La bicameral que fiscaliza a los espías se reunió para evaluar la tarea del jefe del organismo. Le enviaron preguntas y lo llamarán a declarar.
Sergio Neiffert, jefe de la SIDE.
La derrota bonaerense de La Libertad Avanza tuvo sus coletazos en el Congreso: después de casi un año de deliberaciones, la oposición decidió no aprobar a libro cerrado el plan de inteligencia presentado por el jefe de la SIDE Sergio Neiffert, quien en las próximas semanas debería rendir cuentas. Sin un programa habilitado, su continuidad pende de un hilo.
Por unanimidad, aunque con muchas ausencias, este martes la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que preside el senador radical Martín Lousteau, decidió enviarle consultas a Neiffert sobre el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Luego de una lectura de sus respuestas, será citado personalmente a declarar.
El funcionario, que fue nombrado hace un año y responde a Santiago Caputo, envió el plan en diciembre, pero recién a mediados de este año su contenido se filtró en una nota del diario La Nación, donde destacaba que, por acción u omisión, la letra del PIN permite perseguir a opositores y periodistas.
Para ese entonces, varios referentes de la oposición habían planteado dudas sobre el programa, aunque prefirieron no acorralar a Neiffert. La pasividad desnuda algunos acuerdos subterráneos entre el kirchnerismo y los libertarios, que tal vez se empiecen a resquebrajar en los próximos meses.
Cerca de Cristina Fernández de Kirchner admiten que la SIDE de Javier Milei no coordinó persecuciones ilegales, como la de Mauricio Macri, y en tal caso el Presidente es víctima de una guerra entre las bandas que controlan la casa. El fracaso electoral del último domingo obligó a cambiar la postura de la oposición y este martes, la bicameral decidió ir a fondo contra Neiffert, quien, si no sabe explicar bien su idea ante la comisión, no tendrá más opciones que dar un paso al costado.
El plan de inteligencia, al que accedió Letra P, tiene fragmentos imprecisos, que habilitan una caza de brujas de los espías que no pasa el filtro de la oposición. Por caso, se menciona la posibilidad de “coordinar la relación del organismo” con “la comunidad ampliada”, un concepto que no está claro de qué se trata.
La falta de términos claros hizo más ruido en la oposición porque el PIN no incluyó una doctrina, que no es otra cosa que las reglas del juego de la SIDE con normas de funcionamiento a cumplir.
Más sospechas genera en la oposición que el PIN habilita a realizar operativos con fuerzas de seguridad provinciales y locales. “Se está afirmando que en el territorio argentino hay fuerzas que realizan inteligencia. Es un precedente grave”, fue uno de los planteos de la oposición en la reunión de ayer, sobre todo luego de las denuncias del Gobierno sobre una conspiración de espías, que participa de la grabación de funcionarios.
Otra parte del PIN deja abierta la posibilidad a una vieja práctica de la SIDE, como es intervenir teléfonos a gusto. Es lo que, se presume, podría hacer la flamante sección de “Análisis de imágenes y geolocalización". Esta tarea desde 2016 está a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Si bien la oposición no puede echar al jefe de la SIDE sin un plan aprobado, no es fácil que Neiffert pueda seguir en funciones. Además, el jefe del organismo debe hacerse cargo de la denuncia sobre inteligencia ilegal del propio Gobierno, que incluye a exagentes como Franco Bindi.
El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) presentó una nota para pedir una investigación y también fue remitida al jefe de la SIDE, quien deberá responder en la brevedad. Como explicó Letra P, Neiffert debe responder sobre la presencia en la Casa Rosada de tres exagentes de la SIDE, como denunció la diputada libertaria Marcela Pagano.
Según Pagano, el líder de esa fracción es José Luis Vila, secretario de Asuntos Estratégicos, histórico agente vinculado a la UCR. En el Congreso lo recuerdan por alimentar la causa por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, que se llevó a cabo en la comisión. Su nexo era el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.