La norma sigue sin implementarse. El jefe de Gabinete corre el riesgo de ser desplazado. ANDIS canceló una reunión para definir aumentos.
Guillermo Francos, acorralado por la oposición.
Guillermo Francos quedó entre la espada y la pared por su decisión de no aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que suspendió en el mismo decreto de reglamentación: la oposición de Diputados dictaminó proyectos para interpelar a jefe de Gabinete, con la posibilidad de echarlo si no convencen sus respuestas.
La ley de emergencia en Discapacidad fue sancionada en julio pasado, el presidente Javier Milei la vetó, pero el Congreso insistió con mayorías especiales. La última sesión fue el 4 de septiembre en el Senado. El Gobierno está decidido a no aplicar la ley. Se excusa en que la fuente de financiamiento establecida (todas las del presupuesto; a excepción de servicios sociales) no le alcanza ni siquiera para reasignar algunas de las partidas.
La Cámara de Diputados expuso una mayoría dispuesta a obligar a Francos a rendir cuentas, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, que había sido emplazado durante la última sesión.
Los despachos fueron firmados por bloques que dominan el recinto de la cámara baja desde abril: Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda y Democracia Para Siempre (UCR crítica). Hubo dos dictámenes que proponen la interpelación. Se diferencian en los tiempos para aplicar una moción de censura, el mecanismo que permite desplazar al jefe de Gabinete.
Los despachos piden que Francos vaya al recinto a dar explicaciones, con distintos desenlaces si nocumple las expectativas. En el de mayoría, que tuvo 29 firmas, se unieron los proyectos de UP y EF. Se sumó como aliada Marcela Pagano (Coherencia y Desarrollo). Proponen que, después de la exposición de Francos en el recinto, se pueda votar la moción de censura si no explica por qué no cumple la ley. Si el Senado repitiera la práctica, sería la primera vez que el Congreso desplace al jefe de Gabinete.
El otro dictamen fue impulsado por DPS, lo acompaña Juan Brügge (EF) y establece que Francos debe asumir "las consecuencias previstas en la constitución nacional", en caso de no dar garantías de cumplir la ley. Esto implica una moción de censura.
Otra opción es que a en la sesión se reúnan elementos para la causa penal que investiga a Francos por incumplimiento de deberes de funcionario público, a partir de una denuncia de Esteban Paulon (EF). "Lo que hay es una selectividad. Hay leyes que cumplen y otras que no. Prorrogó dos veces el presupuesto, que no está permitido en la ley de administración financiera", sostuvo Pablo Juliano, de DPS. Este despacho podría prosperar, en caso de que el principal no tuviera la mayoría del recinto.
El radicalismo, habitual aliado del Gobierno, pero que votó la emergencia en discapacidad en el recinto, no firmó ningún despacho, pero anticipó que no defenderá a Francos. "Que no se le ocurra hacer lo mismo con la ley de emergencia en pediatría y la de presupuesto universitario", advirtió el jefe de bloque, Rodrigo De Loredo.
La Libertad Avanza firmó un dictamen de rechazo y tuvo de aliados a un sector del PRO, como Silvana Giúdici. Sumó 19 firmas. Los partidos provinciales no expusieron y podrían ser decisivos. También la Coalición Cívica, que no se sumó al debate.
La oposición insistió en que Francos tendrá consecuencias si no libera partidas a discapacidad. Oscar Carreño (EF), autor del proyecto para aplicar la moción de censura, dijo: "Queremos que se cumpla la ley; como también qué vamos a hacer cuando una ley no se cumpla", sostuvo.
La excusa es que no tiene fondos, pero el diputado recordó que en el artículo 51 del proyecto de reforma de régimen penal juvenil, presentado por Milei, se le propone al jefe de Gabinete reasignar partidas. Daniel Arroyo, de UP, autor de la ley de emergencia en discapacidad, describió un panorama desolador. "Los hogares están en situación catastrófica, están haciendo una feria americana crítica. La AFIP tuvo que prolongar las obligaciones porque no podían pagarlas", detalló.
La oficialista Nadia Márquez pareció no escuchar a Carreño. "Este decreto no suspende la ley. La promulga. Es la ley de administración financiera la que la suspende porque se incumple, al no haber fuentes de financiamiento. Estamos discutiendo el Presupuesto y podríamos subsanar esto", propuso la neuquina.
La ley de emergencia en discapacidad se divide en dos tramos. En uno se mejora la situación de los prestadores, con un pago retroactivo a diciembre de 2023, la indexación de los nomencladores y el perdón fiscal de las deudas. El otro capítulo reordena el sistema de pensiones y crea una específica, que sólo puede darse de baja si el beneficiario accede a un trabajo con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos.
Desde que dispuso la promulgación y la suspensión de la ley, el Gobierno no destinó ni un peso para el sector. Ni siquiera cumplió con un decreto firmado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para aumentar las prestaciones, con una partida de 120 mil millones de pesos.
El Gobierno sólo absorbe una cuarta parte de los gastos, destinado a quienes no tienen cobertura social. El resto debería pagarse con un fondo que recolecta aportes de obras sociales y prepagas, que controla el ministro de Salud, Mario Lugones. El funcionario nunca informó al Congreso cuánto ahorró por no aumentar los valores de las coberturas.
El interventor de ANDIS, Alejandro Viches, mantuvo una reunión del directorio la semana pasada para definir aumentos, citó a otra para este martes, pero finalmente la suspendió. La decisión mantiene en vilo a instituciones que anunciaron cierres para 2026 si no se define un incremento.
Este martes, además, se dictaminó un proyecto de Juan Marino (UP), que propone cambiar la composición de Andis, con la participación de la sociedad civil. El Poder Ejecutivo quedaría en minoría.