El Gobierno intentó cambios y Bullrich no los aceptó. Se firmó el dictamen y se tratará el 19 de noviembre en el recinto. Córdoba, la única disidencia.
Alicia Kirchner (Justicialista) y Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) en el Senado.
El Gobierno volvió a mostrar sus internas. Con las firmas de La Libertad Avanza (LLA) y del peronismo, el Senado dictaminó el proyecto sobre discapacidad aprobado en Diputados hace 15 días. Patricia Bullrich negoció el acuerdo e ignoró un pedido de la Casa Rosada para hacer correcciones. El 19 de noviembre habrá una sesión en la que se convertirá en ley.
La iniciativa garantiza las prestaciones indexadas por inflación, fija las condiciones para el pago de pensiones y garantiza la cancelación de una deuda por las compensaciones, que fue estipulada en la ley de emergencia y nunca se pagó.
Según supo Letra P, desde el Poder Ejecutivo le enviaron a Bullrich un borrador con correcciones y ni siquiera lo consideró. "Va a salir como viene. Es un debate terminado", se molestó la jefa del oficialismo en la cámara alta. El dictamen fue firmado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y la de Población y Desarrollo Humano presididas por Agustín Monteverde (LLA) y Alicia Kirchner (Justicialismo).
Los discursos de estos bloques fueron favorables al proyecto y la única disidencia fue la de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Los diputados de Córdoba votaron en contra en Diputados por una queja de organizaciones de la provincia, molestas porque no participaron de la negociación.
La iniciativa surgió de una negociación entre todos los bloques de Diputados que tuvo tres momentos claves. Unión por la Patria (UP) abrió el debate para pedir la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre. Los partidos provinciales que colaboraron con la convocatoria luego se aliaron al Gobierno y escribieron un texto diferente, que terminó de corregirse poco antes de la votación.
LLA y el peronismo ratificaron el acuerdo de Diputados. "El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente", sostuvo Bullrich, quien le pidió al Gobierno mejorar la gestión para reducir el gasto. "Tenemos que garantizar la continuidad de las prestaciones, pensiones y saber si se controlan. Sabemos que hay muchas pensiones por encima de la media", sostuvo la senadora.
También cuestionó implícitamente a Mario Lugones, ministro de Salud que tiene la tarea de administrar el Fondo Solidario de Distribución, con el que se pagan las coberturas. "Son importantes las auditorías para que las prestaciones sean las necesarias y no terminen pagando justos por pecadores", exigió. Lugones recibió una fuerte presión de las principales obras sociales y las prepagas, que exigen flexibilizar la atención a personas con discapacidad.
Sus reclamos no fueron tenidos en cuenta por Martín Menem, que negoció una nueva propuesta y la defendió el mesa política, con el amparo de Karina Milei. El riojano no quería repetir la experiencia de diciembre, cuando perdió un capítulo del Presupuesto 2026 por ajustar en el sector.
En el bloque libertario del Senado no hubo cuestionamientos, pese a las quejas que llegaron desde la Casa Rosada. "Nos vamos a hacer cargo de esta media sanción, que asegura la movilidad y preserva los valores básicos de la salud", sostuvo Ezequiel Atauche, cercano a Santiago Caputo.
Los libertarios Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero y Joaquín Benegas Lynch defendieron el acuerdo pero insistieron en gastar poco. "Este tipo de leyes nos unen, porque hay un conjunto de argentinos que por su discapacidad sufre y tiene desventaja. Pero no hay que abusar del sistema", dijo Benegas Lynch.
El proyecto tiene un costo fiscal mínimo, porque no es más que la continuidad de la emergencia. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el gasto no subirá más del 0,04% del PBI. Ese número no tiene en cuenta las deudas que el Gobierno tiene por incumplimientos de este año. Tampoco los gastos de obras sociales y prepagas, que se resisten a seguir aportando a fondos solidarios. "Le vamos a dar la llave a Lugones", amenazó hace unas semanas el gastronómico Luis Barrionuevo.
La iniciativa que será ley el 19 garantiza las prestaciones universales, indexadas por inflación. Además, se exige las partidas incluidas en el presupuesto, para los programas financiados por la Nación, que son Incluir Salud y Pami. Son los que reciben quienes no tienen coberturas privadas y acceden a una pensión, que seguirá con los mismos montos: el 70% de la jubilación mínima. Sólo estarán excluidos quienes cobren dos salarios mínimos. "Es muy importante que como parte de la recuperación, puedan trabajar", destacó Bullrich.
La negociación más difícil fue por el pago de las compensaciones pendientes. Se trata de un aporte que definió la ley de emergencia por los retrasos de 2024 y nunca se canceló. El texto aprobado señala que esas deudas deberán ser reconocidas dentro de los 30 días y los giros de dinero deben efectuarse en un plazo máximo de 90, una vez que los prestadores hayan completado la documentación y los procedimientos requeridos.
El peronismo mostró colaboración para tener la ley en la sesión del 19. "Antes de terminar el periodo legislativo le tenemos que dar sanción al proyecto, porque vencen la emergencia. Toda ley es perfectible, pero estamos obligados a garantizar las prestaciones", sostuvo Alicia Kirchner.
Juliana Di Tullio tuvo un discurso parecido y le agregó una chicana al oficialismo. "Hay que dictaminar ahora porque el Gobierno no tiene un compromiso fuerte con la discapacidad", sostuvo la bonaerense. Bullrich se fue antes de seguir escuchando críticas para la Casa Rosada, firmó el dictamen y se tomó una foto para desafiar una vez más a Milei, que nunca se refirió a este debate, aun cuando en Diputados tuvo el aval de su hermana.
La única disidencia fue de Alejandra Vigo, para seguir la línea crítica de Córdoba. La esposa del diputado Carlos Schiaretti fundamentó su postura en dos temas: dijo que el debate de Diputados no incluyó a organizaciones, que la compensación no contempla intereses por la inflación de los últimos dos años y que el nomenclador que fija el valor de las prestaciones perdió el 43% de poder adquisitivo desde 2017.
También exigió que la ley dure tres años, pero no tuvo eco de ningún otro senador. Ni siquiera la acompañó en esa postura su compañero de bancada, Carlos Espínola. El acuerdo está cerrado y la discapacidad tendrá una nueva ley.
