Con 24 bancas propias, no necesitará a la oposición para cubrir las cuatro vacantes. El procurador Conte Grand, en la cuerda floja. Internas y equilibrios.
Axel Kicillofy Verónica Magario
El resultado electoral le abrió a Axel Kicillof un escenario impensado tiempo atrás: a partir de diciembre, el oficialismo tendrá 24 bancas del Senado. Ese número representa la mayoría absoluta que exige la Constitución provincial para el nombramiento de jueces en la Suprema Corte de Justicia.
Es decir, el mandatario tendrá la posibilidad de completar el máximo órgano de poder judicial de la provincia de Buenos Aires sin necesidad de negociar con la oposición. La Suprema Corte funciona hoy con tres integrantes. Además, se le allana el camino para la designación del subprocurador general, vacante desde hace años, y para remover al procurador Julio Conte Grand, apuntado desde el peronismo como el mayor “resabio” de la gestión de María Eugenia Vidal en ese ámbito.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Suprema Corte debe tener siete integrantes. Sin embargo, el bloqueo político en el Senado dejó al máximo tribunal funcionando con menos de la mitad de sus ministros. Hoy son apenas tres los supremos en actividad y, para dictar sentencias, en reiteradas oportunidades deben recurrir a jueces de cámaras inferiores en calidad de subrogantes.
El déficit no es nuevo. Viene de arrastre y se profundizó en la gestión de Vidal, cuando las tensiones entre el oficialismo de entonces y la oposición peronista impidieron alcanzar consensos. Kicillof heredó esa situación y, durante su primer mandato, tampoco consiguió destrabarla. El argumento era siempre el mismo: sin mayoría absoluta en el Senado, cada vacante se convertía en una pulseada con final incierto.
El artículo 175 de la Constitución bonaerense es taxativo: se requiere el acuerdo del Senado, en sesión pública y con mayoría absoluta para nombrar a los integrantes de la Corte, al procurador y al subprocurador general. Sin 24 votos propios, el oficialismo debía negociar. Ahora, con el “número mágico” asegurado, esa necesidad se esfuma.
Si hay un nombre que obsesiona al peronismo bonaerense en materia judicial es el de Julio Conte Grand. Exfuncionario de la gestión de Vidal, fue señalado como pieza clave en el engranaje judicial-político que, según la visión oficialista, buscó disciplinar a intendentes, sindicalistas y referentes opositores durante el macrismo.
Su permanencia en la Procuración General fue denunciada una y otra vez por referentes kirchneristas como un “símbolo de la continuidad de la mesa judicial”. En Diputados y en el Senado se presentaron proyectos para promover su juicio político, pero todos encallaron por falta de votos.
Con la nueva mayoría, el escenario cambia drásticamente. El peronismo ya no necesita del aval de otras fuerzas para avanzar en el proceso que podría terminar con la salida de Conte Grand. Kicillof y su entorno saben que la decisión tendría un alto costo político porque reordenaría las tensiones con la oposición, pero también que representa una bandera histórica para el núcleo duro de su espacio.
Más silenciosa pero no menos importante es la vacante del subprocurador general. Se trata de un puesto estratégico dentro del Ministerio Público, encargado de coordinar y asistir la labor del procurador.
Durante estos años, la falta de un subprocurador debilitó la estructura de la Procuración y dejó espacios de poder a merced de las tensiones internas del Poder Judicial. Con la nueva mayoría, Kicillof podrá enviar su propuesta y obtener el acuerdo sin sobresaltos.
Si bien la aritmética parlamentaria despeja el camino institucional, la política interna del peronismo bonaerense no es un escollo menor. El gobernador necesitará que su bloque actúe coordinado y que las tensiones entre camporistas, massistas e intendentes no bloqueen el proceso.
Cada nombramiento en la Corte será leído como un gesto político, tanto hacia adentro del oficialismo como hacia afuera. Kicillof tendrá que dosificar equilibrios, garantizar que los nombres elegidos respondan a los criterios de idoneidad exigidos por la Constitución, pero también que expresen a los distintos sectores que integran su armado.
El desafío es doble: consolidar la autoridad del gobernador en la mesa política del peronismo y evitar que la oposición logre instalar la idea de un “copamiento” de la Justicia.
La integración de la Suprema Corte es una deuda de la política bonaerense que atravesó varias gestiones. La diferencia, ahora, es que Kicillof tiene la llave para saldarla. No se trata de una deuda contraída por él, pero sí de un problema estructural que golpea la institucionalidad de la Provincia.
Desde el 10 de diciembre, el gobernador tendrá la oportunidad de reconfigurar el mapa judicial bonaerense como ningún antecesor lo hizo en las últimas décadas.
La pregunta que sobrevuela en los pasillos de la Legislatura y de la Casa de Gobierno es si Kicillof se animará a usar ese poder sin concesiones o si, aun con la mayoría en la mano, buscará tejer algún nivel de consenso para evitar la confrontación total con la oposición y el Poder Judicial.
Lo cierto es que el “número mágico” está sobre la mesa. Y con él, la posibilidad de un rediseño profundo del sistema judicial de la provincia más grande del país.