasado y que nunca llegó al recinto.
Tan improvisada fue la decisión que la anunciaron sin siquiera ponerse de acuerdo en qué texto trabajar y, lo más importante, cuál debe ser el nuevo límite de edad punible. La ministra, en su proyecto, propone bajarla de 16 a 13. Pero el dictamen del año pasado la dejó en 14 y Menem no cree tener los votos para modificarlo.
Aun así, en la guerra de relatos, la senadora prometió que 13 iba a ser el número y recibió una sorpresa: la ampliación del temario de extraordinarias dejó abierta la chance de iniciar el debate en el Senado.
El desorden libertario es total. Ni siquiera están conformadas en ambas cámaras las comisiones que deberían tratar una nueva ley penal juvenil. Menem dio un indicio de que podría ser el encargado de empezar la discusión: el viernes le pidió a la oposición nombres para la comisión de Justicia, que presidirá Sebastián Pareja, el delfín de Karina Milei.
Los cupos de las comisiones en Diputados no se conocieron antes del fin de semana porque UP no tuvo tiempo de acordar sus vocales. El jefe del bloque Germán Martínez pidió más tiempo. Las internas en el peronismo no tienen pausa y su modorra legislativa tiene explicación en los antecedentes recientes: en 2025 ganaron todas las batallas en los recintos, pero no las tradujeron en triunfos electorales.
El titular de la bancada peronista trató de apaciguar las peleas y llamó a una reunión el martes para debatir sobre los proyectos de cardiopatías congénitas y el acuerdo Europa-Mercosur, que deberá llegar al recinto, como parte del temario de extraordinarias. A UP no le fue posible unificar criterios, ni siquiera en esas cuestiones. Por si fuera poco, hay un grupo rebelde en la cámara baja que tiene su propia agenda, molesto por no ser tenido en cuenta en el cuadro de autoridades. Son peronistas sin tierra y enfrentados al kirchnerismo en sus provincias, como Guillermo Michel y Kelly Olmos. Presentaron proyectos sobre endeudamiento a las familias y legislación laboral.
La cosa no está mejor en el PJ en el Senado, después de que varios integrantes del interbloque apoyaran al Gobierno en el Presupuesto. Una es la jujeña Carolina Moisés, quien, con el partido intervenido en el PJ, ya tiene un pie afuera de UP. Su terminal será el gobernador salteño, Gustavo Sáenz. El catamarqueño Guillermo Andrada también seguirá instrucciones de dialogismo.
El titular del bloque peronista, José Mayans, no alentará discusiones que fracturen más al bloque y en este clima tampoco se propondrá juntar votos para alterar al Gobierno, al menos durante unos meses. El formoseño ni siquiera levantó el teléfono en diciembre para asegurarse la invalidez del diploma de la senadora electa Lorena Villaverde, quien continuó como diputada libertaria a pesar de las denuncias de vínculos con el narcotráfico sobre sus espaldas.
El peronismo, como novedad, tiene ahora a un senador ultra activo como Jorge Capitanich, quien tuvo un verano con proyectos de ley, análisis presupuestarios y hasta una agenda diplomática propia. En la sesión del 26 de diciembre sus colegas quedaron sorprendidos de cómo el exgobernador de Chaco era capaz de hablar con datos sin leer un papel. Habilidades de otra época. Los tiempos cambiaron. Y mucho.